Signos
Por Salvador Montenegro
Si alguna oposición debiera tener una oportunidad frente al oficialismo en la próxima sucesión presidencial, no debiera ser la que sume con el panismo.
Se puede o no estar de acuerdo con Andrés Manuel en ciertos aspectos fundamentales de su gestión y de su modo de ser (su intolerancia y su falta de autocrítica, por ejemplo; o sus empecinamientos fallidos, como el del cantado fracaso de la politización justiciera en torno a la invención de la nueva verdad de Ayotzinapa; o los desaciertos en la designación o en el aval de candidaturas propias tan corruptas como algunas de las que más censura en el bando de lo que llama el ‘conservadurismo’, y que lo mismo están curtidas en la mafia verde o las del ‘narco’). Pero en otros frentes igual o más esenciales para el país, habría que revisar casos ejemplares en donde la razón histórica lo asiste de manera inequívoca.
Claro que no existe liderazgo político de prístina pulcritud (la política sin tratos de conveniencia y tráfico de influencias y mentiras a conciencia no es política) como no puede haber ser humano inmaculado. Y júntensele las referencias especulativas que se quieran, pero después de Juárez es el mandatario mexicano más austero y menos corrupto de la Historia (en lo que a no robarse los patrimonios nacionales se refiere, por lo menos).
Hoy día Andrés Manuel, para no ir muy lejos, está anunciando que antes de terminar su mandato se incrementará a más de 450 mil millones de pesos la pensión que beneficiará de manera directa a más de 12 millones de viejos mayores de 65 años, para cuyos más necesitados de ellos y para las familias de las que dependen, eso representa un auxilio vital que habrían de agradecerle tanto como los creyentes al Espíritu Santo. (Sí, sí, claro: es recurso público y en buena medida el programa puede tener el sesgo clientelar y electoral que se le quiera ver, pero ninguna otra política acreditada en términos de bienestar social había sido tan servicial y tan transparente en su ejercicio. Todos los programas sociales, de la miserable y fracasada ‘Cruzada nacional contra el hambre’ de Peña para atrás, todos, absolutamente todos, los del panismo y el priismo, fueron monumentales raterías y cochineros de instituciones, partidos, funcionarios y seres rapaces y despreciables). Y sí, son enormes recursos rescatados de la corrupción.
Fueron más de 420 empresas esenciales del Estado mexicano las que Salinas de Gortari, para no ir más lejos, expropió y privatizó en los noventa en favor de menos de 40 familias de la oligarquía de su entorno inmediato, las cuales, desde luego y gracias a ese concentrador impulso récord de una corrupción tan escatológica y tan monumental e incomparable en el mundo entero, pasaron a formar entre las más adineradas del orbe. Ni en los tiempos de la Colonia se perpetró un robo de las mismas dimensiones y con la misma legalidad de una conquista del poder del Estado, ni nadie en su sano juicio dudaría que el dueño de todo ese poder sería también el más rico del mundo. Si sólo uno de los bancos privatizados y vendidos a una sociedad de testaferros salinistas -para volver a ser vendido a un consorcio global sin pagar un solo peso de impuestos- pudo cambiar de valor de 10 millones a 10 mil millones de dólares, ¿en cuánto puede estimarse el hurto sólo de esas operaciones bancarias, si además se le suma la declaratoria de quiebra de los bancos privatizados y su rescate superior a los 100 mil millones de dólares durante la Presidencia priista de Zedillo mediante el endeudamiento del país con cargo a los contribuyentes mexicanos de cien generaciones conocido como Fobaproa?
Y fueron más de 420 mil millones de dólares (o 7 billones 753 mil 200 millones de pesos) los ingresos obtenidos como ‘excedentes petroleros’ durante los sexenios panistas de Fox y Calderón, de los que no quedó registro ninguno de sus beneficios en obra pública y gasto social, porque nunca creció del 13 por ciento en el que estaba dicho sector presupuestario, y en cambio se multiplicaron los financiamientos para la administración de Gobierno -o gastos de burocracia y administración- y para los inversionistas privados, nacionales y extranjeros, a quienes se les entregaban en concesión los sectores estratégicos de la economía estatal, incluidos los del desmantelamiento de la industria petrolera.
Muchos de esos miles de millones de dólares de excedentes petroleros se usaron -además de para emitir créditos blandos y amortiguar deudas duras de empresarios nativos, como los banqueros- para financiar a contratistas de Pemex que reconfiguraban las refinerías de Pemex que les fueron concesionadas, y para comprar gasolinas caras y otros derivados del petróleo en el mercado internacional porque en el país habían dejado de producirse.
Y otros tantos de esos miles de millones de dólares de excedentes petroleros se usaron para comprar Legislaturas federales (donde los gobernadores priistas tenían a sus representantes particulares, en tanto ahora no tenían, en cambio, el control presidencial de la vieja guardia totalitaria y ellos eran sus propios jefes políticos absolutos y se mandaban solos y negociaban a sus anchas con los nuevos jefes de la alternancia panista en el poder presidencial, todo tipo de reformas y paquetes presupuestarios, a cambio de todo tipo de participaciones de la Federación a sus entidades y sin ningún tipo de control de gastos y ejercicios, ni de los más astronómicos fondeos para todo tipo de candidaturas al servicio de los gobernantes). Y con otros tantos de esos miles de millones se hizo posible que Gobiernos como los de Quintana Roo, propiedad de gobernantes convertidos en tal cosa porque sobraban los dineros federales -de los excedentes petroleros- y el libertinaje para hacerlo, convirtieran la entidad en un deshuesadero porque el único requisito para nombrarlos gobernantes era que fuesen los más aptos para ser tratados como títeres inútiles e incondicionales y sólo a merced de sus patriarcas y tutores. Por lo que sólo puede explicarse que con una solvencia disponible de 420 mil millones de dólares de excedentes petroleros en un par de sexenios y con los que hubieran podido generarse toda suerte de inversiones públicas y obras sociales, y reducirse obligaciones fiscales y promoverse una salud pública y una seguridad pública y una infraestructura y una competitividad productiva y un desarrollo económico y humano de los más importantes y sostenibles de América Latina, ocurriese todo lo contrario: deudas infinitas e impagables, violencia incontenible, y una salud pública desintegrada en favor de la industria de la salud privada.
Claro que se pueden ahorrar 450 mil millones de pesos anuales hacia el 2024 para beneficiar a 12 millones de viejos a partir del año que viene. Y claro que bien puede cumplir Andrés Manuel con la promesa de rescatar el sistema público de salud de la devastación casi total a que fue sometido en favor de la industria de la medicina corporativa. Y ojalá que así como es de terco para esas cosas fundamentales no lo fuera para andarse metiendo en guerras perdidas, como la que acaba de ganarle al fatuo Fiscal General de la República, Gertz Manero, el exProcurador General de la República, Murillo Karam, respecto de una falsa masacre ‘de Estado’ cometida por carniceros del ‘narco’ a los que ha querido usarse, a cambio de privilegios penales, para acusar de ese ‘crimen de Estado’ al ‘conservadurismo’, aquí representado por el exProcurador ahora liberado de cargos criminales absurdos que se le imputaron de manera dolosa y quien puso, en su tiempo, a los verdaderos culpables de la tragedia, tras las rejas.
SM