La pandemia ha exacerbado el enojo de la gente hacia los funcionarios de todos los niveles de Gobierno que están a cargo de las dependencias de las que más espera ayuda. En el ámbito federal hay varios de ellos, pero ninguno más criticado que el titular de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett Díaz. Desde que tomó las riendas de la paraestatal ha sido blanco de investigaciones que buscan encontrarle la más mínima evidencia de corrupción, incluso si esta parece involucrar a otros integrantes de su familia. Sin embargo, otros reclamos están basados en su actuación como director de la paraestatal, principalmente por el hecho de que ha rechazado toda propuesta de condonar o reducir el costo de la energía eléctrica durante el tiempo que dure la crisis, así como su renuencia a aceptar las prerrogativas gubernamentales de que han gozado las principales empresas privadas de energías renovables, en cuyas directivas figuran desde expresidentes de la República hasta exfuncionarios que han dirigido las políticas del sector incurriendo en un franco conflicto de intereses. De poco ha servido que explique que la Federación no está en contra de estas nuevas tecnologías, sino de la corrupción que ha beneficiado a las empresas que siguen exigiendo privilegios como el de usar las redes de distribución de la CFE de manera gratuita, y de que la mayoría de estos proyectos implementados en el país están provocando un daño patrimonial a la CFE. La gente simplemente parece olvidar que, al igual que Pemex, la Comisión fue saqueada durante décadas por las administraciones del PRI y del PAN, y desmantelada en favor de inversiones vinculadas a los equipos presidenciales de entonces, y por ello tardará varios años en operar de manera óptima pero no dejará de hacerlo, es la promesa presidencial, privilegiando tarifas bajas, de beneficio popular, y con una mejora progresiva en la dotación del servicio.
Javier Ramírez
Los últimos meses han sido complicados para Manuel Bartlett. Su pasado dentro del Partido Revolucionario Institucional como senador, gobernador y secretario de Estado, entre otros cargos, lo volvió el blanco perfecto de los detractores de la llamada ‘cuarta transformación’ que impulsa su jefe, Andrés Manuel López Obrador, quien desde mucho antes de que asumiera la Presidencia le ofreció su voto de confianza, gracias a su vasta experiencia como uno de los políticos mexicanos que más han trabajado por el rescate del sector energético de la nación.
Así, ha tenido que hacer frente a acusaciones no sólo hacia su persona –como el del imperio inmobiliario que presuntamente posee en la Ciudad de México- sino también contra su hijo, quien fue exhibido por vender respiradores al IMSS en el Estado de Hidalgo a precios excesivos.
De ambos casos ha salido bien librado, pero ahora las críticas en su contra son enfocadas en su negativa de condonar u ofrecer descuentos en los recibos del servicio eléctrico, así como apoyar el uso del gas natural en lugar de las energías renovables en la virtud de que estas dependen sobre todo de empresas que han lucrado con el patrimonio de la paraestatal –sobre todo del uso gratuito de sus redes de distribución- y se han beneficiado de la corrupción del poder político.
CFE, una empresa como cualquier otra
La pandemia está dejando en México a miles de personas desempleadas, quienes, ahora más que nunca, piden el apoyo de los Gobiernos para poder sobrevivir. Y unas de las peticiones más recurrentes es que la Comisión Federal de Electricidad otorgue descuentos o facilidad de pago a las familias que ya no cuentan con ingresos para pagar los recibos de luz que cada vez están llegando más altos.
Se trata sin duda de una petición justa de la que han hecho eco autoridades de todo tipo, desde diputados hasta gobernadores, aunque algunas protestas proceden de usuarios que consumen lo mismo de siempre o más, y aprovechan la crítica coyuntura para alzar la voz y pagar menos.
En el Senado, la panista Verónica Delgadillo propuso hace unas semanas un punto de acuerdo para exhortar a la Comisión Federal de Electricidad y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a suspender no solo los aumentos en las tarifas de energía eléctrica, sino también a condonar el pago del segundo y tercer bimestre del presente año, así como a cancelar los cortes de servicio por falta de pago durante la emergencia sanitaria.
Quienes impulsan estas peticiones usan el antecedente de que el año pasado la CFE condonó 11 mil millones de pesos que debían aproximadamente 500 mil usuarios en Tabasco. Sin embargo, la paraestatal está rechazando cualquier posibilidad de reducir sus tarifas durante esta contingencia
De acuerdo con Bartlett, “hay quienes piensan que la CFE puede dejar de cobrar, pero no se dan cuenta que es una empresa como cualquier otra que tiene 90 mil trabajadores, que tiene que pagar los salarios a todos…
Se tiene que comprar combustible permanentemente para electricidad y no puede haber condonaciones; al contrario, tiene que haber un gran esfuerzo de la población para que la CFE pueda garantizar la electricidad de los hospitales, en las casas y en donde sea”.
Asegura que es una “cuestión vital” que la gente pague por el consumo de electricidad, pues se trata de una responsabilidad que permite que la CFE siga funcionando”. Sin embargo, no descarta que algunos casos en que la población no pueda pagar sean “atendidos con cuidado” por la institución.
Atraco a la nación
En cuanto al uso de las energías renovables, comenta que la empresa no está en contra de estas, ni de la competencia que generan en el mercado. Sin embargo, dice, es necesario que las compañías paguen lo justo por el respaldo a su intermitencia y las líneas de transmisión que utilizan, pues genera pérdidas económicas a la CFE de hasta tres mil millones de pesos al año.
“Nosotros aceptamos que haya competencia, no queremos que se vayan los extranjeros, no pretendemos restablecer el monopolio de energía y petróleo, no queremos regresar al monopolio, no nos interesa. Lo que queremos es que la CFE no desaparezca. Estamos de acuerdo en que participen, en que haya energía limpia y que inviertan en energía limpia, pero que paguen lo que tienen que pagar”.
Explica que al depender de factores ambientales, las energías limpias tienen una generación intermitente de electricidad, lo que ocasiona que cuando no hay sol ni viento las máquinas de la CFE tengan que entrar para garantizar el suministro. Sin embargo, se trata de un respaldo que no paga nadie.
Destaca que en las asociaciones para la autogeneración, muchas de las grandes empresas han sacado ventaja de la normatividad vigente, pues no pagan el uso de la red o pagan sólo una parte ridícula. “Tenemos sociedades de autoconsumo, italianas y españolas, que son simuladas y que son un fraude a la ley. Ahí tienes empresas poderosas como Oxxo que tiene más de 20 mil tiendas y todas tienen electricidad, pero no pagan la red”, apunta.
Asimismo, descarta que se vaya a eliminar al sector privado de su participación en la industria eléctrica. Lo que se busca, señala, es un mercado honesto, ya que no pueden permitir que vean a la CFE como una carretera libre que no debe tener para ellos costo alguno.
“Eso es lo que heredé. Más, todavía: se debe decir que lo que ahora hay no es un mercado, es un atraco a la nación, a la empresa que yo dirijo, y no estoy de acuerdo que me roben, que le roben a los mexicanos, porque sería yo responsable por ser una empresa pública, y si yo no defiendo a la empresa pública sería sancionado por no defender lo que me han entregado”.