En Panamá, una docena de mujeres indígenas denunciaron haber sido esterilizadas sin su autorización en un hospital público, lo que ha devenido en el inicio de investigaciones oficiales, informó una diputada implicada en las pesquisas.
«Las mujeres se acercaron a nosotras, como figuras de autoridad, y nos contaron que a ellas se las está esterilizando sin su consentimiento», manifestó a la AFP la diputada suplente Walkiria Chandler.
Según esta legisladora, la denuncia fue hecha a una delegación de diputados de la que formaba parte durante una visita a la comunidad indígena de Charco La Pava, una zona montañosa de difícil acceso ubicada en la provincia de Bocas del Toro, al noroeste del país.
La comitiva, compuesta por miembros de la Comisión de la Mujer, Niñez, Juventud y Familia de la Asamblea Nacional, había acudido para atender una denuncia sobre un posible brote de una enfermedad parasitaria en niños.
Pero una vez en esa localidad, habitada por indígenas ngäbe-buglé, varias mujeres denunciaron las esterilizaciones.
«Estas denuncias nos las están haciendo a nosotras, ellas no han ido al ministerio público ni a ninguna otra instancia», señaló Chandler.
En su cuenta de Twitter, el Defensor del Pueblo (Ombudsman) de Panamá, Eduardo Leblanc, informó que pedirá detalles sobre «las mujeres supuestamente afectadas».
Las indígenas aseguran que quienes han tenido partos en el hospital señalado por las presuntas esterilizaciones «perdieron su capacidad reproductiva». Sin embargo, las que dieron a luz en sus comunidades, bajo procedimientos ancestrales, «sí podían seguir reproduciéndose», añadió Chandler.
«Nos mencionan que alrededor de doce mujeres habrían observado que eran esterilizadas sin su consentimiento», agregó la diputada.
Chandler añadió que por este caso la comisión legislativa de la Asamblea panameña ha decidido abrir una investigación que podría terminar en la fiscalía.
Además, pidió la colaboración del Ministerio de Salud para aclarar los hechos.
«Nosotros no estamos desmeritando los testimonios de las mujeres de las poblaciones originarias, pero por un debido proceso nos parece correcto escuchar a ambas partes para saber qué está pasando», declaró Chandler.
Según imágenes de televisión, el martes Chandler interpeló sobre este caso a la viceministra de Salud, Ivette Berrio, durante una comparecencia en la Asamblea.
Sin embargo, sus preguntas fueron rechazadas por no estar relacionadas al caso que originó la comparecencia de la viceministra.
En 2021, esta misma comisión legislativa denunció el abuso y la violación en albergues de más de una decena de niños pobres, lo que produjo la apertura de varios procesos judiciales.