¿En qué invierten su tiempo los titulares decisivos de la autoridad de todos los niveles republicanos responsables de combatir la violencia y el crimen, y garantizar la seguridad y la convivencia pacífica en el Caribe mexicano, por ejemplo?
Más allá de que las unidades operativas de turno se movilicen cuando ocurren los ataques homicidas y las masacres del diario que identifican al Caribe mexicano como un territorio dominado por el mercado drogadicto y los negocios del narcoterror -que suman la extorsión, el secuestro, la trata de personas, la compra de policías y funcionarios, y los demás dividendos del miedo administrado por los sicarios-, ¿a qué se dedicarían, en su tiempo remunerado, los jefes de las instituciones de los tres Poderes -y en sus tres niveles- del Estado nacional dedicadas -y obligadas constitucionalmente- a combatir el crimen, a evitar su propagación y a garantizar el orden público?
¿Y qué hacen los llamados representantes populares, como regidores y legisladores, cuando advierten el estrepitoso fracaso y el absoluto fraude que son todos los Gobiernos involucrados en la quiebra institucional absoluta y el cada vez más amplio y libertino poder sanguinario del hampa, y saben del día a día del hundimiento incontenible de la defensa constitucional de los derechos de la gente a la convivencia pacífica y civilizada?
¿Alguno o algunos, de tan numerosa y masiva colectividad de vividores del erario, reacciona con alguna iniciativa de valor y con la mínima dignidad creativa y productiva para legitimar su cargo y promover alguna reforma cierta que atenúe -en los hechos y más allá de la infame oratoria clásica- la anarquía homicida imperante, la complicidad de las dirigencias públicas con los criminales, y el infierno sin ley que se extiende a su ritmo incontenible en regiones enteras, como la del Caribe mexicano hoy día?
¿Y por qué no se sabe nada, de nadie, entre toda esa masa de muy democráticos gestores de las demandas sociales, que haga algo que sirva de algo?
¿Será que la sociedad o el pueblo, o quienes la Constitución de la República señala que les otorgan su representación de ciudadanos mediante el sufragio -efectivo- que decide su voluntad en las urnas, no les demandan más que eso: demagogia, complacencia, oídos sordos y rutinario desentendimiento de la ruina constante e irreversible de todos los Poderes públicos constitutivos del Estado?
¿A qué se dedica, pues, en su tiempo remunerado, toda esa multitudinaria colectividad dirigente y plural -de todos los partidos innecesarios y de todos los grupos, alianzas y cataduras morales- mientras los homicidas de la industria del narcoterror cumplen a cabalidad con lo que a ellos les corresponde y por lo que se les paga, y a quienes tan bien se les da el oficio del miedo y de la muerte porque cuentan con las más inmejorables condiciones para ejercerlo?
¿Hay alguien a quien le importen este tipo de menudencias críticas en torno a la violencia homicida que define la suerte de entidades y regiones como las de Quintana Roo y el Caribe mexicano?
Pues una cosa es irremediable e inequívocamente cierta: si los hay, se trata de una muy insignificante e invisible minoría.
Y perdón por la observación de la obviedad, pero parece tan transparente, diría Sansores, que no se ve.
SM