Signos
Barajar nombres y trayectorias públicas en vísperas electorales y como noticias fundamentales, sigue siendo un ejercicio tan recurrente de opinión pública como estéril en términos de productividad democrática y social.
Se trata de un circo bufo venido a menos.
En la vieja era de demagogo totalitarismo, los partidos y sus potenciales candidatos, o candidatos, presentaban tesis y debatían sobre principios doctrinarios y programas de desarrollo y de mandato, y se defendían trayectorias ascendentes -presuntamente virtuosas pero más bien curtidas en el servilismo institucionalizado- sobre posiciones transitadas y proyectos exitosos, ciertos o falaces, de esos aspirantes y contendientes a unos y otros cargos representativos en disputa. Y en la nueva era, de demagoga democracia -dos décadas en que el país ha padecido sus peores horas de desigualdad, de pobreza, de violencia y de delincuencia pública-, líderes partidistas y potenciales candidatos o aspirantes a las posiciones de elección no tienen siquiera capacidad de discurso ni de debate, ni mucho menos trayectorias -de saldos sociales positivos- qué defender, ni, por supuesto, proyectos confiables de futuro qué proponer.
El debate mediático al respecto y remitido al relato anecdótico de los protagonistas de las vísperas electorales es, por tanto, igualmente estéril. Especular sobre tales o cuales nombres y personajes, para unos y otros cargos, tiene poco valor. Si no se advierte nada significativo entre lo meritorio y lo insustancial, la observación editorial de los procesos es tan ociosa como los procesos mismos y sus protagonistas.
¿Cuál ha sido, por ejemplo, en Quintana Roo, la trascendencia histórica de la alternancia partidista en el poder gubernamental, o las herencias previas de Joaquín Hendricks, Félix González y Roberto Borge? ¿Es venturoso, en el Estado, el balance de las transformaciones estructurales en la vida democrática respecto del pasado autoritario? ¿Ha habido algo más allá de la alternancia? ¿La democracia ha sido el principio de bienestar y de progreso invocado por la retórica política de todo el mundo? ¿Los liderazgos alternativos al PRI han cumplido las expectativas de la prosperidad prometida por los vendedores del cambio? ¿Las ruinas de la gestión municipal han sido suplantadas por Municipios de mayor gobernabilidad, viabilidad y sustentabilidad? ¿Se generan más y mejores reformas legislativas esenciales? ¿Hay menos deuda y más viabilidad fiscal? ¿Hay menos violencia e inseguridad? ¿Tiene Mara Lezama mejores cuentas que cuentos por contar en el Ayuntamiento cancunense que preside, o Laura Fernández en el de Puerto Morelos, o la Beristáin en Solidaridad, o el Joaquín cozumeleño, o el Segovia chetumaleño? ¿Se sabe de algo mejor en torno de Marybel Villegas que sus prácticas autopromocionales, y que sus negocios de poder en la lucrativa cochambre del multipartidismo mercenario, y que el tráfico de intereses privados, con bienes y recursos públicos usados a su corrupto albedrío por gobernantes execrables y demás criminales políticos a los que ha servido y de los que se ha servido?
En la autocracia o en la democracia la mediocridad y la intrascendencia representativa tienen el mismo valor y la misma consistencia regresiva. Los cambios son restas en la aritmética electoral, si sólo se recicla lo de siempre y las novedades informativas y editoriales no son otras que las referidas a los escándalos en la barriada de la voracidad de los tiempos.
Parece que la agenda de lo importante se reduce a tres factores o elementos de duda razonable: el control o no del erario para el financiamiento delictivo de campañas y candidaturas; si el partido presidencial seguirá produciendo calamidades representativas al amparo de la popularidad de su líder máximo (y este y su electorado militante las seguirán respaldando a pesar de su inoperancia, su inmoralidad o ambas cosas); y si los opositores presidenciales tendrán alternativas de competencia en caso de que ocurra el milagro de que se les cierre, en efecto, la llave del dinero sucio.
Porque en términos de ejercicio crítico no hay nada nuevo bajo el sol en la ruta de los comicios venideros. No hay evidencias de candidaturas con perfiles de valor estructural y rentabilidad social. No hay eso, que es lo único que importa en una democracia sistémica y civilizada, cuyo ideal está tan lejos de México como los niveles educativos nacionales lo están respecto de los más competitivos del mundo: los últimos, entre los países con mayor potencial económico.
Las valoraciones sobre los candidatos posibles debieran ser sobre trayectorias académicas, profesionales, y de rentabilidad institucional y social de su ejercicio público, y su activismo político y su permeabilidad popular debieran evaluarse a partir de su congruencia ética y sus antecedentes de soberanía crítica y representativa, o de sus complicidades y alianzas con la delincuencia del poder.
Porque las prácticas políticas de la modernidad democrática mexicana han sido, en gran medida, más perniciosas y devastadoras que las del autoritarismo de las cavernas tricolores. Las instituciones electorales y anticorrupción sólo han favorecido la redistribución partidista del atraco y la diversidad del saqueo entre gobernantes emergidos del financiamiento negro de los comicios y otros ganadores electorales al servicio de todos los grupos de poder. La democracia no ha sido más que la emergencia de esa pluralidad cleptocrática que ha empobrecido y ensangrentado a México en favor de cada vez peores y más rapaces minorías. Y es esa democracia la que defienden, por cierto, los 650 intelectuales, científicos, artistas y periodistas firmantes del desplegado ya famoso contra el presidente López Obrador, y cuyos promotores lo acusan de poner en peligro esa democracia, de la que ellos han sido una élite privilegiada y por eso defensora del estatus oligárquico en el que han prosperado y en el que han servido, y donde la defensa de la libertad de expresión y de las conquistas democráticas -que ellos consideran asediadas por el régimen federal hoy día, y habrían sido garantizadas, entonces, por los anteriores, de los que tanto se beneficiaron- es la defensa de la libertad de expresión y de las conquistas democráticas de los monopolios mediáticos y los sectores empresariales y políticos vinculados a ellos y a sus expectativas de lucro progresivo (expectativas rotas, encubiertas y traducidas, cual sentimiento de frustración y de derrota, en la denuncia de presunta amenaza a la libertad de expresión y de atentado contra el tipo de ‘democracia’ que ellos defienden).
Diferenciar, pues, a los posibles candidatos por sus valores reales -de soberanía crítica o asociación delictuosa- sería mejor que hacerlo sólo por su perfil mediático y su existencia en el ejercicio público. El reciclaje político y editorial a la vieja usanza sólo revela que las reformas democráticas a la mexicana han sido condición de los peores tiempos del pueblo mexicano.
SM