Por motivos de inseguridad el fiscal debe renunciar

La nota rosa

Por Flor Tapia

Ha sido claro que el desempeño del fiscal general de Quintana Roo, Óscar Montes de Oca, ha sido deficiente, y no es que pretendamos que reconstruya el sistema de justicia mexicano (que para los beneficios que el cargo le ha generado sería lo mínimo que podría hacer) sólo que no estorbe a la posibilidad de que el Gobierno estatal reconstruya el camino a la seguridad, que no es otra cosa que los ciudadanos podamos vivir en paz. Su permanencia inhibe la posibilidad de pacificar el Estado. El porcentaje de negocios cerrados en Cancún por la inseguridad es alarmante y sólo en el mes de marzo murieron 55 personas a manos del crimen organizado.

El sector privado ha sido históricamente lo que ha sacado económicamente adelante a México, a pesar de las desastrosas decisiones de sus gobiernos, la iniciativa privada ha generado empleo y con esto, dinero. Especialistas en Economía del Banco de México ha sido claros al señalar que el gran obstáculo para el crecimiento económico del país es la inseguridad, porque genera incertidumbre y desconfianza en los inversionistas. En el Foro Económico Mundial 2022 también señalaron que el principal motivo de la falta de competitividad de México en los mercados internacionales es la inseguridad.

El fiscal Óscar Montes de Oca es uno de los problemas heredados de la pasada administración joaquinista. Desde 2018 que ostenta el cargo, 52 menores han perdido la vida a manos de la delincuencia y no ha habido justicia para ellos. Además el rezago administrativo que padecen las fiscalías en todo el Estado es alarmante, más de 40 mil carpetas siguen esperando ser atendidas. La corrupción que impera dentro de las fiscalías en nuestro Estado ha sido denunciada una y otra vez. Montes de Oca ha sido señalado de liderar un grupo dedicado a los despojos de terrenos y existen las denuncias presentadas, lo que deja en claro de qué lado está la impunidad.

El propio Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación, ha declarado que el Estado solventa las deficiencias de las fiscalías. Y ha dejado en claro la urgencia de resultados apreciables y de erradicar las causas estructurales de la impunidad. Lo que contradice el discurso mañanero del presidente Andrés Manuel López Obrador, de que en México ya no hay corrupción.

El recorte presupuestal anunciado para el 2024 por el Gobierno estatal, propone un escenario aún más desolador para el sistema de justicia de Quintana Roo. Además, si el sucesor del fiscal resulta tener peores credenciales, lejos de ser la solución será el nuevo gran problema del Estado. Porque los fiscales en nuestro Estado podrán ser incompetentes pero baratos, jamás.

Sólo habrá que esperar la renuncia del fiscal, y que quien ocupe el cargo no resulte peor como remedio que la misma enfermedad.

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