CIUDAD DE MÉXICO.- El Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) reincorporó a 18 de los 43 trabajadores cuyos nombramientos habían concluido recientemente, informó el dirigente del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF), Jesús González Pimentel.
La situación había sido denunciada en Quintana Roo por la asesora jurídica del organismo, Carmina Gutiérrez Mena.
A través de un video difundido en redes sociales, el líder sindical afirmó que la reinstalación fue resultado de las gestiones realizadas por la organización ante el Órgano de Administración Judicial (OAJ) y el propio IFDP.
“Este resultado demuestra que el diálogo institucional y la defensa firme de derechos laborales permiten alcanzar soluciones”, expresó.
Hasta el momento, ni el Instituto Federal de Defensoría Pública ni el Órgano de Administración Judicial han explicado oficialmente las razones que motivaron los despidos, los cuales surtieron efecto el pasado miércoles y generaron protestas entre el personal.
De acuerdo con mandos del Poder Judicial de la Federación consultados sobre el tema, existen dos versiones respecto al origen de las bajas laborales.
Una de ellas señala que los despidos formarían parte del proceso de reducción de personal administrativo impulsado por el OAJ, organismo que desde finales de 2025 ha aplicado un recorte del 10 por ciento en plazas administrativas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del propio Órgano de Administración Judicial y del Tribunal de Disciplina Judicial.
La segunda versión atribuye la decisión al director del IFDP, el magistrado Benjamín Rubio Chávez, quien presuntamente habría determinado concluir los nombramientos sin la intervención del OAJ.
Las mismas fuentes indicaron que, pese a los ajustes salariales aplicados a mandos superiores y a la reestructuración de puestos, se evitó una reducción equivalente al 10 por ciento de toda la plantilla, lo que habría representado el despido de aproximadamente 300 trabajadores.
Hasta ahora, las delegaciones estatales del Instituto han recibido oficios en los que se les informa que las oficinas dejaron de contar con áreas de trabajo social.
El Instituto Federal de Defensoría Pública es un organismo auxiliar del Órgano de Administración Judicial encargado de brindar servicios gratuitos de defensa penal y asesoría jurídica a personas de escasos recursos o en condición de vulnerabilidad.
El área de trabajo social, que dejó de operar a partir del 1 de julio, era responsable del primer contacto con los usuarios, además de elaborar estudios socioeconómicos para determinar el tipo de apoyo jurídico que requería cada caso.
De acuerdo con un documento que circula entre el personal del IFDP, se implementará una redistribución obligatoria de funciones con el objetivo de evitar afectaciones en la atención de los asuntos a cargo de defensores públicos y asesores jurídicos federales.