Signos
No, no tiene que tratarse de invasión o defensa soberana si de combatir al crimen organizado que afecta intereses binacionales se trata.
¿No hay manera de dejar bien claro que sí, que sí se quiere acabar con las bandas criminales y que sí se quiere la participación de Washington pero que deben concretarse acuerdos de cooperación que no vulneren la norma constitucional (por más que en los hechos, aunque también de forma concertada, pueda haber extralimitaciones toleradas donde el fin justifique los medios)?
Sí, está claro que el ser estadounidense siempre ha estado consumido por la ansiedad y la insatisfacción que impulsan a la violencia y el vicio (si bien en el lado positivo de su espiritualidad están sus grandes aportaciones de vanguardia al desarrollo humano). Está claro que su demanda excesiva de drogas cada vez más letales alienta el mercado que las suministra. Y está más claro que el agua que debe quedar bien claro que las retóricas acusatorias no van a resolver nada, porque cuando el vicio es congénito e imposible de erradicar alguien tendrá que ocuparse del abasto. Igual que es de sobra sabido que lo que importa al vecino no es lograr el imposible de que su vasta y creciente comunidad drogadicta deje de drogarse, sino que la corrupción y la complicidad de la autoridad mexicana con el crimen organizado sólo favorezcan su poder institucional, lo que supone un mayor control de la delincuencia política asociada sobre el Estado, y una ingobernabilidad sostenida en amplias regiones de un país vecino cuya anarquía afecta los intereses estratégicos primarios de seguridad de la superpotencia.
Es decir:
Está claro que en Estados Unidos hay bandas y pandillas que abastecen las drogas necesarias a los incontables consumidores, pero su actividad está dentro de los límites institucionales responsables de atender un problema doméstico que no atenta contra la seguridad nacional. Son así. Tienen que lidiar con eso. No habrá cambio generacional.
El que el crimen organizado en México escale a niveles de decisión estatal a través de grupos y liderazgos delictivos que controlan los cuerpos policiales y los sistemas de Seguridad y de Justicia, eso sí se traduce en una prioridad de seguridad nacional del imperio americano.
No es el tráfico de drogas, pues, el gran problema.
(Y, de hecho, Washington tiene alternativas de suministro, encubierto pero legal y acordado de manera cupular, cuando el desabasto de narcóticos produce crisis en el consumo interno.
Liberaliza el narcotráfico en determinadas rutas, como entre Belice y México.
Y hasta cuando ha requerido recursos adicionales y no fiscalizados para operaciones oscuras, como el financiamiento a la ‘Contra nicaragüense’, ha acudido a la CIA para obtenerlos del ‘narco’, como hizo a través de la guerrilla colombiana o del Cártel de Rafael Caro Quintero en México, cuando Manuel Bartlett era Secretario de Gobernación, cuando Miguel de la Madrid era Presidente de la República, y cuando el Secretario de la Defensa era el general Juan Arévalo Gardoqui e inauguraba el nexo entre el Estado y los narcos, y por cuyo descubrimiento fue asesinado el periodista Manuel Buendía, según lo relatara su discípulo Miguel Ángel Granados Chapa desde una fuente inapelable: Samuel Ignacio del Villar, investigador personal del homicidio del periodista para el entonces Presidente y quien fuera Procurador de Justicia de la Ciudad de México durante el Gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas).
El gran problema bilateral de la seguridad es el de la influencia progresiva de los criminales sobre el Estado Nacional sureño y con la frontera más grande de los Estados Unidos con el mundo.
Y así como en los tiempos de Pablo Escobar, el Estado colombiano era impotente frente al poder armado de las mafias y para someter a la Justicia a sus jefes y a sus cómplices en el poder público porque esa Justicia estaba viciada por la corrupción y el sometimiento al ‘narco’ a través de sus representantes, así en México, mientras los gobernantes y los grupos de su filiación política y empresarial y criminal sigan decidiendo sobre Policías, Fiscalías y Tribunales de Justicia en sus demarcaciones territoriales o en Entidades Federativas y Municipios -porque la incivilidad electoral les permite mediatizar el sufragio y democratizarlo en su favor-, el Estado Nacional seguirá en gran medida bajo sus fueros fácticos, y esa protección blindará, asimismo, de todo asedio armado constitucional de gran escala, a las grandes organizaciones político-criminales que, del mismo modo que disponen de importantes efectivos para la gestión de sus negocios, cuentan con manadas de sicarios y vastos arsenales y logísticas de combate para defender los negocios de una industria que se ha consolidado durante cuando menos más de cuatro décadas de coexistencia con el poder político del país.
Y de un modo parecido al de los tiempos de la narcopolítica colombiana y sus alternativas de solución, bien cabría poner en perspectiva lo que debe importar a México y a los Estados Unidos en torno a sus intereses de seguridad:
El consumo y el tráfico de drogas no habrá de ceder porque las drogas son un aliciente irremplazable sin alternativas en la cultura del hedonismo imperial de guerra y de conquista donde la infelicidad y la perdición moral son condiciones anímicas de esa naturaleza y su cotidianidad idiosincrática.
El poder de la delincuencia política y su sincretismo con el crimen organizado son la mayor de las tragedias mexicanas: destruyen toda posibilidad de mejoramiento del sistema nacional de Justicia, de la seguridad pública, de la paz social y del Estado de derecho.
Acabar con la delincuencia política es factor contra el crimen organizado, la inseguridad y la inestabilidad.
Y en eso debieran coincidir el liderazgo político mexicano y el estadounidense. Y establecer que una cosa es una campaña militar invasora y violatoria de todo derecho soberano que cualquier ciudadano de bien debiera condenar, y otra cosa es una colaboración de interés binacional donde la presencia de fuerzas especializadas de Inteligencia y de combate, y el despliegue necesario de recursos tecnológicos no disponibles en México, fuese convenido dentro de los márgenes óptimos de legalidad para destruir la fuerza armada del crimen organizado, limpiar sus territorios de la amenaza de la violencia, abatir sus fueros y extraditar a sus jefes (ante la circunstancia de la corrupción y la incompetencia jurisdiccionales que pudieran favorecerlos).
Lo que se debe poner bien en claro es que la invasión no favorece a nadie, ni a los estadounidenses ni a los mexicanos de bien. Pero que intentar proteger a los líderes políticos que son factores esenciales del crimen, la violencia y la inseguridad en México, tampoco.
Que una colaboración méxico-estadounidense del tipo de la colombiana de los tiempos de Escobar no sería intervencionista. Y que, del nivel que fueren, si algo debe importar en el país es reducir a escombros el control del Estado Nacional desde el crimen organizado; desde sus representantes y socios gobernantes, legislativos, judiciales, policiales y ministeriales en todos y cada uno de sus niveles republicanos.
Y pues claro está que la Presidenta Sheinbaum entraría así en un laberinto de decisiones y definiciones históricas:
Porque algunos de los grandes baluartes financieros y electorales de su partido izquierdista en el país son también algunos de los más grandes generadores políticos de violencia, de ilegalidad y de inseguridad. Y acabar con ellos equivaldría a refundar su causa política lejos de quienes tanto han pasado por el lodo sus consignas de renovación moral y regeneración nacional.
Tendría que renunciar a confundir invasión con aceptación de una persecución conjunta y selectiva de malandros de todos los niveles e investiduras, en el entendido de que, en efecto, los sistemas policiales, de Seguridad y de Justicia en las Entidades Federativas están a merced de un poder político coludido, en mayor o menor medida, con el crimen organizado, y están imposibilitados, en esa condición, de renovarse y de defender el interés público.
Tendría que asumir esa responsabilidad justa, democrática y republicana.
Tendría que legitimarse en ello y no en los índices de popularidad que le eleva la magia de los programas y el Banco del Bienestar.
Tendría que plantarse frente a Trump y a la opinión pública nacional para defender las dos premisas de superior interés para el Estado mexicano y convenientes para el estadounidense:
Sí al combate selectivo y conjunto contra las organizaciones criminales. Y sí a la persecución de delincuentes políticos promotores de impunidad, beneficios y negocios del crimen organizado.
SM