TULUM.- La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) rechazó la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) que pretendía regularizar la operación por tiempo indefinido del Hotel, Restaurante y Club de Playa El Paraíso, ubicado dentro del área natural protegida Parque Nacional Tulum, en la zona hotelera del Pueblo Mágico.
Destaca que este hotel informó que ha operado con usos de suelo expedidos en 2007 cuando Carlos Joaquín González era alcalde de Solidaridad, municipio al que pertenecía entonces Tulum, a pesar de que se encontraba irregularmente dentro de un área natural protegida federal, donde están prohibidas estas construcciones.
La MIA regularizadora fue promovida el 30 de mayo de este año por la empresa Comercializadora Ivera S. A. de C. V., que dijo operar el inmueble desde el 2005 y que ya estaba construido desde antes de 1981, año del decreto del área natural protegida.
Sin embargo, el resolutivo emitido el pasado 1 de octubre rechazó la MIA, luego de haber hecho prevenciones a la empresa, por lo que no tiene regularizada su operación, aunque a pesar de eso permanece en funciones dentro del Parque Nacional Tulum, como se puede constatar en sus redes sociales.
La MIA pretendía regularizar la operación de un complejo turístico de 35 mil 973 metros cuadrados, con 18 habitaciones, restaurante, spa y club de playa, en una zona de alta sensibilidad ecológica, ubicada en el kilómetro 1 de la carretera Costera Tulum-Boca Paila, Manzana 003, Lotes 001 y 002.
Para tratar de regularización su autorización ambiental, dijo que desde febrero del 2007 obtuvo las licencias de uso de suelo de Alojamiento Hotel con 10 cuartos y Restaurante Bar-Beach Club, ambas emitidas por la Dirección General de Ordenamiento Ambiental y Urbano del ayuntamiento de Solidaridad, entonces gobernado por Carlos Joaquín González, cuando todavía no se creaba el municipio de Tulum.
La empresa argumentó que las edificaciones existían desde 1979, antes de la creación del Parque Nacional en 1981, pero la misma información de las licencias de uso de suelo y la petición de regularización muestran que hay una diferencia de 8 habitaciones entre unas y otra, por lo que indica que el hotel fue ampliado después del 2007, pero la empresa omitió esa información en su MIA.
Además, parte de las construcciones, unos 135 metros, se ubican sobre la Zona Federal Marítimo Terrestre, afectada por el desplazamiento de la línea costera, según la empresa, no por corrimiento de sus construcciones.
Por otra parte, la evaluación carece de la caracterización requerida del ecosistema y la descripción de los impactos causados por las construcciones que se quieren regularizar, por lo que a simple vista la MIA es defectuosa e incompleta.
Por lo anterior, la evaluación ambiental determinó que la operación genera daños significativos al ecosistema costero.
Entre los impactos detectados figuran erosión de playas por remoción de vegetación, afectación a áreas de anidación de tortugas marinas, introducción de especies invasoras y alteración del flujo hidrológico natural.
El informe también reportó emisiones anuales de 348 toneladas de gases de efecto invernadero, así como un manejo inadecuado de aguas residuales y residuos peligrosos en una zona de dunas y manglar.
La Semarnat y la Conanp reiteraron que en la zona costera del Parque Nacional Tulum están prohibidas la construcción y la ampliación de inmuebles y de infraestructura turística privada o pública, y sólo se permiten obras de mantenimiento.
De hecho, el Programa de Manejo del Parque Nacional Tulum considera irregular la operación de los hoteles que se encuentran en la zona costera del área natural protegida, al sur de la zona arqueológica.
Lo anterior es con base a la sentencia dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Controversia Constitucional 72/2008, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2011, que indica que “deberá ser la Federación la que, en ejercicio pleno de su jurisdicción sobre estos bienes y atendiendo, en todo momento, a su preservación, resuelva la situación de las construcciones existentes en el área, para lo cual podrá coordinarse con el estado de Quintana Roo y los municipios demandados, estableciendo la forma y los términos en que éstos intervendrán”.
Fuente: Cambio22