CIUDAD DE MÉXICO.- La flotilla vehicular asignada a ministras y ministros que integran el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) fue renovada, con la adquisición de nueve camionetas, con el objetivo de garantizar condiciones adecuadas de seguridad y protección de los funcionarios.
“Con el objetivo de garantizar condiciones adecuadas de seguridad y protección de la integridad personal de quienes desempeñan funciones de alta responsabilidad institucional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tomó la decisión de renovar la flotilla vehicular asignada a ministras y ministros, mediante la adquisición de nueve unidades”, informó la SCJN en una tarjeta informativa.
De acuerdo con el tribunal, la renovación de los vehículos responde a criterios de seguridad institucional, ya que las unidades anteriores ya no cumplían con los estándares necesarios para proteger a los integrantes del máximo órgano jurisdiccional.
La actualización incluye nueve camionetas Jeep Cherokee, una para cada ministro, con precios que van de 1 millón 69 mil a 1 millón 777 mil pesos por unidad, sin considerar posibles adaptaciones como el blindaje, precisó la Corte en su comunicado.
La SCJN explicó que la compra se ajusta al Acuerdo General de Administración 2019, que establece que los vehículos de apoyo a la Dirección General de Seguridad deben renovarse cada cuatro años o antes si su estado pone en riesgo la seguridad de los ministros.
En este sentido, aseguró que la adquisición se realizó “en estricto apego a la normatividad vigente” y con respaldo técnico de autoridades federales, “concluyéndose que las unidades en uso ya no cumplían con los estándares adecuados de seguridad, por lo que su continuidad comprometía su operación”.
Asimismo, la Corte indicó que la compra se efectuó junto con la desincorporación de un parque vehicular mayor al adquirido, con el objetivo de no generar gastos adicionales y garantizar un uso racional de los recursos públicos.
De esta manera, el tribunal busca mantener la seguridad de las ministras y los ministros de la Corte sin comprometer la administración responsable del presupuesto institucional.
Fuente: Excélsior/El Financiero