CHETUMAL.- Organizaciones no gubernamentales de Quintana Roo y de todo el país advirtieron que el proyecto que analiza la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para restringir el interés legítimo en los amparos colectivos representa una amenaza directa contra el derecho de los ciudadanos a defender el medio ambiente y el acceso al agua.
El colectivo Sélvame del Tren, con el respaldo de Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS), se sumó al pronunciamiento de más de 30 asociaciones civiles que alertaron sobre la iniciativa impulsada por la ministra Yasmín Esquivel Mossa, contenida en el proyecto de jurisprudencia 217/2021.
“Una amenaza a los derechos fundamentales”
En un posicionamiento público, las agrupaciones señalaron que el proyecto busca limitar el interés legítimo colectivo con el que las organizaciones pueden promover juicios de amparo, lo que —advirtieron— socavaría el principio democrático de participación ciudadana y pondría en riesgo la defensa del medio ambiente, el acceso al agua y la salud pública.
“La restricción al interés legítimo plantea una amenaza directa contra los derechos fundamentales de los ciudadanos en México. Si se aprueba, se cerraría la puerta a la defensa colectiva del medio ambiente”, señalaron las organizaciones.
Impacto directo en la vida de las comunidades
El documento detalla tres consecuencias principales:
- Afectación a la salud y calidad de vida, al limitar la posibilidad de proteger los recursos naturales ante actos de contaminación o deforestación.
- Riesgo al derecho humano al agua, especialmente en regiones vulnerables donde los proyectos depredadores comprometen la seguridad hídrica.
- Retroceso en la justicia ambiental, al debilitar el acceso a mecanismos de defensa colectiva frente a megaproyectos o políticas que dañen ecosistemas.
Llamado a la sociedad civil
Las organizaciones hicieron un llamado a la acción ciudadana para rechazar el proyecto de la Corte y defender el derecho a participar en causas ambientales.
“Un sistema que silencia a las organizaciones civiles limita el desarrollo sostenible y perpetúa un modelo que prioriza el interés privado o gubernamental sobre el bien común”, subraya el pronunciamiento.
Un cambio legal que cerraría las puertas a la defensa ambiental
El proyecto de la ministra Esquivel propone que las ONG ya no puedan promover amparos solo con base en su objeto social, como se ha permitido durante años en materia de derechos humanos, educación o medio ambiente.
En cambio, tendrían que demostrar una afectación directa, algo que —según ambientalistas— haría imposible la defensa de derechos colectivos o difusos.
“Si les quitan a los ciudadanos el amparo para la defensa de sus derechos humanos, ¿a qué recurso legal tendrían que acudir?”, cuestionó Sélvame del Tren.
“La lucha por un medio ambiente sano es la lucha por la vida misma”, concluyó la organización.