Más de 50 motorepartidores se manifestaron en el Congreso de Quintana Roo, para exigir que el Imoveqroo desista en su intención de cobrarles un permiso especial con costo de mil pesos, para poder operar en la entidad.
Los afectados no se niegan a cumplir con este trámite, pero destacan que la cantidad que intentan cobrarles es excesiva.
Considerando que son aproximadamente 14 mil motorepartidores en Cancún, Playa del Carmen y Chetumal, este cobro representaría un ingreso al Imoveqroo de hasta 14 millones de pesos al año.
“Definitivamente no estamos de acuerdo con la pretensión del Instituto de Movilidad de cobrar un permiso anual especial para que se les permita trabajar sin antes ser regulados como se debe e incluirlos en la Ley de Movilidad, consideramos que tal vez es necesario formalizar la actividad pero rechazamos que se ahora se quieran aprovechar de que hay mucha demanda de este tipo de servicio para obtener ingresos, eso es lo que no se vale y no se vale porque sí se ha pedido ser regulados pero no ha habido una respuesta en este sentido, ni otras alternativas” aseveró Malo Ruvalcaba.
Especificó que la gran mayoría de quienes se dedican a esta actividad, son jóvenes estudiantes y madres solteras que están generando ingresos para sus familias a través del auto empleo, aún a costa de exponer sus vidas en cada llamado y por únicamente 30 pesos que es la tarifa base que manejan.
Manifestó que están contando con el apoyo de la diputada Erika Castillo Acosta quien es la presidenta de la Comisión de Movilidad de la XVI Legislatura local y a quien presionarán para que modifiquen la Ley y se regule con prontitud esta modalidad de servicio de reparto y diligencias y sin que se politice o se atribuya el mérito a un partido político, ya que sentenció que cuando se trata de luchar por el bienestar de los más vulnerables y desprotegidos, no se le debe poner ningún color.