Signos
¿Se dan datos sobre la extorsión desde la autoridad presidencial? No. Hay modos del chantaje y la coacción que son imposibles de identificar y de cuantificar. Sólo se informa del descenso del homicidio doloso, y sobre esas cifras se decreta el éxito oficialista en relación con la seguridad.
Pero desde el tiempo de la democratización y de la pluralidad gobernante y representativa del país, en el año dos mil o de la alternancia panista en el poder presidencial (cuando se rompió el monopolio vertical del régimen revolucionario y con la fragmentación política se dividieron también las organizaciones criminales que se impusieron a gobiernos locales más débiles y manipulables), el crimen organizado ha ido modernizando sus formas de asociación con la delincuencia política e incorporando a ella a más y más agentes propios, adecuándose a la diversidad partidista y a los liderazgos emergentes a controlar, cuyo potencial de corrupción o de obediencia no tiene excepciones (porque ahí donde las mafias criminales operan, que es en todo el país, no hay modo de que las autoridades no lo sepan, y si lo aceptan es porque son cómplices en cualquier grado); y a medida que los grupos más poderosos de ese crimen organizado han definido sus hegemonías territoriales acabando con la competencia de sus enemigos o estableciendo códigos de entendimiento o alianzas con ellos, han ido institucionalizando, asimismo, sus mecanismos de control sobre las autoridades de influencia regional federales y estatales. De modo que se ha desarrollado una cultura de su poderío dominante donde la violencia armada ha cedido a una coexistencia socialmente tolerada de la criminalidad ilegal y de la que se ejerce con el fuero constitucional, donde la extorsión adquiere formas si bien menos crueles también más convalidadas e irrenunciables, y los demás negocios delictivos se lavan en las turbias aguas de una legalidad admitida en que la autoridad de la Justicia, como las Fiscalías autónomas y los Poderes Judiciales soberanos, depende del poder político integrado, de distintos modos, al crimen organizado.
Y tal es la cultura de la transformación del crimen organizado a la que tanto abona la llamada ‘cuarta transformación’.
Porque mientras el Gobierno estadounidense de Donald Trump señala la inocultable y cotidiana evidencia de que el crimen organizado controla en mayor medida el Estado mexicano a través de la delincuencia política que dirige sus instituciones -y desde la que más gobernantes locales y representantes populares obtienen sus investiduras con cada vez menos desconocimiento y más aceptación de los electores mismos, frente a los que, como candidatos, hacen propaganda cada vez también con menos pudor y más confianza y seguridad en sus derechos democráticos y en la impunidad ciudadana e institucional que los defiende-, la Presidenta de la República más favorece ese sincretismo del crimen organizado y del poder público insistiendo en un discurso y una causa ideológica antiinjerencista y antiimperialista tan propios del izquierdismo doctrinario que tanto pierde legitimidad y elecciones y poder político en América Latina, cuando la única alternativa posible contra el avance sostenido del crimen organizado y de la delincuencia política es reconociendo su evidencia y aceptando el hecho, también absoluto e innegable, de que sólo una colaboración anticrimen eficaz, libre de prejuicios, y de utilidad compartida entre Estados Unidos y México, podría ayudar a contenerlo.
Porque esa postura soberanista tan enfática de la Presidenta no hace sino fortalecer a la delincuencia política en entornos regionales donde de sobra se sabe que ella, la Presidenta, no tiene ni representaciones ideológicas ni políticas ni personales propias y respetables y decisivas -porque su izquierdismo y su liderazgo presidencial no proceden del priismo presidencialista de quien la hizo Presidenta y donde bien se sabía que gobernar empezaba por hacerse oír y temer o respetar-, y donde contener la fuerza de los poderes fácticos locales, como los de los Gobernadores y sus grupos, en la cultura de unos autoritarismos caciquiles que se siguen imponiendo a la democracia y no al revés -porque una democracia sin la civilidad necesaria que obedezca las leyes y las normas esenciales de un Estado de derecho es incapaz de someter a sus delincuentes más poderosos- demanda de una autoridad nacional que se haga valer lo mismo con poderes fácticos que constitucionales inapelables, y mediante representantes suficientes, fuertes e influyentes que la señora Presidenta nada más no tiene.
Y por eso la violencia balacera puede disminuir y unos y otros jefes de sicarios pueden seguir cayendo en las Entidades donde más muertos ha dejado el crimen organizado, al mismo tiempo que más crece el control institucional del crimen organizado en ellas porque más delincuentes políticos gobiernan o se hacen cargo de los ‘mandatos populares’ y los muy reformados sistemas de Justicia, si bien son más y más aquellos a los que el Gobierno estadounidense suspende sus visas e impide entrar a su país, sobre todo en las zonas fronterizas, donde la criminalidad política abunda y está tan bien identificada, como en Tamaulipas, Sonora y Baja California.
¿Y podría esperarse que esa delincuencia política que hace tan resistente y poderoso al crimen organizado desaparezca algún día?, pregunta el buen vecino.
Y bien podría respondérsele que sí, que cómo no: que bien podría suceder apenas los liderazgos políticos del poder superior del Estado dejaran de tenerle miedo, y que fueran capaces de usar los vastos e invencibles recursos constitucionales y metaconstitucionales del poder real en favor de las causas justas, de los buenos ciudadanos y de sí mismos como líderes necesarios, valientes y ejemplares.
Y claro, eso parece más broma macabra que idealismo y utopía, entendería el vecino. Mejor dejar el tema así, que polemizar en torno de una idiosincrasia irremediable.
SM