Signos
No hay por dónde, diría Chespirito.
Ahora los jefes de la Corte intentan el boicot de la reforma judicial desde sus tronos. Convoca la Ministra Presidenta una consulta cerrada entre los suyos para el efecto, al modo en que Andrés Manuel convocaba consultas públicas abiertas ganadas de antemano.
En su precaria minoría, buscan los reductos constitucionales que les permitan sustentar alguna tesis revocatoria del mandato constitucional que por abrumadora mayoría electoral y parlamentaria fundamenta dicha reforma.
Mayoría calificada en el Congreso federal y mayoría calificada asegurada en más de los 17 Congresos estatales a donde iría antes de su promulgación, define con toda la fuerza del mandato constitucional la validez de la reforma.
¿Qué se cree la élite judicial?, ¿que ninguna reforma constitucional que se produzca en los demás Poderes republicanos puede valer en el país si no conviene a ella, a la élite dirigente de la Corte, y a su particular clientela, y que tiene todas las facultades constitucionales y todo el poder de interpretación de la letra constitucional para vetar las atribuciones legislativas por más que estén sostenidas en el derecho de los ciudadanos contenido en el sufragio directo?
Por supuesto que se puede estar en contra de la elección directa de los Jueces y Magistrados y Ministros. Por supuesto que puede alegarse como un despropósito presidencial convertir la Justicia en una apuesta electoral y a los Jueces en ganadores de concursos de propaganda y popularidad, cuando si algo debe identificar su personalidad y sus juicios es la discreción, la reserva, la neutralidad y la negación de todo protagonismo. Y por supuesto que la reyerta de atacar, sólo porque se ha dispuesto siempre de la última instancia de las decisiones jurisdiccionales, toda iniciativa presidencial de reforma estructural de la administración pública, así como la consecuente reacción presidencial de escarmentar a sus atacantes con toda la fuerza popular de su investidura, son, del mismo modo, formas de proceder bastante poco edificantes en un Estado democrático.
Pero aunque el triunfalismo morenista y de sus aliados sea excesivo y nada aleccionador, la reforma judicial es un producto constitucional legítimo innegable. Y la iniciativa de boicotearla desde un reducto de Ministros defensores de sus ganancias particulares y de potentados y de magnates defraudadores del fisco y de rufianes del ‘narco’, es otro más de esos excesos con los que quiere acabar la excesiva reforma judicial obradorista.
SM