Desde hace casi 20 años, las comunidades menonitas de México han sido responsables por afectaciones ecológicas causadas en los Estados de Coahuila, Campeche y Quintana Roo. En este último, la expansión menonita ha acabado con miles de hectáreas de bosque tropical, sin contar los árboles protegidos que talaron para la siembra del sorgo. Numerosas investigaciones y multas se han interpuesto en su contra, pero este grupo étnico continúa impune. Tras destruir lentamente los recursos forestales del Estado, muchos han comenzado a migrar a Centroamérica para buscar nuevas tierras que deforestar.
Javier Ramírez
A principios de marzo, integrantes del Comisariado Ejidal de Juan Sarabia, en el Municipio de Othón P. Blanco, denunciaron públicamente la devastación de casi 800 hectáreas de selva, en la zona que limita con el Ejido Bacalar, donde unos días después se reportó la tala clandestina de otras 500 hectáreas.
Los afectados acusaron a miembros de la comunidad menonita –que ya se alista para salir de Quintana Roo- de estar detrás de esta deforestación, por lo que interpusieron una denuncia ante las dependencias gubernamentales correspondientes, al tiempo que solicitaron que la Guardia Nacional vigile la zona para evitar que continúe esta actividad ilegal.
Sin embargo, y como ha sido desde hace casi 20 años, las autoridades ambientales han sido incapaces de detener la destrucción de la selva quintanarroense.
Autoridades cómplices
En enero pasado, el encargado de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) en Quintana Roo, Román Castillo Carballo, aseguró que pronto intervendrían para disminuir los daños que la comunidad menonita ha ocasionado en Bacalar.
Apuntó que con el apoyo de organismos gubernamentales y de las Fuerzas Armadas, buscarían alcanzar acuerdos con los menonitas para que mejoren sus procesos y limiten lo más que puedan la deforestación, al tiempo que establecerían una vigilancia constante para intervenir lo más pronto posible ante cualquier indicio de devastación.
Un mes después, integrantes de los Ejidos Bacalar y Juan Sarabia exhibieron la destrucción de casi mil 400 hectáreas de selva. Decenas de maderas preciosas, que estaban dentro de una reserva forestal, fueron derribadas y acerradas para transportarlas a otras partes del país, al parecer bajo la complacencia de las autoridades que semanas atrás se comprometieron a vigilar las carreteras para justamente detener este tráfico de madera.
Ángelo Cortez, del Ejido Bacalar, explicó que luego de que el Ejido Juan Sarabia, del vecino Municipio de Othón P. Blanco, reportó la destrucción de una parte de su reserva forestal, el Consejo de Vigilancia realizó un recorrido en la zona colindante. De esta manera constataron que al menos 500 hectáreas habían sido objeto de la tala clandestina.
“Nos encontramos con la explotación totalmente clandestina de maderas preciosas, como caoba, cedro, tzalam, machicle, entre otras”, aseveró.
Estos árboles bajo la Norma Oficial Mexicana-059 de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), misma que cuida especies forestales y animales.
Comentó que incluso pudieron sorprender a varios sujetos acerrando la madera, los cuales lograron darse a la fuga, dejando en el lugar varias herramientas de extracción de madera, así como árboles cortados, listos para ser transportados.
Menonitas, principales responsables
Pero mientras en el Ejido Bacalar acusaron que los responsables de esta devastación fueron taladores clandestinos, sin especificar quiénes, en el Ejido Juan Sarabia, donde destruyeron al menos 800 hectáreas de selva, no tienen duda de que fueron los menonitas, pues, aseguran, son los únicos que tienen un asentamiento cerca de la zona, lo que les dio tiempo necesario para trasladar la madera sin ser detectados, además de que cuentan con el equipo y el conocimiento.
A pesar de las sospechas y las denuncias, ninguna autoridad ambiental acudió a la zona para verificar o evaluar los daños.
La acusación de los ejidatarios se basa en que, de acuerdo con estimaciones, los menonitas son los culpables del 16 por ciento de bosques tropicales perdidos en la última década en Quintana Roo.
La propia Comisión Nacional Forestal (Conafor) reconoció en años pasados que en sitios como Bacalar se han observados huellas de deforestación que están vinculadas a la presencia y modo de vida y economía de la comunidad menonita, grupo étnico que insiste en devastar la ecología e incluso de ni siquiera solicitar los permisos correspondientes para cambiar el uso de suelo.
Pero la actividad de los menonitas no se limita a Quintana Roo. En 2008, la Procuraduría General de la República (PGR) recibió alrededor de 18 denuncias penales en contra del asentamiento menonita en el Municipio de Holpechén, Campeche, por la deforestación de casi 800 hectáreas de bosque tropical y tráfico de varios árboles considerados exóticos o protegidos.
A pesar del aseguramiento de la maquinaria y una multa de poco más de 3.8 millones de pesos, dicha comunidad no tuvo ninguna consecuencia penal, ni tampoco reparó el daño, ni mucho menos pagó la multa.
Casi cinco años después, pero en Coahuila, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) denunció la destrucción de casi 2 mil 400 hectáreas de bosque, para ser sustituidas por 23 predios menonitas. Pese a todos los juicios de revisión, nulidad y amparos favorables a la dependencia federal, nunca se concretó la multa estimada en 14 millones de pesos.
Pero lo cierto es que los menonitas reciben no sólo apoyo de inspectores y autoridades, sino de los mismos propietarios de terrenos, como aseveró el comisario ejidal de Iturbide, en Holpechén, Campeche.
“(Como) poseedores de capital económico, los menonitas hacen ofertas atractivas a ejidatarios y pequeños propietarios para que éstos accedan a la venta o renta de sus tierras. También es necesario mencionar que, además del incentivo económico que hacen a los ejidatarios, también se incluye la promesa de que al cabo de algunos años, las tierras arrendadas les serán devueltas, con el beneficio añadido de que éstas ya estarán mecanizadas y dotadas de servicios, lo cual casi nunca ocurre”, explicó.
Actualmente, los menonitas poseen 16 campos de cultivo tan solo en Bacalar, las cuales cuentan con una extensión total de mil 500 hectáreas, en donde viven mil 500 personas.
Emigran a Sudamérica para continuar destrucción
Debido a que los terrenos para talar se han ido agotando, los menonitas han tomado la decisión de abandonar Quintana Roo en busca de otros sitios donde puedan continuar con su actividad destructiva.
Un primer grupo de cuatro familias abandonó recientemente el Ejido Salamanca para emigrar a Perú. Las razones, asegura el gobernador de la comunidad, Johan Elías Wall, es el crecimiento que ha tenido la población y los problemas que ahora enfrentan para poder realizar sus actividades.
Dio a conocer que hace ya varios meses compraron mil hectáreas en Sudamérica para poder llevar a cabo el cultivo de arroz, aunque debido a la pandemia no habían podido iniciar el viaje.
Lo menonitas esperan encontrar en otros países leyes ambientales menos estrictas, con las cuales poder trabajar sin temor a ser denunciados, aunque desde hace años también han sido evidenciados en Perú por la compra irregular de terrenos forestales, con el apoyo de las mismas autoridades, como ocurrió en el Departamento de Ucayali, donde autoridades regionales utilizaron sus cargos para entregar más de mil hectáreas de manera ilegal.
Y es que en 2015, funcionarios de la Dirección Regional Sectorial Agricultura de Ucayali (DRSAU) inscribieron predios individuales a nombre de trabajadores de la Municipalidad de Masisea, autoridades del distrito y sus familiares, mismos que luego fueron comprados por los menonitas.
Por este hecho varios funcionarios fueron investigados y detenidos, pero los menonitas quedaron nuevamente impunes.