Por David Colmenares Páramo
Hace unos días se conmemoró el Día Internacional de la Educación. Fue proclamado por la Organización de las Naciones Unidas el 3 de diciembre de 2018 para reafirmar el compromiso internacional con la educación, como un elemento fundamental para construir sociedades sostenibles, resilientes, incluyentes, sin desigualdad, ni violencia. Se pretende no sólo destacar la importancia del acceso a la educación, además estimular las acciones, individuales y colectivas, para promover ello y construir un futuro mejor para todos liberando el potencial de cada persona para contribuir al bienestar colectivo, que conduzca a derrumbar la estructura nacional de la desigualdad y reducir las prácticas corruptas, en países como el nuestro, que generan una serie de nuevos ricos en países como el nuestro, que después de un tiempo ostentan su riqueza.
Con modelos de desarrollo ortodoxos, los más afectados son los ocupados en el sector informal, que no cuentan con un salario y generalmente ni prestaciones sociales como la salud. Para eso sirven los programas sociales, pero son insuficientes sin un desarrollo armónico y la generación de actividad económica remunerada. Con la pandemia que vivimos, se ponen en riesgo a nivel mundial, los avances que en materia de educación se alcanzaron durante las dos primeras décadas del siglo XXI.
En 2020, 123 países decidieron cerrar las escuelas para contener los contagios; esto afectó a unos 1,050 millones de estudiantes, especialmente a 258 millones de niñas, niños y adolescentes, de acuerdo con datos de la UNESCO. Hoy estamos en una tendencia diferente, el retorno a lo presencial.
El cierre de las escuelas llevó a los distintos gobiernos a adoptar soluciones para continuar con los programas nacionales de educación, ya fuera por medio de recursos en línea o celebrando acuerdos con medios de comunicación masiva para garantizar el acceso a la educación y material educativo con la mayor cobertura posible. Hoy ya se están generalizando, con los debidos cuidaos las clases presenciales.
En este escenario, distintas instancias internacionales, como la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) recomendaron a los países establecer mecanismos para fiscalizar y rendir cuentas sobre las acciones emprendidas durante la pandemia para garantizar el acceso a la educación y el presupuesto destinado a ello.
El retorno a clases presenciales en este momento es la mejor alternativa y es hoy tendencia mundial y necesaria.
En el ámbito educativo, la fiscalización superior juega un rol relevante porque permite detectar áreas de oportunidad para el uso y manejo de los recursos públicos, el diseño de programas y políticas educativas, medir el cumplimiento de las metas planteadas, así como de los distintos compromisos internacionales, como los establecidos en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, y en última instancia, mejorar la calidad e incrementar la cobertura de los sistemas educativos.
Todo ello permite a las EFS generar valor y marcar la diferencia en la vida de la ciudadanía, ya que con su labor contribuyen a priorizar la educación como un bien público y el uso eficiente de los recursos que se destinan a ella, vigilando que se cumplan los objetivos para mitigar el impacto del cierre de las escuelas, que ya están prácticamente en clases presenciales, tomando en consideración el esfuerzo para cuidar a los alumnos de la pandemia que aún persiste.
El gasto en educación, es una inversión. Los niños requieren de cuidado, pero también de la presencia e interacción con sus compañeros y los maestros.