Por Francisco Hernández
CHETUMAL.- En sesión del sexto período de sesiones del primer año de ejercicio constitucional, la XVIII Legislatura de Quintana Roo autorizó a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del estado (CAPA) a contratar créditos con la banca mexicana por hasta 279 millones 503 mil 253.07 pesos, a fin de reestructurar el saldo actual de su deuda pública, misma que representa la mitad de la que contrató en el 2015, y a dejar de usar los ingresos obtenidos de la concesión de Aguakan para pagarla.
Con esta reestructuración crediticia se busca, primero, aplazar el pago de ese saldo 15 años más, mejorar las tasas de intereses y los perfiles de pagos para alinearlos con las necesidades de la CAPA, afirma el dictamen presentado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, que hace suyos los términos de la iniciativa presentada por la gobernadora del estado, Mara Lezama Espinosa.
El propósito final es liberar recursos para destinarlos a la inversión pública sin la necesidad de la contratación de una deuda mayor, ya que al día de hoy la CAPA enfrenta retos derivados del cumplimiento y salvaguarda del derecho humano al agua, lo que limita la capacidad de inversión de infraestructura y de modernización, aunado a los retos financieros que representa, agrega el dictamen avalado por la legislatura reunida en pleno.
Pero además, con esta reestructuración se cambia la fuente primaria de pago de la deuda, porque hasta la fecha ésta se pagaba con los ingresos provenientes de las contraprestaciones de la concesión otorgada a Aguakan, pero bajo el nuevo contrato crediticio será amortizada con ingresos propios de la CAPA, lo cual es efecto de los procesos legales que se llevan para concretar la cancelación de dicha concesión, que ya tuvo un importante paso con una sentencia de amparo que declara legal la abrogación de su prórroga anticipada.
Antes de la sesión, la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta avaló proponer a los diputados y las diputadas la aprobación de la reestructuración crediticia, a partir del siguiente análisis de los argumentos vertidos en la iniciativa y en un anexo único:
– Se ajusta a los términos de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y la Ley de Deuda Pública del Estado de Quintana Roo y sus Municipios, que indican que la contratación de financiamientos podrá destinarse al refinanciamiento o reestructura, así como cubrir los gastos y costos relacionados con la contratación de dichas obligaciones y financiamientos, así como las reservas que deban constituirse en relación con dichas obligaciones y financiamientos, debiendo buscar en todo momento las mejores condiciones del mercado.
– El proyecto se limita únicamente al refinanciamiento y/o reestructuración de la deuda vigente, no implica la contratación de deuda adicional, sino que se limita a liberar recursos que podrían ser canalizados a proyectos estratégicos de infraestructura, optimizando obligaciones de pago y fortaleciendo la calificación crediticia del ente.
– La CAPA cuenta con la capacidad financiera para hacer frente al servicio de la obligación contraída para la autorización del presente préstamo, ya que en términos generales se busca mejorar las condiciones globales de la tasa, plazo y perfil de amortizaciones, mejorando las condiciones financieras de la deuda existente, sin incrementar el saldo global de la deuda.
– La CAPA sale bien evaluada en materia de solvencia y sostenibilidad de deuda pública, pues presenta color verde de manera consecutiva en los reportes del sistema de alertas de la deuda pública de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por lo que se espera que la reestructura y/o refinanciamiento de la deuda tenga un efecto positivo logrando mejorar la calificación crediticia del ente.
– El plazo máximo autorizado para el pago es de hasta 180 meses, equivalentes a 15 años, contados a partir de la firma del contrato correspondiente.
– Se autorizan dos fuentes o garantías de pago, una primaria constituida por los ingresos de los servicios no concesionados de los organismos operadores de la CAPA, y una alterna constituida por hasta el 2 % de las participaciones federales correspondientes a Quintana Roo, por lo que también se autorizó al gobierno del estado a fungir como aval u obligado solidario de la deuda del organismo operador del servicio de agua potable y alcantarillado.
En este punto, el anexo único expone la información importante de la sustitución de la fuente primaria del pago de la deuda.
Con tablas se indica que hasta la fecha la deuda se ha pagado con los ingresos de los servicios concesionados a Desarrollos Hidráulicos de Cancún (DHC), propietaria de la empresa operadora Aguakan, concesión que está en proceso de cancelación.
De acuerdo con las corridas financieras, de seguir la concesión de Aguakan, en el 2025 le generaría ingresos por 82 millones 800 mil pesos a la CAPA, de los cuales utilizaría 53 millones 732 mil 554 pesos para pagar el servicio anual de su deuda, lo que representa una ajustada cobertura de apenas 1.54 veces la deuda con esos ingresos.
Señala que con la reestructuración se espera reducir el pago de su servicio en el 2025 a sólo 24 millones 983 mil 751 pesos, lo que representaría ahorrarse 57 millones 816 mil 249 pesos en amortizaciones, es decir, casi el 69 % del monto estimado en el crédito actual.
Además, indica que los ingresos propios de la CAPA se estiman en un monto de 176 millones 813 mil 959 pesos para el 2025 y que se espera sigan en incremento constante durante los 15 años del plazo, con lo que otorgarán una cobertura de pago de al menos 4.27 veces el servicio anual de la deuda y de más de 7 veces al iniciar el plazo en el 2025.
Con esto, se liberará a la CAPA de la dependencia de los recursos provenientes de la concesión de Aguakan para cumplir sus compromisos de deuda, en tanto concluye el proceso de cancelación de dicho contrato y el estado asume los servicios de operación en los municipios de Benito Juárez, Isla Mujeres, Puerto Morelos y Playa del Carmen.
– Finalmente, se consideró que la iniciativa tiene como único objetivo la salvaguarda y garantía del derecho humano al agua, permitiendo fortalecer los sistemas de agua potable y saneamiento del estado y contribuyendo a mejorar la liquidez de la CAPA, reforzando su capacidad de inversión, lo que permitirá expandir sus servicios.
En el dictamen se reiteró que la CAPA tendrá como plazo hasta el 31 de diciembre del presente año para realizar la contratación de la reestructuración de deuda, mediante proceso de licitación pública.
Destaca que no fue citado a comparecer el director de la CAPA, Hugo Garza Sáenz, para explicar los detalles del proyecto de reestructuración, sino que los diputados y las diputadas se conformaron con analizar la iniciativa sólo con la información adicional ofrecida en el documento ajuntado como anexo único.
Como se informó, dicha deuda fue contratada en 2015 con la Banca Interacciones, actualmente fusionada con el banco Banorte, por un monto original de 560 millones de pesos, de los cuales ya se pagó el 50.08 % en el lapso de casi 10 años.
La autorización fue aprobada por mayoría, con 18 votos a favor de Morena, PVEM, PT y PRI, y un voto en contra del PAN, mientras que el morenista Wilbert Alberto Batún Chulim no pudo votar por problemas técnicos, pero luego de la aprobación subió a tribuna a declarar que estaba a favor.