Signos
Claro que no se conocen evidencias concretas que dimensionen la justa verdad sobre la corrupción, la complicidad y la subordinación de Gobiernos estatales y municipales, y de representaciones populares, Fiscalías, autoridades judiciales y policiales locales al control de las bandas criminales en las regiones de acaso todo el territorio nacional. Pero basta ver el ejemplo de la llamada ‘Operación enjambre’ en el Estado de México y la sociedad revelada entre Alcaldes de importantes Municipios y altas autoridades policiales y del sistema de Justicia con organizaciones delictivas responsables de la más diversa gama criminal para saber que puede haber gradualidades en los nexos del hampa y los responsables políticos de la seguridad, pero difícilmente excepciones; y que no hay Policías, Fiscalías ni sectores judiciales que no estén contaminados, y en mayor medida controlados, por el hampa, allí donde su industria se despliega con mayor o con menor impunidad. De Quintana Roo a Baja California y de Chiapas a Tamaulipas, el crimen asciende por la escalera del poder y se extiende por sus ámbitos institucionales financiando y ganando cada vez más elecciones y accediendo a las posiciones de la representación social y sincretizándose con el orden constitucional, es decir legalizándose y legitimándose de manera más habitual y progresiva. La evidencia concreta del Estado de México establece que la limpia de la estrategia presidencial anticrimen tendría por prioridad la investigación y el espionaje sobre el poder político en todas las entidades y regiones sometidas por el crimen organizado.
SM