Signos
Por Salvador Montenegro
Lo que canta la ‘Guacamaya’ no es cosa menor. Se vislumbra una amenaza.
¿Se militarizaron las aduanas para que el ‘narco’ amigo traficara libremente desmovilizando, con ese fin, a los militares responsabilizados de ellas?
El argumento sería estúpido desde la lógica más básica. Las aduanas eran nidos de los delincuentes institucionales más a merced del ‘narco’ y de todo tipo de criminales dedicados al tráfico internacional de todo lo prohibido, incluyendo combustibles y armas. No se requería reemplazar a ese tipo de aduaneros civiles por militares para desmovilizarlos y operar la complicidad del Gobierno insinuada por la ‘Guacamaya’. Pero tratándose de militares y de la impostada oposición política a la presunta militarización del país (que no es más que el uso de los efectivos militares donde el civilismo es un fracaso y un rotundo e irremediable fraude burocrático y policial, aunque el cretinismo crítico en la opinión pública que favorece la desmovilización absoluta de las Fuerzas Armadas y su permanencia costosa e improductiva en los cuarteles no sepa de más alternativas ni proponga nada más contra la violencia ni contra la ineficacia institucional perpetuas), viene muy bien invocar la posible corrupción militar en las fronteras, y sobre todo en la de Estados Unidos y México, para favorecer una eventual acusación de complicidad del comandante supremo de las Fuerzas Armadas mexicanas con las mafias del tráfico internacional de drogas.
Y acaso la ‘Guacamaya’ -del ‘hackctivismo’ infiltrado en la Defensa Nacional- no sea más que un anuncio velado para presionar en la negociación de ciertas cosas, como una contrarreforma eléctrica en favor de los infectos corporativos multinacionales de las ‘energías limpias’.
Ya el mejor periodista que ha habido en México, Manuel Buendía (que también pudo haber sido asesinado por la Inteligencia estadounidense en tiempos en que la misma controlaba a plenitud los aparatos mexicanos de la seguridad nacional e interior), denunciaba en una serie de columnas periodísticas reunidas en el libro “La CIA en México” y ‘con los pelos de la burra en la mano’, que, durante el Gobierno anticomunista y anticastrista de Gustavo Díaz Ordaz, los jefes del espionaje estadounidense, aprovechando esa coyuntura, intentaron el aislamiento total de Cuba en el Continente Americano -donde después de la embestida de la OEA ordenada desde Washington ya sólo le quedaba México de aliado, que había condenado el ataque diplomático durante la Presidencia de Adolfo López Mateos- mediante una muy evidente maniobra de espionaje perpetrada desde dentro de la Secretaría de Gobernación -cuyo titular era Luis Echeverría, el luego sucesor de Díaz Ordaz- y con la implicación de la Embajada de México en La Habana. Se trataba de que el Gobierno cubano descubriera la operación que identificaba la sociedad del espionaje estadounidense-mexicano contra el reciente Estado revolucionario y promoviese, en consecuencia, la ruptura de las relaciones, intento que no prosperó (como no tuvo éxito, tampoco, durante ese mismo régimen mexicano, el intento de asesinato contra el entonces líder isleño porque fue descubierta la conjura -perpetrada con un francotirador cubano perteneciente a una organización terrorista de Miami, Alpha 66, financiada por la CIA- por la simple razón de que el elegido para disparar contra Fidel en el “Ángel de la Independencia” de la Ciudad de México desde una ventana del Hotel María Isabel Sheraton, era un agente revolucionario infiltrado en el grupo criminal y quien había sido elevado en ella por su entonces sanguinario y célebre jefe, Nazario Sargent, al rango de Jefe de Operaciones Navales).
La ‘Guacamaya’ tiene un tufo parecido.
Puede o no intentarse una causa procesal de Washington en contra del Presidente de México involucrando a las Fuerzas Armadas y su papel como comandante supremo de las mismas y como jefe del Estado, o puede tratarse sólo de una escaramuza con una segunda intención.
Es obvio que Washington ha querido que la ‘Guacamaya’ parezca lo que es: producto suyo; que la CIA espía a un enemigo de su seguridad nacional y a un potencial cómplice de los autores del peor de sus males: los narcos envenenadores de su vasta e incurable población de adictos inocentes y potenciales o reales suicidas y sicópatas. Y es concebible la posibilidad de que lo que se quiere, en un plan A, sea ‘sólo’ la negociación a modo de las inversiones privadas en el sector energético y su desregulación estatista y nacionalista -que tanto conviene a las mafias corporativas nacionales y globales, sobre todo estadounidenses, y tanto daño haría a los grandes y mayoritarios sectores populares-, cuando no la alternativa de un plan B que incluyera una efectiva causa penal contra el mandatario mexicano, con un agravante: Manuel Bartlett, actual titular de la Comisión Federal de Electricidad y defensor a ultranza de la nacionalización energética, fue Secretario de Gobernación cuando mataron a Buendía y era entonces el principal colaborador mexicano de la CIA en México, según revelaciones de los entonces representantes oficiales de la DEA, la oficina estadounidense antidrogas, que han culpado siempre a Bartlett y a la CIA de proteger a Rafael Caro Quintero luego de que matara al entonces agente antinarcóticos, Enrique ‘Kiki’ Camarena, que investigaba las operaciones del ahora reaprehendido capo sinaloense y que incluían la producción y el tráfico de drogas para la CIA, la que, en esos tiempos de Ronald Reagan, financiaba parte de la guerra de los ‘contras’ en Nicaragua con fondos procedentes del ‘narco’ colombiano, mexicano y centroamericano.
SM