CHETUMAL.- Pescadores de las comunidades de Punta Herrero y María Elena denunciaron presiones para limitar sus actividades en la costa central de Quintana Roo, lo que —afirman— podría poner en riesgo el sustento de decenas de familias que dependen de la pesca y del turismo comunitario.
A través de una carta pública dirigida al gobierno estatal, los trabajadores del mar señalaron que personas ajenas a la comunidad, vinculadas a intereses turísticos y capital extranjero, buscan restringir sus labores en la zona donde aseguran haber trabajado durante generaciones.
El conflicto surge por la intención de la empresa estadounidense Blacksmith Pesca de monopolizar la pesca deportiva con mosca en la Bahía del Espíritu Santo, área ubicada en el litoral de la Reserva de la Biosfera de Sian Ka’an.
De acuerdo con los pescadores, en la zona opera como representante de esa empresa Jorge Angulo Tut, a quien señalan como excolaborador de negocios de pesca deportiva vinculados al empresario Roberto Hernández Ramírez, ex presidente de Banamex.
Denuncian presiones y amenazas
Los pescadores aseguran que el conflicto no se limita a una competencia comercial, sino que incluye presuntas presiones, amenazas de clausura y actos de acoso para obligarlos a dejar la zona.
A su juicio, estas acciones formarían parte de una estrategia para concentrar la actividad turística y la pesca deportiva en manos de un solo grupo.
Advirtieron que, si estas presiones continúan, las comunidades locales podrían quedar excluidas del aprovechamiento de los recursos naturales que durante años han sostenido su economía.
Buscarán diálogo con el gobierno
Ante la situación, los pescadores solicitaron una audiencia con la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama.
Además, informaron que acudirán a la audiencia pública que la mandataria realizará en la comunidad de X-Pichil, en Felipe Carrillo Puerto, para exponer directamente el problema.
Los habitantes buscan explicar cómo, según su denuncia, grupos externos intentan controlar la actividad económica local mediante presiones e influencias.
Piden “piso parejo”
En el documento, los pescadores aseguraron que no se oponen al desarrollo turístico, pero pidieron que se garantice un trato justo para las comunidades locales.
También manifestaron su disposición para regularizar su actividad, tramitar permisos y cumplir con sus obligaciones fiscales ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
El objetivo, afirmaron, es evitar que el crecimiento turístico de la región desplace a las familias que históricamente han vivido y trabajado en estas costas.
Mientras esperan una respuesta del gobierno estatal, los pobladores señalaron que mantienen vigilancia comunitaria en la zona para proteger sus áreas de pesca y los pequeños servicios turísticos que operan en la región.
Con información de Cambio22