CHETUMAL.- La titular de la Comisión de Operación Sanitaria de la Cofepris, Bertha Alcalde Luján, reconoció que recibieron una serie de denuncias cometidos presuntamente por verificadores estatales contra establecimientos de salud en Quintana Roo.
“Desafortunadamente esto es algo histórico, era común que las comisiones que tienen que ver con riesgos sanitarios en las entidades (las llamadas Coespris, creadas por decreto el 5 de julio de 2001) funcionaban como cajas chicas de gobiernos locales, y decidimos, como parte de una estrategia más general de combate a la corrupción, ser más estrictos, tomar acciones preventivas, aun no podemos hacer conclusiones (de las denuncias), pero es importante que en Quintana Roo se sepa que únicamente los funcionarios federales pueden hacer verificaciones en laboratorios, en hospitales, en los distintos establecimientos de salud, en farmacias”, explicó la titular de la Comisión de Operación Sanitaria de la Cofepris.
En entrevista con Milenio, Alcalde Luján reconoció que recibieron una serie de denuncias de corrupción, extorsiones, “mordidas” y sobornos, cometidos presuntamente por verificadores estatales contra establecimientos de salud en Quintana Roo.
Esto ameritó abrir una investigación por parte de la Secretaría de la Función Pública (SFP) y se encuentre en curso la de la Fiscalía General de la República (FGR).
Respecto a las irregularidades detectadas en Quintana Roo, entre éstas, el uso de “tarjetas de salud” con las que se extorsionan a empresas y empleados; entre 2014 y 2019, 644 personas físicas y empresas fantasmas expidieron 423 facturas apócrifas a los Servicios Estatales de Salud y al IMSS de Quintana Roo, según datos obtenidos por Milenio.
También desvío de fondos federales y quebranto por más de 4 mil millones de pesos en cinco años; campañas, servicios y pagos a personas “fantasmas” detectados por la Auditoría Superior de la Federación 2011-2018.Además de Quintana Roo, se aplicará, en breve, las mismas medidas a otros estados en los que haya presunción de prácticas ilegales y de corrupción relacionados con las verificaciones de operación sanitaria.
La decisión fue informada a Quintana Roo a través de un oficio y con base a lo estipulado en el “Acuerdo de coordinación” donde la Cofepris plasma su derecho a “reasumir” el control cuando se presenten asuntos que, por su magnitud, ameriten su intervención.
Desde la notificación “no ha habido una reacción en específico” por parte del gobierno estatal.
“Esta es una acción preventiva de algunas denuncias que se recibieron y todavía se están investigando. Son quejas de los dueños de los locales que se enfrentan a estas prácticas de corrupción (de pagar sobornos para poder operar)”, agregó.
Igual, abundó, “no se descarta que en un futuro se puedan dar esas atribuciones (ahora limitadas) de nuevo a Quintana Roo” en el sector salud.