Comentario Editorial
Hablando de concesiones, expropiaciones, apropiaciones y abusones, está, en Cancún, el caso del Centro de Convenciones, y algunos otros grandes patrimonios estatales ‘privatizados’ -de hecho- en contra del interés público, y de los que ni el -casi- unánime y desguarnecido ‘poder mediático’ propagandizado y oficializado, ni la silente ‘opinión pública’ inhabilitada, dicen la más mínima cosa. Negocios de rentabilidades infinitas eternizadas como legados familiares sin vencimientos generacionales (bienes inmobiliarios de creciente plusvalía y con insignificantes o inexistentes contraprestaciones o remanentes fiscales y de beneficio social) se han entregado, durante décadas de saqueo e irremediable y silenciosa explotación, a socios de exgobernantes federales y locales autores de los ultrajes, mediante el súbdito facilismo de autorizaciones otorgadas, en las Legislaturas y los Cabildos correspondientes, a cambio de pírricas gratificaciones económicas y eventuales promociones políticas a los ‘representantes populares’ cómplices de los atracos. Si por unos cuantos kilómetros de vías férreas, en el Istmo de Tehuantepec, reintegradas al uso público por razones de interés nacional -y sin afectar el resto de los miles de kilómetros de ellas que siguen bajo el control de uno de los dos mayores millonarios mexicanos de entre los más ricos del mundo gracias, precisamente, a condenables concesiones como esa- se ha formado un escándalo político y mediático de dimensiones históricas, ¿que pasaría si se tomaran cartas en el asunto de algunos de los más grandes patrimonios entregados en el Caribe mexicano a particulares -también convertidos por esa gracia de la concesión- sin más beneficio que el de ellos y de sus socios que, en aquellos momentos de decisión en el supremo poder, los pusieron en sus lucrativas y depredadoras manos por periodos -algunos interminables- que hoy a nadie, al parecer, importa revisar y menos suspender?
SM