CHETUMAL.- El aumento del 13 por ciento al salario mínimo autorizado por el Gobierno federal ha generado incertidumbre y preocupación entre el sector empresarial de la capital de Quintana Roo, particularmente entre las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes), que advierten limitaciones financieras para absorber el nuevo costo laboral sin afectar su operación.
Así lo señaló Adriene Díaz Villanueva, vicepresidenta de la Canaco Servytur Chetumal–Tulum, quien reconoció que la falta de liquidez en el sur del estado podría provocar efectos negativos si el incremento se aplica de manera uniforme, sin considerar las diferencias económicas entre regiones y sectores productivos.
Ante este escenario, explicó que desde la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio (Concanaco) se están impulsando propuestas para que el aumento salarial no se aplique de forma generalizada, sino que se analice por giros y regiones, tomando en cuenta que el contexto económico del sur del estado es distinto al del norte, donde la actividad turística genera mayores ingresos.
Díaz Villanueva subrayó que no todos los sectores tienen la misma capacidad para absorber un aumento salarial. “No es lo mismo una empresa de consultoría que un hotel o un restaurante. A veces la ley no puede ni debe aplicarse de manera pareja para todos los sectores”, afirmó, al advertir que una aplicación homogénea podría resultar contraproducente.
Como parte del análisis, el sector empresarial realiza un diagnóstico interno para evaluar los impactos reales del aumento. No obstante, la dirigente no descartó que, de mantenerse el incremento del 13 por ciento, algunas empresas se vean obligadas a reducir su plantilla laboral, congelar contrataciones o ajustar sus operaciones para minimizar el impacto financiero.
“Hay riesgo de despidos, que es justamente lo que no queremos. Para nosotros es fundamental conservar los empleos, pero ya se han registrado algunos recortes. Aún no tenemos cifras finales porque el documento se presentará de manera oficial”, señaló.
A estos factores se suma el riesgo de un crecimiento de la informalidad y una reducción en la inversión, ya que algunas empresas podrían optar por esquemas menos regulados ante el incremento de costos. Además, Díaz Villanueva recordó que en 2026 también se prevé la modificación a la jornada laboral, lo que representará un nuevo reto para estados con vocación turística como Quintana Roo, donde en ciertos rubros se requiere operación continua las 24 horas, los siete días de la semana.
Finalmente, insistió en que las reformas laborales deben ajustarse a la realidad económica regional y sectorial, para evitar que medidas diseñadas para mejorar las condiciones laborales terminen provocando efectos adversos en el empleo formal y en la estabilidad de las empresas.
Con información de Cambio22