La última palabra
Jorge A. Martínez Lugo
La escaramuza de los gobernadores aliancistas carece de alcances profundos y se limita a una bravuconada electorera y para “bajar recursos” en el presupuesto 2021.
No están planteando una reforma a la política fiscal, que sirva de instrumento a la federación, Estados y Municipios para la promoción de justicia social.
El Gobierno de la 4T responde en el mismo tono y tampoco habla de una transformación fiscal.
Tienen razón los gobernadores de quejarse porque sus márgenes de acción son muy estrechos y siempre faltan recursos para mejorar la gobernabilidad. Muchos de esos recursos existen, pero se van por la coladera de la corrupción y la evasión.
Sin embargo, el tema viste mucho y resuena más.
INMUNIDAD TRIBUTARIA A MEGA EMPRESAS
El sistema tributario proviene del modelo económico implementado por los presidentes Alemán y Ruiz Cortines, entre 1946 y 1958, que resultó en lo que se llamó “El milagro mexicano”, pero que se hizo añicos a finales de los sesenta, con el movimiento de 1968.
¿Por qué hizo crisis “El milagro mexicano” si había crecimiento? Pues precisamente porque se trataba desde entonces del famoso modelo neoliberal implementado por el FMI. De esa época es también la política de control vía endeudamiento.
México ha avanzado en apertura democrática y alternancia en los estados y en la Presidencia, pero el modelo económico no cambia. Es el mismo del régimen fiscal poroso, que genera inmunidad tributaria a los grandes consorcios nacionales y extranjeros, en detrimento de las empresas medianas, pequeñas y micro.
Un modelo tributario blando para las mega empresas, pero implacable para los empresarios menores y la ciudadanía que paga impuestos.
TURISMO EVASOR Y FUGA DE CAPITALES
Un ejemplo claro lo tenemos en Quintana Roo. Un Estado que genera más de la tercera parte de las divisas que ingresan al país por concepto de turismo. Pero en realidad esas divisas no se quedan, sólo entran y salen del país de inmediato.
La gran industria turística es una de las que más impuestos evade y los sacan del país. Esto lo sabe muy bien el gobernador Carlos Joaquín, quien es contador de profesión. También lo sabe el Gobierno de la 4T. Pero nadie habla de ello.
Es un tema tabú. No se menciona en público. Un gobernador no podría solo enfrentarse a las mega empresas turísticas. No sólo no se atreve, sino que está a su servicio, siempre exigiendo a la Federación recursos para financiar la promoción en beneficio de esas mismas empresas.
No sólo evaden impuestos, sino que imponen empleos precarios, largas jornadas de trabajo y más del 80 por ciento bajo el esquema de outsourcing.
Según el SAT, sólo bajo el esquema todo incluido evaden un promedio de mil 520 mdp anuales empresas como: Barceló, Meliá, Riu, Oasis, Iberostar, Bahía Príncipe, Palladium, Sandos, Blue Bay, Princess, Catalonia, Sirenis, H10, Mayacobá, Excellence, HM, AMResorts, entre otras empresas coloniales que pertenecen a una veintena de familias españolas.
Adicionalmente, evaden otros dos mil 070 mdp por ISR y mil 104 mdp por IVA, además de otras prácticas abusivas como facturación de operaciones inexistentes, outsourcing y la contabilidad de sus ingresos en otros países.
El turismo es una de las industrias más depredadoras en el aspecto económico, fiscal, laboral y ambiental. Y nadie habla de ello. Ni la cuarta transformación, ni mucho menos los gobernadores, incluyendo al de Quintana Roo.
Las cosas son muy similares en cada uno de los Estados de los gobernadores aliancistas, pero ninguno propone una reforma al sistema fiscal, que permita generar recursos que recauden tanto la Federación, como los Estados y Municipios.
Sólo son balandronadas electoreras y para “bajar recursos” a la federación. Pero no hay propuestas de fondo ni de los gobernadores “rebeldes” ni de la 4T. El lector tiene la última palabra.