Signos
Por Salvador Montenegro
¿Por qué la actual Fiscalía General de la República no ha integrado causas penales por narcotráfico contra el exjefe policiaco mexicano, Genaro García Luna, que sí es procesado por ese tipo de cargos en Estados Unidos? ¿Y por qué, en cambio, se rechaza ahora la colaboración del actual Gobierno de México con la DEA, que lo llevó a los tribunales allá, en la Unión Americana, acusado justamente de eso que no le han podido o no le han querido imputar en México, donde las acusaciones en su contra y en contra de su exjefe, el entonces Presidente Felipe Calderón, como culpables de la narcoviolencia que ahora no se combate en el país -para no producir más violencia, se alega oficialmente, en la ‘lógica’ de que con la del narcoterror es suficiente y combatirlo con las fuerzas armadas constitucionales del Estado, que para enfrentar a la delincuencia armada es que existen, supone sólo exacerbarla-, son acusaciones que sólo se vierten y se litigan en la propaganda y en el ruido estéril de la opinión pública?
Porque mientras en Nueva York se acusa a García Luna de cómplice del ‘narco’ en una Corte federal, en México se les consigna, a él y a Felipe Calderón, de los mismos cargos, pero sólo en los tribunales mediáticos. Y con eso la jefatura del Estado nacional se exonera a sí misma, se limpia y se purifica de toda culpa y responsabilidad frente al creciente clima de terror y a las caudalosas cifras de desaparecidos y de muertes dolosas que se le triplican ahora causadas por las intocables bandas criminales, algunas que ni siquiera existían en los viejos tiempos de poder de García Luna y Felipe Calderón, y muchos de cuyas legiones de sicarios nuevos eran en su tiempo apenas unos niños.
La impunidad puede esconderse tras infinidad de formas y palabras. Pero no hay crimen mayor de Estado que promoverla en beneficio de los más peligrosos y letales enemigos de un pueblo, y pretender disimularla en la diatriba y en la masiva ignorancia ciudadana con el ruín y andrajoso argumento de defender de ese modo la paz pública y los derechos humanos.
¿Por qué no se acusa al excolaborador foxista y compañero de García Luna en el primer régimen presidencial no tricolor, el fiscal Alejandro Gertz Manero, de no perseguir en su momento, bajo los cargos por los que ahora se le juzga en Estados Unidos, a quien fuera su compañero de equipo en aquel grupo panista de la ‘alternancia’? ¿Por qué no se le acusa, de eso y de no consignar con éxito a ningún otro delincuente de alto perfil? ¿Por qué se le mantiene en el mismo cargo, donde, como en casi ningún otro, se exhiben la perfidia, la incompetencia y las miserias de la política de seguridad del Gobierno de la regeneración nacional?
Porque el delito de operaciones y uso de recursos de procedencia ilícita, que es de lo que más se acusa a García Luna en México, lo cometen todos, absolutamente todos, los personajes del poder político que participan en los procesos electorales o tienen autoridad para ejercer importantes partidas del erario. Y si esos colectivos de corruptos no están en la cárcel ni bajo proceso, es porque la vasta institucionalidad de los sistemas para la transparencia, la fiscalización y la anticorrupción, responsables de la justa disponibilidad presupuestaria, no sirven para absolutamente nada más que para contribuir a dilapidar las arcas del Estado.
SM