(Bacalar, 14 de julio) Con la creación del Programa de Gestión para el Uso Turístico (PROTUR) de la Laguna de Bacalar, se pretende cobrar hasta 25 pesos de cupta por cada persona que quiera disfrutar de este cuerpo de agua, incluida la zona de los “Rápidos” y Xulhá, denunció Roberto Salgado, vocero del recién constituido Consejo Comunitario de la Cuenca Bacalar-OPB.
“Ésta es una de las principales razones detrás del interés de la Secretaría de Medio Ambiente por designar a Bacalar un Área Natural Protegida (ANP), menciona Roberto Salgado, acompañado de propietarios de la zona, comisariados ejidales y consultores ambientales.
Explica que desde hace varios años han solicitado que la Secretaría del Medio Ambiente establezca medidas para conservar la calidad del sistema lagunar, “pero nunca de esta manera”.
Y es que de acuerdo con el documento presentado por las autoridades, con el Programa de Gestión Común prácticamente se apropiarán del manejo y administración del cuerpo lagunar, tal como sucede en la Biósfera de Sian Ka’an.
“PROTUR, se propone obtener recursos económicos para el cumplimento del cuidado ambiental, realizando un fideicomiso que sería administrado por una Institución, la cual obtenga los recursos monetarios a través de un impuesto de 25 (Veinticinco pesos 00/100 M.N) para los visitantes con el fin de destinar este recurso a las acciones integrales del territorio en combinación con acciones en la zona de influencia de la Laguna de Bacalar con la visión de un Territorio Sensible al agua.”, explica el texto.
Esto para que “el impuesto sea destinado a las necesidades ambientales tendientes previniendo los impactos antrópicos derivados del turismo”, pero un escenario en el que desestiman los impactos no turísticos, como la carencia de infraestructura, actividades de desmonte, uso de agroquímicos y basureros, por mencionar algunas fuentes contaminantes.
“Si a Bacalar lo visitan aproximadamente 50 mil personas al mes, entre turistas foráneos y locales, con esta cuota recaudarán al menos 1 millón 250 mil pesos mensuales, pero no existe ninguna forma de que rindan cuentas de ese dinero, ya que el Programa de Gestión Común sólo responde ante SEMA.
Y añade que también se corre el peligro de que a través de este organismo se “entreguen” o vendan terrenos en la zona costera de Bacalar a extranjeros o funcionarios, ya que prácticamente tendrían todo el control de la zona.
“Hoy, cualquier persona puede vender o comprar un terreno aquí, y todo es transparentado a través de Catastro. Pero con el Protur, primero se necesitaría conseguir un permiso especial, y eso ocasionaría tráfico de influencias o especulación de tierras”, comentó.