Signos
La politización electoral de la reforma del Poder Judicial y la manipulación gubernamental de los procesos legislativos de la reforma para la renovación de los sistemas de Justicia en los Estados, auguran que lo peor (o lo mejor para la delincuencia y la impunidad) está por venir.
Sí, había que limpiar la Suprema Corte, suprimir el Consejo de la Judicatura federal y de los Estados (sí, de acuerdo, sustituirlos por ‘órganos disciplinarios’ autónomos o de control constitucional y de mejor y más soberana última instancia judicial), independizar del poder político a los Tribunales Superiores de Justicia (lo que no ha podido hacerse ni con ellos ni con las Fiscalías locales, que siguen en poder de los Gobernadores).
De acuerdo.
Pero no había que llegar al absurdo de elegir por medio del sufragio universal a una multitudinaria colectividad de Jueces de todas las materias jurisdiccionales que no conocen ni sus vecinos más cercanos, y de cuyas candidaturas ya están disponiendo, por supuesto, en medio del caos y la incivilidad y según los sectores de su conveniencia, los grupos de políticos y criminales más influyentes -a menudo los mismos, unos y otros- interesados en poner a la Justicia más a su merced de lo que ha estado siempre.
Muy bien:
Andrés Manuel quiso hacer lo correcto regenerando al Poder Judicial del país. Pero también, y de paso, ladino que es, quiso desquitarse y vengarse de la banda mayoritaria de Ministros de la Corte, asociados con la oligarquía opositora y derrotados con ella y con todas sus miserias éticas en las elecciones del dos de julio pasado, quienes jamás creyeron en las dimensiones históricas de su popularidad ni en su poder similar de ganarlo todo en las urnas (claro, con los tres o cuatro votos podridos y envenenados y decisivos del Verde) y de obtener un Constituyente republicano absoluto por la vía de las Mayorías Calificadas para despojarlos de sus vastos y arbitrarios privilegios económicos y de instancia sancionadora constitucional última con que, desde el inicio de la Presidencia obradorista, boicotearon todas sus iniciativas de cambio estructural y favorecieron a los principales adversarios de sus causas políticas, fiscales, militares, de seguridad y de recuperación de las competencias energéticas soberanas del Estado mexicano.
Y, ni modo. Lo dicho:
La pobreza cívica del electorado mexicano (donde la enorme popularidad del obradorismo claudista se convierte en despropósito democrático letal cuando se irradia a una legión de correligionarios de la peor especie y a delincuentes políticos verdes aliados suyos pero enemigos embozados, también, en la antípoda, de sus presupuestos morales y sus códigos de intachable conducta, tan defendidos y pregonados por la Presidenta y desde cuyo engaño y vituperio convencen a los electores de la Regeneración Nacional de seguir votando por ellos y los suyos)… esa pobreza crítica e ideológica será la peor enemiga del reformismo judicial electorero inevitable, en curso y celebrado en la víspera como ejemplo democrático mundial por la Presidenta de la República y por muchos criminales verdemorenistas y demás enemigos y traidores de su fe.
SM