El Bestiario
Entró en prisión esta pasada semana para cumplir una condena firme de nueve meses de cárcel por enaltecimiento de terrorismo. Antes había sido condenado por el mismo delito a dos años de prisión, pero la Audiencia Nacional la dejó en suspenso porque no tenía antecedentes. Entre los mensajes que le han llevado a la cárcel hay letras de canciones y tuits en los que el rapero alaba a ETA y los Grapo, pide que vuelvan a atentar y se señala directamente a políticos como José María Aznar, Patxi López o José Bono como “merecedores” de un ataque terrorista. El Tribunal Supremo, que confirmó ambas condenas, admite que el delito de exaltación del terrorismo puede “entrar en conflicto” con derechos constitucionales como el de libertad de expresión, pero sostiene que muchos de los mensajes de Hasél exceden los límites de este derecho e incitan a la reiteración de actos terroristas, “lo que genera un elevado riesgo real de que alguno de los múltiples seguidores en las redes sociales del acusado los intente repetir”. Los siguientes textos recogen de manera literal los contenidos de las sentencias, incluidos los errores ortográficos.
La primera sentencia. Dos años de cárcel por enaltecimiento y justificación del delito de terrorismo. El primer delito de enaltecimiento lo cometió en una decena de canciones, cuyos vídeos fueron subidos a YouTube entre 2009 y 2011. Bajo títulos como Libertad presos políticos, Obama Bin Laden y No me da pena tu tiro en la nuca, Hasél defiende la lucha armada y justifica la actividad de organizaciones terroristas. “Si por atacar a los culpables terroristas nos llaman. Escucha que la libertad, no es el extremo de nada. Luego califican de violento tirarles cócteles molotov. Diles que no paren mi voz, puedo ser duro como Baader-Meinhof. Prefiero grapos que guapos, respeto a anarquistas y comunistas. Antes que ponerme etiquetas protesto contra la injusticia. Cuando la inmensa mayoría de la policía es facha. Y con la plebe dormida la esperanza de un mundo mejor se marcha. Que apoyar a Franco no es delito sino algo normal. Y quienes manejan los hilos merecen mil kilos de amonal. Si parte de los más grandes andan en la cárcel. Pienso en balas que nucas de jueces nazis alcancen.”
“Obama es otro títere pintado como El Mesías. Pero a la CIA nunca le importó toda la humanidad que perecía. Al Qaeda fue creada por la CIA, todos lo saben. Tiene un nuevo logo entrama, llámale Obama Bin Laden. Mientras el Papa al Dios del capital el invoca.- ¡Yes, we fuck you! La represión nos asola. Pero grito: merece una bomba Televisión Española!” “Pena de muerte ya a las Infantas patéticas. Por gastarse nuestra pasta en operaciones de estética. Ya basta ostia, ¿nos tomáis por tolais o qué? Lo dejaréis de hacer cuando vuestros palacios exploten. A los dueños de los periódicos El Mundo y ABC. Habría que asfixiarles con la mentira de su papel. Te crees gran empresario fumando habanos, puta colilla. Ojalá vuelvan los GRAPO y te pongan de rodillas. Las hipotecas fabrican, mentalidades obsoletas. Mi hermano entra en la sede del PP gritando ¡Gora ETA!”.
Santiago J. Santamaría Gurtubay
“En mi escuela pública había violencia y no era etarra. Sino de retratos de la monarquía encima de la pizarra. Si te explotan, protesta, solo quieren que llores. En este estado tratan peor a presos políticos que a violadores. Dime cómo nos defendemos si a porrazos nos oprimen. Los GRAPO eran defensa propia ante el imperialismo y su crimen. Ya no os creen ni mediocres, no sois justos ni de rebote. ¡Merece que explote el coche de Patxi López!”. “Siempre hay algún indigente despierto con quien Comentar que se debe matar a Aznar gritándole España nunca fue Bien. No me da pena tu tiro en la nuca pepero. Me da pena el que muere en una patera. No me da pena tu tiro en la nuca socialisto. Me da pena el que muere en un andamio. No me da pena tu tiro en la nuca banquero. Me da pena el suicida por la presión del sistema. No me da pena tu tiro en la nuca millonario. Me da pena el que duerme hambriento en un banco”. “Si volvieran los GRAPO diría PO PO PO. Si viera un atraco a un banco diría ‘tus huevos, chapó’. Cómodo con el micrófono porque a farsantes destrono. ¡Que alguien clave un piolet en la cabeza a José Bono!”.
El Tribunal Supremo admite que el delito de exaltación/justificación de terrorismo puede adentrarse “en la zona delicada de la sanción de opiniones, por deleznables que puedan ser consideradas, y, lo que es más delicado, pueden entrar en conflicto con derechos de rango constitucional como son los derechos de libertad ideológica y de opinión”. Los magistrados sostienen que hay que analizar caso por caso para determinar si está dentro del ámbito penal o fuera de él. “En caso de duda”, prevalece el derecho constitucional a la libertad de expresión e ideológica, “que constituyen una de las más acusadas señas de identidad de la Sociedad Democrática”. Pero algunos de los mensajes incluidos por Hasél en sus vídeos encajan “claramente” en el delito de enaltecimiento porque constituyen un discurso de odio. Las rimas del rapero son, en opinión del tribunal, alabanzas de acciones terroristas que no cabe incluir dentro del derecho a la libertad ideológica “en la medida en que el terrorismo constituye la más grave vulneración de los Derechos Humanos de aquella comunidad que lo sufre”. “Es claramente un plus cualitativamente distinto del derecho a expresar opiniones arriesgadas que inquieten o choquen a sectores de una población, porque la Constitución también protege a quienes la niegan”, afirma el Supremo. “Cualquier persona que lea o escuche tales expresiones incluidas en las canciones correspondientes puede verificar que con las mismas, se está alabando o justificando bien a los autores de hechos terroristas o los propios hechos”.
“No queda la conducta amparada por la libertad de expresión o difusión de opiniones invocada por el acusado y su defensa”
La segunda sentencia. Nueve meses por enaltecimiento del terrorismo. La condena a prisión de Hasél, la que le ha llevado definitivamente a la cárcel, está basada sobre todo en mensajes que el rapero escribió en su perfil de Twitter entre 2014 y 2016, en los que ensalzó a miembros de ETA y del GRAPO condenados por terrorismo. En esos dos años publicó 1,915 tuits en los que aparecen los términos Grapo, ETA, terrorismo, bomba, Policía, Guardia Civil, Bilbo, Monarquía y Borbón, según recoge la sentencia del alto tribunal, que en este caso contó con dos votos particulares discrepantes. En dichos tuits y vídeos se cita como referente a: Juan Martín Luna miembro de los GRAPO que falleció en un enfrentamiento con la policía en diciembre de 1982; Isabel María Aparicio Sánchez, que fue detenida en octubre de 1979 como miembro de la organización terrorista GRAPO; Joseba Arregui era miembro de ETA militar el 13 de febrero de 1981 cuando falleció en dependencias policiales; María Victoria Gómez Méndez, ha sido condenada por diversos delitos de terrorismo en sentencias de la Audiencia Nacional y de Tribunales franceses; e Ignacio Varela Gómez, fue condenado en tres sentencias de la Audiencia Nacional por delitos de terrorismo. “Juan Martín Luna militante del PCE (r) asesinado por la policía por defender nuestros derechos”. “Nueva carta de la presa política Victoria Gómez”. Sobre Isabel Aparicio, junto a imágenes de ella. “A dos años de ser exterminada por el Estado torturador, recordamos sus palabras”. “Y así fue la acabaron exterminando”. “La condenaron a 12 años de prisión por estar en el aparato de propaganda del PCE (r) 12 años sin lucha armada”. “2 años desde que Isabel Aparicio fue exterminada por comunista, negándole el estado la asistencia médica en prisión”. “Joseba Arregi asesinado por la policía torturándolo”.
Lo que dice el Tribunal Supremo. Estos mensajes publicados por Hásel “tienen un indudable carácter laudatorio de las organizaciones terroristas (GRAPO, insurreccionalismo GAC…) y miembros activos de ellas (Ignacio Varela Gómez; María Victoria Gómez Méndez; Mónica Andrea Caballero Sepúlveda y Francisco Javier Solar Domínguez; Isabel María Aparicio Sánchez y Juan Martín Luna)”. “Esta conducta va más allá de la expresión de coincidencia con objetivos políticos, o camaradería nacida de vínculos ideológicos, simpatía o de la mera crítica social, y que comporta una alabanza, no ya de los objetivos políticos sino de los medios violentos empleados por las citadas organizaciones terroristas y por sus miembros y contienen una incitación a su reiteración que genera un elevado riesgo real de que alguno de los múltiples seguidores en las redes sociales del acusado los intente repetir”. “No queda la conducta amparada por la libertad de expresión o difusión de opiniones invocada por el acusado y su defensa, en el entendido de que a los fines del terrorismo resultan extraordinariamente útiles y valiosas las aportaciones de quienes, como el recurrente, ensalzan las acciones, justifican la violencia y expresan simpatía frente a la eliminación física del disidente”.
“Las manifestaciones son necesarias, pero no suficientes; apoyemos a quienes han ido más allá”, uno de los 1,915 tuits de Hásel
El Supremo destaca además otros de los mensajes colgados por Hásel en los que, aunque no cite expresamente a terroristas, sí incita a la violencia, según el tribunal. “No hay libertad de expresión cuando el exponente que se refleja en los mensajes públicos son violentos y tienen un claro carácter de incitar a la violencia poniendo el referente del terrorismo. Los magistrados recogen decenas de ejemplos: Orgulloso de quienes respondieron a las agresiones de la policía; El pueblo se defiende de su brutalidad y somos “violentos terroristas”; ¿Matas a un policía? Te buscan hasta debajo de las piedras. ¿Asesina la policía? Ni se investiga; Detenidos en Galiza por “enaltecimiento del terrorismo” es decir, por decir que hay que luchar contra el Estado fascista; Constancia en la lucha; Las manifestaciones son necesarias, pero no suficientes; apoyemos a quienes han ido más allá; PCE (r) 12 años sin lucha armada; no habrá olvido ni perdón…
12 meses de multa por injurias y calumnias contra la Corona y utilización de la imagen del Rey. Algunas de las expresiones que se citan a continuación han constituido la base de condena según el tribunal. “El mafioso del Borbón de fiesta con la monarquía saudí, entre quienes financian el ISIS queda todo”. “El mafioso del rey dando lecciones desde el palacio millonario a costa de la miseria ajena. Marca España.” Además, Hasél publicó en su perfil de YouTube un vídeo de 5 minutos y 19 segundos de duración con el título Pablo Hasél… Juan Carlos el Bobón en las que aparecen diversas imágenes y cortes de voz del Rey emérito, así como una imagen de la cabeza del Felipe VI, que surge del interior de la cabeza de su padre, que a su vez sale del interior de una cabeza de Francisco Franco, todo ello con el fondo de una canción escrita e interpretada por el acusado. A fecha de 30 de agosto de 2016 había tenido 5,417 visualizaciones.
“A la cárcel van los pobres y no la infanta Cristina, la hija de Juan Carlos el Bobon, pero medio país le desea la guillotina”
La letra de la canción contenida en un vídeo reza entre otras expresiones que destaca el Supremo en su sentencia para condenar al rapero: “Cuántos millones y millones… han saqueado y derrochado durante tantos años… tantos miembros de la familia real. Pero tienen los años contados… se acerca la república popular. Es la historia de Juan Carlos el Bobón que quieren ocultar… Contar quién es y qué hace es delito, apuntaba maneras cuando mató a su hermano Alfonsito (risas). Quién se cree que fue un accidente… ni Maruhenda imaginando a Rajoy desnudo cuando miente. A la cárcel van los pobres y no la infanta Cristina, pero medio país le desea la guillotina. Juan Carlos el Bobón, capo mafioso saqueando el reino español. En televisión vomitan que es útil, si claro, pa su camello y pal dueño del puti”.
Lo que dice el Tribunal Supremo. “Estas expresiones exceden del derecho a la libertad de expresión u opinión, y exceden y traspasan la línea divisoria en el marco de expresiones que puedan ‘herir’ o ‘importunar’, en palabras del TEDH (Tribunal Europeo de Derechos Humanos) a las instituciones, o sus representantes, para entrar en el ámbito del ilícito penal. El hecho probado descrito en las expresiones citadas incluye estas expresiones que no pueden consentirse en una sociedad donde el respeto deba ser la forma de actuar correcta y sus excesos en la medida declarada probada no puede ser admitido bajo ningún amparo. No hay crítica o queja a la monarquía o sus miembros, o incluso a su línea de actuación. Hay frases injuriosas y calumniosas que no pueden tener amparo en la opinión personal del que les expone en red social de amplia difusión.
“Una sociedad que castiga en exceso el empleo de palabras expresa en la pena inseguridad y miedo, es hora de reformar el Código Penal”
‘Libertad de expresión: crimen y palabra’ es el título de una columna de Manuel Cancio Meliá, catedrático de Derecho Penal en la Universidad Autónoma de Madrid, publicada esta semana. “Una sociedad que castiga en exceso el empleo de palabras no reafirma serenamente sus valores, sino que expresa en la pena inseguridad y miedo. Ya es hora de abordar la reforma del Código Penal…”, comenta. Casi al mismo tiempo, la presidencia del Gobierno y el grupo parlamentario de Unidas Podemos han anunciado iniciativas legislativas que afectan a los delitos que criminalizan determinados actos de comunicación. Ambos pretenden recortar el alcance de estas infracciones, aunque parecen proponer vías diferentes: por un lado, el Gobierno, sin concretar una propuesta legislativa articulada, anuncia que impulsará una reforma respecto de los “excesos” en el ejercicio de la libertad de expresión, restringiendo “claramente” la reacción del sistema penal a casos en los que hay una creación de un “riesgo para el orden público” o “la provocación de algún tipo de conducta violenta”, y ello con penas que no sean privativas de libertad. Además, la posición del gobierno es que aquellas manifestaciones que sean vertidas “en el contexto de manifestaciones artísticas, culturales o intelectuales” permanezcan “al margen del castigo penal”. Afirma que el “derecho penal ni es la herramienta más útil, ni es necesaria, ni es desde luego proporcionada para responder a comportamientos que, aun pudiendo rozar la ilicitud, su castigo penal supondría un desaliento para la libertad de expresión, tal y como han declarado el Tribunal Constitucional, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Unión Europea y la mayor parte de la doctrina española”.
Por su parte, Unidas Podemos ha presentado ya una proposición de ley mediante la cual se pretende derogar varias figuras delictivas en este ámbito: la de injurias a la Corona y a diversos colectivos que representan al Estado; el delito de ofensa de los sentimientos religiosos mediante escarnio de las creencias de tal índole; la figura de los ultrajes a España; y, finalmente, el delito de exaltación del terrorismo o humillación a sus víctimas. En opinión de los proponentes, en España “se están utilizando tipos penales totalmente obsoletos, no ajustados a la Constitución Española e impropios de una democracia desarrollada. Así, estaríamos hablando de delitos que chocan frontalmente con la libertad de expresión desde su propio enunciado y que procede derogar”.
El Código Penal español criminaliza algunos comportamientos que, con carácter general, no son delito en otros ordenamientos europeos
¿Está justificada una reforma en este ámbito? ¿Es cierto que en España hay una anomalía tan grave en la zona de conflicto entre libertad de expresión y derecho penal? Para responder a estas cuestiones, Manuel Cancio Meliá hay que partir de que, en efecto, en los tribunales españoles hay una aplicación más intensa y más extensa de delitos que criminalizan determinados actos de comunicación que en los países de la Unión Europea más próximos. “Resuenan en este sentido, como destacan ambas iniciativas, las condenas a España por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, producidas en varias ocasiones, y el reciente escándalo de la orden de ingreso en prisión de un músico, Pablo Hasél, condenado por delitos de esta índole”. “Esta constatación, sin embargo, -añade el catedrático de Derecho Penal- puede tener varias explicaciones: en particular, que existan conductas relevantes en la realidad, es decir, una especial conflictividad en este ámbito en España que no es común en aquellas jurisdicciones, esto es, que se castigue más porque sencillamente se cometen más conductas de relevancia delictiva. A mi juicio, sin embargo, no parece ser este el caso. Lo que lleva a esta anomalía española es una legislación diferente de la de otros países de nuestro entorno -más extensa y menos clara-, junto con una actitud de decidida persecución por parte de la fiscalía, y una notable falta de claridad en la jurisprudencia en torno a las líneas directrices con las que interpretar estas infracciones”.
En cuanto a lo primero, por un lado, el Código Penal español criminaliza algunos comportamientos que, con carácter general, no son delito en otros ordenamientos. Así, por ejemplo, y muy especialmente -pues ha supuesto un notable número de procesos penales muy controvertidos en estos últimos años- no existe en ningún ordenamiento próximo un delito de enaltecimiento del terrorismo/humillación de las víctimas como el que se introdujo en el año 2000 en el Código español. Este delito viene usándose de modo verdaderamente inflacionario, en una clara banalización del terrorismo, precisamente una vez que ETA dejó de actuar y respecto de personas que hacen uso de un lenguaje tremendista en redes sociales (sin conexión con ninguna organización), y con un sesgo evidente en la actividad de búsqueda de manifestaciones relevantes por parte de la policía (como mostró la llamada operación Araña en el anterior Gobierno), que sólo buscaba una determinada clase de exabruptos en la red. Por otro lado, los ordenamientos del entorno europeo -muchos de los cuales conocen delitos de ultrajes a los símbolos del Estado, de apología del terrorismo o de injurias al jefe del Estado- incorporan algunos requisitos en cuanto a la intensidad de la conducta que llevan a una aplicación mucho más reducida en número de casos y en gravedad de las penas impuestas. Así, por ejemplo, en Suiza es delito ofender a los símbolos de la Confederación o de los Cantones, pero solamente cuando se lleva a cabo respecto de banderas o escudos colocados en un edificio oficial; en Alemania se pena el uso de símbolos de organizaciones políticas declaradas inconstitucionales o prohibidas, pero se indica expresamente que el comportamiento no será delictivo si el comportamiento “sirve a la ilustración de la ciudadanía, a la defensa frente a planes contrarios a la Constitución, al arte o a la ciencia, investigación o enseñanza, a informar sobre noticias actuales o de la historia o a fines similares”, o se exige que para castigar la incitación al odio racial, esta se haya hecho “de un modo idóneo para perturbar la paz pública”. Muchas de las condenas más escandalosas en España de los últimos años no se habrían dictado con estos requisitos de gravedad, ausentes de la legislación española.
En Internet se difundió el llamamiento del anterior presidente de EE UU a acudir al Capitolio, está claro que la palabra puede ser criminal
No obstante, ¿bastará con una reformulación de estos delitos, introduciendo requisitos de gravedad y bajando las penas? ¿O sería necesario derogarlos sin más, como propone Unidas Podemos? El problema de fondo que está detrás de la política legislativa en esta materia es viejo y novísimo. Es viejo porque desde el siglo XIX, los límites de la libertad de expresión marcan la identidad -más o menos libertaria- de los regímenes occidentales. Y es novísimo, como todos sabemos, por la potencia que ha otorgado la existencia de Internet a la comunicación al margen de los canales de los medios de comunicación tradicionales. En Internet se hace propaganda para Daesh u otros grupos terroristas, por ejemplo, supremacistas blancos, por Internet se llama a hacer batidas frente a migrantes en Gran Canaria, en Internet se difundió el llamamiento del anterior presidente de EE UU a acudir al Capitolio. Está claro que la palabra puede ser criminal. Y también que todos los regímenes autoritarios lo primero que hacen es amordazar la palabra. Pero, ¿cuáles pueden ser delito en un ordenamiento legítimo, de libertades? Puede decirse que la razón principal por la que se pena en un país como España una comunicación es por el riesgo que esta pueda generar, por la violencia que la palabra puede traer. Es esta la idea directriz del Tribunal Constitucional cuando anuló la sentencia del Supremo que condenó a César Strawberry por un delito de enaltecimiento: sólo lo que puede generar riesgo a futuro puede dar lugar a responsabilidad criminal, y hablar (aunque sea de modo escandaloso) de cómo murió el presidente del Gobierno de la dictadura militar en 1973 no da lugar a tal riesgo. También hay algunos pocos casos en los que se pena lo insoportable, lo tabú, sin referencia al futuro. Así, cuando se considera delito la profanación de cadáveres, o cuando se criminaliza la pornografía “infantil” generada por ordenador, sin necesidad de que ningún ser humano se vea afectado. Lo esencial está en ver que cuando se pena en este ámbito, en el de la comunicación, ello es expresión de un punto débil -real o emocional-de la sociedad que castiga. Una sociedad que castiga con exceso por palabras no reafirma serenamente sus valores, sino que expresa en la pena inseguridad y miedo. Hay que evaluar el grado de debilidad para decidir la extensión y la intensidad de la respuesta.
Así, está claro que en lo que se refiere al delito más importante en este ámbito, el de enaltecimiento del terrorismo, aprehende conductas que deben ser consideradas delictivas (como, por ejemplo, la de captar adeptos para una organización terrorista; o la peculiaridad española de acosar a los familiares de víctimas de atentados terroristas). Sin embargo, no hace falta una norma de estas características para castigarlas -el adoctrinamiento mediante enaltecimiento ya constituye un delito de colaboración, tanto en España como en otros ordenamientos de la UE- y las injurias a las víctimas pueden ser tratadas como tales: no se necesita el delito de glorificación. Tampoco, un delito de injurias a determinados organismos públicos, y, menos aún, para el jefe del Estado. Como ciudadano, goza ya de la protección penal general de su honor. Y como institución, debe poder ser sometido a crítica. No debe quedar nada de la majestad de la Corona en este sentido en una monarquía parlamentaria. Tampoco parece necesario que se tenga un delito específico de injurias a los sentimientos religiosos, habiendo una protección robusta de los actos religiosos y de los fieles, y, desde luego, sólo un complejo de inferioridad grave puede llevar a sacralizar la bandera y los símbolos de España de tal modo como para criminalizar los “ultrajes”. Se haga lo uno o lo otro: ya era hora. Y es de suponer que el PSOE ha visto la luz y se olvidará de criminalizar el enaltecimiento del franquismo, como propuso ahora hace un año, ¿no?
Pablo Hásel, convertido en símbolo de libertad de expresión, recibe los apoyos de Pedro Almodóvar, Javier Bardem y Joan Manuel Serrat
Condenado a nueve meses de prisión por unos tuits atacando la monarquía y la policía, el catalán tiene el apoyo de celebridades españolas como el cineasta Pedro Almodóvar, el actor Javier Bardem o el cantante Joan Manuel Serrat. Pablo Hasél, cuyo nombre real es Pablo Rivadulla Duró, se ha convertido en uno de los principales representantes del rap independiente español, cercano a movimientos de extrema izquierda. Cantante relativamente anónimo antes de que sus problemas judiciales llevaran a su encarcelamiento, Pablo Hasél, de 32 años, es un rapero provocador con letras incendiarias que se ha convertido para parte de la opinión pública española en símbolo de la libertad de expresión. Su caso incluso empujó al gobierno de izquierdas de Pedro Sánchez a prometer una reforma del código penal para que los “excesos” de los artistas en el uso de la libertad de expresión no conlleven penas de cárcel. En sus tuits, Hasél había llamado a las fuerzas del orden “mercenarios de mierda” y las acusaba de torturadoras y asesinas. También tildaba de mafiosa y criminal a la familia real. Los mensajes van en línea con las letras incendiarias y revolucionarias de las canciones del rapero, cuyo semblante serio, con una barba finamente recortada y unos ojos pequeños y penetrantes ha aparecido en varios grafitis pidiendo su libertad. Después de descubrir el rap con diez años con el álbum de culto “Straight Outta Compton” del grupo estadounidense NWA, en 2005 empezó a grabar composiciones que difunde a menudo por internet gratuitamente. Sus letras subversivas a veces rayan en el límite, como en el título “Muerte a los Borbones”, una diatriba contra la familia real a la que acusa de ser heredera del dictador Francisco Franco. En ella, llega a afirmar que sueña con que el rey emérito Juan Carlos I “vuela por los aires”: “eso no es terrorismo, ¡se merece el cielo!”. Declarado antipolítico, de sus ataques no se salva ningún partido, desde el conservador Partido Popular hasta la izquierda radical de Podemos, socio minoritario del gobierno que criticó su arresto.
Especialmente espinosos son sus guiños a organizaciones armadas como la separatista vasca ETA, responsable de más 850 muertes, o el izquierdista Grapo, acusado de más de 80 asesinatos o tentativas entre 1975 o 2003. Según explicó en una entrevista de 2018, su nombre artístico es una referencia a un cuento árabe en el que un guerrillero llamado “Hasél” hace caer una monarquía. Hijo de un empresario, este rapero vive en su ciudad natal de Lérida, en Cataluña (noreste), donde su padre fue dirigente del club de fútbol local. En 2018 explicó a la prensa que, como tenía problemas para encontrar un empleo estable, iba a trabajar durante la vendimia en Francia. Los polémicos tuits no fueron su primer encuentro con la justicia. Sus elogios al Grapo le valieron pequeñas condenas desde 2011 que también generaron polémica y muestras de apoyo al rapero. En 2014 fue condenado a dos años de prisión por enaltecimiento del terrorismo, pero no llegó a ser encarcelado porque no tenía antecedentes penales y la pena no superaba los dos años. Y el pasado junio recibió otra sentencia de seis meses de cárcel por rociar con un líquido de limpieza a un periodista. Abonado a la polémica, el viernes, cuando terminaba su plazo para entregarse, publicó su última canción arremetiendo contra el gobierno de izquierdas español y el actual rey Felipe VI.
La democracia es un ideal hacia el que caminar, y la española necesita abandonar el inmovilismo y la autocomplacencia de determinadas élites
¿Encarcelar a Pablo Hasél es “normalidad democrática”?
Pablo Casado, el líder del Partido Popular, que gobierna en Andalucía merced a un pacto con el también conservador Ciudadanos y la extrema derecha franquista VOX, ha acusado a Pablo Iglesias de hablar de España como si fuese “una dictadura” y ha pedido que Pedro Sánchez, el presidente del PSOE, le cese por ello. Casado ha vuelto a mentir -o, al menos, tergiversar la verdad- para excitar a la parroquia conservadora e intentar desviar la atención sobre el regreso a la escena informativa de la corrupción del PP con motivo del comienzo de un nuevo juicio a Luis Bárcenas. Con frecuencia, la diferencia entre la verdad y la mentira está en los matices. Iglesias no ha dicho que España sea “una dictadura” o “como una dictadura”. A Iglesias se le pueden reprochar tales o cuales errores, pero no uno tan grosero como calificar de “dictadura” un sistema en el que él ha alcanzado la vicepresidencia. Iglesias es más perspicaz que eso: lo que ha dicho es que no se puede considerar “normalidad democrática” el hecho de que un puñado de dirigentes independentistas catalanes sigan encarcelados. Pienso que tiene razón.
España no es una dictadura, pero tampoco una democracia irreprochable. De hecho, no hay democracias irreprochables; la presidencia de Donald Trump acaba de evidenciar las carencias de la que se proclama la mejor de todas, la estadounidense. La democracia es un ideal hacia el que caminar, y la española necesita abandonar el inmovilismo y la autocomplacencia de determinadas élites, y reanudar la marcha. Así opinan unos cuantos millones de compatriotas españoles. Ni me alarma ni me indigna el comentario de Pablo Iglesias. En sintonía con lo que expresaban en las calles los pacíficos manifestantes del 15M, creo que España es una democracia manifiestamente mejorable. La Transición consiguió el nivel de libertades y derechos que permitía la correlación de fuerzas de entonces, pero nuestros hijos y nietos no pueden vivir de su constante adoración. El mejor homenaje que se puede hacer a la Transición es considerar que sus conquistas son perfectibles.
La inoportunidad o el mal gusto no pueden ser penalizados, la libertad de expresión es un pilar básico de la Europa democrática
El encarcelamiento de los independistas catalanes no es la única “anormalidad” de la democracia alcanzada en 1978, tras la muerte del dictador Francisco Franco un 20 de noviembre de 1975. Ahora mismo el rapero Pablo Hasél ha sido mudado a la cárcel por unos comentarios sobre la monarquía o el terrorismo que no han provocado el menor daño a la libertad, la vida o la hacienda de nadie. Por zafios o desafortunados que le parezcan tales comentarios, ningún demócrata puede aplaudir el encarcelamiento de Hasél. La inoportunidad o el mal gusto no pueden ser penalizados. La libertad de expresión es un pilar básico de la Europa democrática. Aplaudo el manifiesto en contra del encarcelamiento de Hasél difundido estos días. España no es Marruecos ni Turquía, pero se equipara a esos países cuando encarcela a cómicos, raperos, humoristas, tuiteros o periodistas por tales o cuales frases de sus textos o espectáculos. La penalización de opiniones diferentes de las mayoritarias es una espada de Damocles que pesa sobre nuestros escritores y artistas. Recordemos que el de Hasel no es un caso aislado. En los últimos años, un puñado significativo de disidentes -Valtonyc, Hasél, La Insurgencia, los titiriteros del Gora Alka-ETA, Cassandra Vera, César Strawberry, El Jueves, Billy Toledo, Coño Insumiso…- han sido acosados por sus opiniones sobre la monarquía, la religión o la Policía. Algunos han dormido entre rejas, los más han sido absueltos al final, todos han sufrido angustia y dolor, gastos económicos y daño a su reputación. No creo que esto sea “normalidad democrática”.
Como tampoco que el anterior jefe de Estado se largara a un emirato para no tener que dar explicaciones sobre supuestas corrupciones y evasiones fiscales. En todas partes cuecen habas, por supuesto, pero en España a calderadas. ¿Es normal que, desde La Zarzuela a cientos de ayuntamientos, pasando por partidos que han gobernado o gobiernan comunidades autónomas y hasta España entera, la corrupción sea aquí habitual, si no crónica? ¿Es normal que un Consejo General del Poder Judicial partidista y caducado hace dos años le diga al Parlamento lo que tiene o no que hacer, siga nombrando cargos y continúe disfrutando de prebendas en vez de volver a sus anteriores ocupaciones? ¿Es normal que militares jubilados chateen sobre golpes de Estado y fusilamientos masivos? España es una democracia, sí, pero, como el vino, la literatura o los teléfonos inteligentes, las democracias tienen diferentes calidades. ¿Cuál es su nivel de calidad? Mejorable, manifiestamente mejorable en su protección de las libertades y los derechos, en la independencia e imparcialidad de su justicia, en su rigor contra la corrupción. Y también, en su capacidad o incapacidad para resolver por medios políticos un conflicto político, en vez de cerrarlo en falso por la vía policial, judicial y penitenciaria. Aunque a su inteligencia se le escape esta diferencia, señor Pablo Casado, decir esto no es decir que España sea una dictadura, ni mucho menos.
El senador Ricardo Monreal quiere regular las redes sociales, pero no se ha preocupado porque la población tenga más acceso a Internet
En esta ocasión, el senador morenista cambió de estrategia. Normalmente, presenta sus iniciativas y después se abre la discusión. Ahora anunció su intención de regular las redes sociales pero no conocemos el contenido de la propuesta, desatando un debate y especulaciones al respecto. Monreal está sondeando el alcance de su iniciativa porque es difícil regular el ciberespacio. Pretende hacerlo en pleno proceso electoral, a sabiendas de que el sentido de su propuesta le puede restar adeptos a su partido, sobre todo entre la población joven usuaria de Internet. Las reacciones al anuncio del senador se han centrado en las secuelas. En si deben o no regularse las redes sociales y cómo hacerlo. Ya se ha escrito mucho sobre ello y se escribirá más cuando se conozca la iniciativa. Pero no se han abordado los antecedentes. No se le han señalado al senador, su partido y el gobierno en el poder las acciones que han dejado de realizar para que las personas tengan acceso a las redes sociales.
Jorge Bravo es el presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi). Analista de medios y telecomunicaciones y académico de la UNAM. Estudia los medios de comunicación, las nuevas tecnologías, las telecomunicaciones, la comunicación política y el periodismo. Es autor del libro ‘El presidencialismo mediático. Medios y poder durante el gobierno de Vicente Fox’. Ha escrito estos días en varios medios de comunicación titulado ‘Monreal o antes de regular las redes sociales’, donde se dirige al senador Monreal y le dice que sus iniciativas son más reactivas que propositivas. “Pero hay que reconocer que generan mucho debate, casi siempre para advertir los riesgos que implican los controles digitales y políticos que buscan implementar. Podría utilizar su influencia política y legislativa para que el gobierno de la Cuarta Transformación sea más digital. Usted quiere regular las redes sociales, pero todavía existen 40 millones de mexicanos desconectados que son habitantes de segunda en plena Sociedad de la Información y el Conocimiento. Usted quiere prevenir que Facebook, Twitter o cualquier plataforma social censuren al presidente López Obrador como lo hicieron discrecionalmente con los comentarios irresponsables de Donald Trump que provocaron el asalto al Capitolio. Pero la motivación no puede ser la represalia autoritaria para proteger a los políticos de las normas comunitarias de las plataformas…”.
Gracias a las redes sociales las personas que no tienen posiciones de poder ni son líderes de opinión ni trabajan en los medios de comunicación, se pueden expresar. Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, TikTok y otras redes sociales hicieron realidad la libertad de expresión de sus millones de usuarios que antes estaban vedados de ejercer ese derecho fundamental. Antes de acceder a las redes sociales las personas requieren conectividad. Aún con excesos que el propio usuario puede prevenir, los avances tecnológicos, la democratización de la banda ancha y la innovación de las plataformas digitales han expandido la libertad de expresión. El debate que ha suscitado el ex perturbador Gregorio Monreal en tiempos de los panistas Vicente Fox y Felipe Caderón y el priista Enrique Peña Nieto tiene muchos puntos de semejanza con lo que está ocurriendo en España.
“Está pensando que el IFT proteja la libertad de expresión de los usuarios de las terribles redes sociales donde sí tenemos libertad de expresión”
Ricardo Monreal Ávila (Plateros, Zacatecas. 19 de septiembre de 1960) es un político, abogado y académico mexicano. Fue jefe de la delegación Cuauhtémoc de la Ciudad de México por el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) desde 2014 hasta diciembre de 2017. Inició su trayectoria política en 1975 en el Partido Revolucionario Institucional (PRI); luego, entre 1998 y 2004 fue gobernador del estado de Zacatecas por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y, posteriormente, estuvo involucrado con el Partido del Trabajo (PT) coordinando la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador. Desde el 1 de septiembre de 2018 se desempeña como Senador de la República por Lista Nacional y funge como Presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Senado. Estudió Derecho en la Universidad Autónoma de Zacatecas y luego cursó estudios de maestría y doctorado en Derecho Constitucional y Administrativo en la Universidad Nacional Autónoma de México. Como profesor universitario, ha impartido las materias de Derecho Agrario, Derecho Administrativo, Derecho Mercantil, Derecho Electoral y Derecho Municipal. Así como no hay políticos limpios y sin historia, Ricardo tiene las suyas. Como los negocios denunciados en la Delegación Cuauhtémoc que dirigió antes de la victoria de AMLO; o el dinero en efectivo con que encontraron a su chófer en plena operación electoral en día de comicios en distritos muy distantes al suyo, como Texcoco en el Estado de México. Fue gobernador Monreal, de Zacatecas, el primer perredista en triunfar en su entidad, donde lo sustituyó después Amalia García, con quien sostuvo fuertes encontronazos porque Don Ricardo quería mantener control, posiciones y partidas presupuestales. En fin, como se dice en el argot político, un profesional que fundó un grupo familiar con aspiraciones de dinastía zacatecana. Ahí va David su hermano ahora, por la candidatura de Morena a la gubernatura del estado.
“Usted quiere regular el caos que ha significado el crecimiento acelerado de las redes sociales, -le recuerda Jorge Bravo- pero no se ha pronunciado por el desastre digital que impera en la administración pública federal. Ésta no tiene Estrategia Digital Nacional, desapareció la Subsecretaría de Comunicaciones y no pudo implementar un registro confiable y robusto para recibir la vacuna contra la COVID-19. Es todo lo contrario: las plataformas tecnológicas ordenan el caos de Internet y nos ayudan a encontrar lo que buscamos. Usted quiere que las plataformas digitales extranjeras paguen impuestos. Pero no existe un solo programa para impulsar las pymes, el emprendedurismo y los negocios digitales que además de contribuir al fisco, generarían empleos e innovación. Usted avaló la desaparición de fideicomisos para la conectividad o el desarrollo de la industria del software. Seguramente contempla que sea el Instituto Federal de Telecomunicaciones el que regule las redes sociales, pero hace poco usted mismo presentó una iniciativa para fusionarlo con las comisiones de Competencia Económica y Reguladora de Energía para crear el Instituto Nacional de Mercados y Competencia para el Bienestar (Inmecob). Habla bien de usted que haya retirado la iniciativa por el rechazo que generó el intento de minar la autonomía del regulador. Está pensando que el IFT (Instituto Federal de Telecomunicaciones) proteja la libertad de expresión de los usuarios de las terribles redes sociales donde sí tenemos libertad de expresión, pero ni siquiera las audiencias de los servicios de radio y televisión están protegidas”.
El proyecto de ley presentado en México supondría una violación del tratado comercial de Norteamérica
“Usted quiere que los titulares de los derechos de autor puedan prohibir el acceso público a contenidos que se difundan a través de banda ancha e Internet. Pero acaba de liberar en la red su más reciente libro ‘21 razones para el 21. Por qué continuar’, lo cual demuestra que el modelo de derechos patrimoniales en Internet va de salida y que el contenido gratuito también genera valor de cambio, como el marketing (también gratuito) a su libro en redes sociales (usted no pagó por la publicidad en redes sociales ni le molesta que sus seguidores compartan su contenido) o la promoción de su ideario y pensamiento políticos. Por cierto, la razón 14 de su libro es ‘Internet para todas y todos’. Usted reconoce que ‘México es de los países más atrasados en cobertura de Internet. Las comunidades y los pueblos continúan aislados, sin poder gozar de las ventajas que el resto del territorio nacional disfruta, como hacer llamadas telefónicas, videollamadas o consultas médicas, usar mensajería instantánea, solicitar servicios a las autoridades sin desplazarse grandes distancias, recibir o hacer pagos de manera inmediata, entre muchas otras utilidades. Usted pondera en su libro que 26,789 localidades tienen conectividad a Internet (en realidad son muchísimas más, pero los esfuerzos privados no cuentan). No aclara que CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos sólo proporciona el servicio de Internet en 712 puntos (los nefastos gobiernos neoliberales llegaron a conectar 101,000 sitios públicos de 250,000 previstos), y que Oaxaca y Guerrero (dos de las entidades con más brecha digital) no están contemplados en la cobertura inicial de la empresa de Internet de la 4T. Tampoco Zacatecas, su estado natal”.
El proyecto de ley presentado en México por el senador Ricardo Monreal supondría una violación del tratado comercial de Norteamérica. La enmienda propuesta a la Ley Federal de Telecomunicaciones crearía barreras comerciales injustificadas en violación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), dijo la Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI) en un comunicado. La reforma, redactada por Ricardo Monreal, quien lidera Morena en el Senado, requeriría que las firmas de redes sociales, incluidas Facebook y Twitter, “soliciten autorización” del IFT para seguir operando en el país. “La necesidad de obtener una autorización (…) atenta contra lo establecido en el T-MEC (…) poniendo barreras injustificadas al comercio digital que no son requeridas en EU ni en Canadá, generando incertidumbre jurídica y limitando el flujo transfronterizo de datos”, dijo ALAI. En el anteproyecto, sin embargo, Monreal aseguró que la reforma no violaría el T-MEC porque tiene como objetivo regular las plataformas de redes sociales en “lo que se refiere a los contenidos relacionados con libertad de expresión, lo que no significa invadir la esfera de la libertad de comercio que regula el T-MEC”. La legislación, que se encuentra en proceso de consulta y sería propuesta oficialmente en tres semanas, también otorgaría al IFT fiscalización en el establecimiento de un marco para la suspensión y eliminación de cuentas en redes sociales en un intento por proteger la “libertad de expresión”. Los representantes de Facebook y Twitter declinaron a comentar sobre la legislación propuesta. A principios de enero, el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como una “censura” de los gigantes tecnológicos el bloqueo -y posterior suspensión- de las cuentas del entonces presidente Donald Trump, luego de disturbios provocados por sus partidarios en el Capitolio. El mandatario mexicano, quien ha criticado en el pasado a las redes sociales y cuyo Gobierno ha sido señalado de usar bots para mejorar su imagen, aseguró el mes pasado que está coordinando con los países miembros del G-20 una propuesta conjunta contra las restricciones de estas compañías.
Hasél, un niño de papá comunista y antifascista, Pau Rivadulla Duró, 33 años y vecino de Lleida, el rapero catalán ahora famoso como nunca
Su encarcelamiento por delitos de enaltecimiento al terrorismo e injurias a la Corona –a lo que hay que sumar otras condenas aun no firmes por lesiones y amenazas– ha encendido la chispa de los incendios y algaradas violentas que asolan media España. Pero ¿quién es realmente Hasél? ¿Cómo ha podido provocar alguien apenas conocido más allá de su entorno esta tensa situación? ¿Por qué sus seguidores son tan jóvenes? Son solo algunas de las preguntas que muchos se plantean ahora –con independencia de si lo critican o apoyan– vista la magnitud de las protestas. Y no tienen fácil respuesta. En estos casos lo aconsejable es ir al principio. Pau Rivadulla es hijo de una familia acomodada de Lleida. Su padre, Nacho Rivadulla, trabajó durante años como profesor de matemáticas en el IES Gili y Gaya antes de embarcarse en diferentes negocios (la mayoría vinculados con la agricultura) y formar parte, junto con Tatxo Benet, de una truncada aventura con la Unió Esportiva Lleida. Ambos, consejeros del club, fueron absueltos tras acusarles de la quiebra de esa sociedad.
Su madre, Paloma Duró, es hija de un reputado abogado de Lleida. De pequeño era muy normal ver a Paloma (con la que Pau seguiría manteniendo una buena relación) con su hijo en las instalaciones del selecto club Tenis Lleida. Ese Hasél niño estudió en el Claver, centro privado jesuita por el que han pasado también los hijos de las familias más acomodadas de Ponent. Y ahí se pierde la pista académica de Pau, que no acabó ni el bachillerato. Jamás ha pisado como alumno la universidad, aunque la UdL sea, paradójicamente, el escenario de algunas de sus acciones más sonadas (la agresión a un par de periodistas que hacían su trabajo) y también el recinto en el que se encerró la pasada semana, mientras pedía a gritos que fueran a detenerle o “secuestrarle”, como repetía. El rapero, que en la cárcel dice ser un preso político, acude siempre allí donde hay protesta. El Pau niño tenía ya, recuerdan personas que compartieron con él y su familia muchas tardes en el Tenis Lleida, una mirada inquietante. “Amenazante”, dicen aquellos que han tenido algún encontronazo con el rapero. Apenas parpadea. Y otra percepción en la que coinciden quienes lo han tenido muy cerca: “roza el narcisismo”. Se quiere y le gusta mostrarse en las redes con su perro, en la playa o con una joven a la que nunca se ve la cara. Ahí ha publicado muchas fotos de su infancia, que por lo que se ve en esas imágenes fue muy tranquila y feliz.
¿Cuándo pasó Pau a convertirse en Hasél? No queda claro, pero tal y como cuenta él en una entrevista publicada en el 2018 en Revista R@mbla, a los 14 años se saltaba ya las clases para irse a una plaza a escribir poemas y letras de canciones. Dice ser un autodidacta y no queda claro quien le inculcó las ideas que defiende. En su familia, como en la mayoría, hay un poco de todo. Un abuelo paterno franquista que daba caza a los maquis en el Pirineo, una tía militante de Iniciativa per Catalunya, parientes muy cercanos de derechas… Es lo que ha mamado en casa. “Tiene una autoestima muy alta, él está por encima del bien y el mal. Atiende solo a los que respetan sus ideas. Se cree en poder de la verdad absoluta”, dicen los que le conocen. En la cárcel mantiene esa actitud altiva; allí se ha presentado como “un preso político”. Hasél siempre está en modo lucha. Se ha dejado ver en los últimos años por Lleida en todo tipo de manifestaciones. Si hay protesta, él está ahí. Y aplica, sería un punto a su favor, la premisa del “yo me lo guiso, yo me lo como”.
Pau va por libre (se presenta como comunista y antifascista) y la experiencia acumulada a sus 33 años en la movilización –ya no cree ni en Podemos, decía tiempo atrás, y su receta es la acción directa– le convierte en un “héroe” para la gente más joven, muchos precoces adolescentes. En esa entrevista del 2018 ya presagiaba que si lo encarcelaban el altavoz de su causa se amplificaría y que la “revolución” en las calles la encabezarían los más jóvenes. Ha acertado. A Hasél no le agrada que le lleven la contraria. Algo que no deja de chocar con lo que tanto predica: la defensa de la libertad de expresión. La Audiencia de Lleida ha confirmado esta semana una sentencia de más de dos años de cárcel contra Rivadulla por amenazar de muerte a un testigo que declaró en contra de uno de sus amigos implicado en un altercado con la Urbana. Y pesa sobre el rapero otra sentencia por agredir a un periodista de TV3, que cubría una protesta de Hasél y sus seguidores porque la UdL había contratado a una profesora del PP. Estos dos fallos aún no son firmes, al estar pendientes de recurso. Àlex Oró, el periodista agredido por Hasél en la UdL, deja claro que él no quiere ver a ninguna persona en la cárcel por cantar. “¡Claro que defiendo la libertad de expresión¡ –exclama Oró– pero mi deber moral, si te pegan por hacer tu trabajo, era denunciar esa agresión”. Los antecedentes del joven van más allá de sus canciones; también hay amenazas y lesiones.
Pau Rivadulla tenía ya muchos números de acabar en la cárcel, como autor de esos hechos mencionados que nada tienen que ver con la libertad de expresión. En esas causas, pendientes de resolución firme, se habla de lesiones, obstrucción a la justicia y amenazas. Aunque el ingreso en la cárcel ha llegado por dos sentencias (estas sí firmes) por enaltecimiento del terrorismo e injurias a la corona, en pleno debate sobre la desaparición del artículo del Código Penal que castiga con cárcel esas conductas. Que hay que cambiar el Código Penal –“para que ningún otro cantante acabe entre rejas”, como dice Oró– es un tema que muy pocos discuten ya a estas alturas. Pero eso no borra la cuenta pendiente con la justicia de Hasél –que no ha mostrado ni un ápice de arrepentimiento– con condenas desde el 2011, algunas por graves amenazas de muerte que han quitado el sueño a sus destinatarios.
El ex alcalde de Lleida, Ángel Ros, fue una de las víctimas. El rapero fue condenado a una pena de multa por desear la muerte del político. El fiscal había pedido 1.3 años de cárcel. Y las amenazas, lesiones o la obstrucción a la justicia, se hagan cantando, de viva voz o por carta, son delitos que nadie cuestiona, por ahora, en el Código Penal. Creo que estamos ante un problema personal psiquiátrico y otro de salud mental social en Barcelona y Catalunya más que ante un problema político. “Exigimos Libertad a nuestros presos por luchar. Pablo Hasél (España). Susana Prieto (México). Abajo las cárceles del Estado Burgués. Campaña por la liberación de Susana Prieto & Pablo Hasel”, reza en un cartel de las redes sociales. “Presidente de México pide libertad de rapero español”, titular en un noticiero en la televisión de Milenio.
Está de moda regular las redes sociales. Sí existen alternativas democráticas y de salvaguarda de los derechos humanos para hacerlo. Pero el debate no puede estar ausente de las asignaturas pendientes y de las omisiones de quienes podrían impulsar la conectividad. No olvidemos que el derecho de acceso a las Tecnologías de la Información y la Comunicación, la banda ancha e Internet es el que habilita la libertad de expresión. Antes que las redes sociales están la infraestructura, la conectividad y los servicios de telecomunicaciones. No por proteger la libertad de expresión de políticos y gobernantes (que tienen espacios de sobra para expresarse) olvidemos que es un derecho de todos los quintanarroenses y mexicanos, pero no todos tienen la oportunidad digital para ejercerlo. ¿Arden Barcelona y Madrid… por el rapero catalán Pablo Hasél? ¿Arderá México contra las regulaciones de Twitter y Facebook del senador morenista Ricardo Monreal Ávila para ‘proteger’ el derecho de expresión de los internautas mexicanos y así como de los 40 millones de ‘desconectados’?
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