CIUDAD DE MÉXICO.- El bufete de abogados Vega Mac Gregor Arellano, en representación de tres víctimas del descarrilamiento del Tren Interoceánico, presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de tres empresas constructoras que participaron en el proyecto ferroviario.
Los litigantes representan a Juan Manuel, Flor y Alexis, misioneros originarios de Chihuahua que resultaron afectados por el siniestro, y señalaron que la acción legal se sustenta en observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) desde 2019, en las que se advertían fallas graves en la construcción, rehabilitación y supervisión de la obra.
La denuncia fue interpuesta contra las empresas Comsa S.A. de C.V., Grupo Constructor Diamante y DANIFERROTOOLS S.A. de C.V., señaladas como las principales contratistas responsables de los trabajos observados por la ASF. De acuerdo con los abogados, el órgano fiscalizador detectó irregularidades contractuales, entre ellas la ausencia de evidencia documental y fotográfica que acreditara la correcta ejecución de los trabajos.
“Estas empresas fueron identificadas por la Auditoría Superior como las principales contratistas y se advirtió que no existía evidencia alguna de los contratos generados ni de los trabajos realizados”, expuso uno de los litigantes.
El abogado Adrián Arellano Regino explicó que la denuncia penal se basa directamente en los informes de la ASF, que desde hace varios años han documentado deficiencias estructurales y falta de supervisión adecuada en el Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.
“En este caso se advierte que en los trabajos contratados no existe evidencia fotográfica que respalde su correcta ejecución”, detalló.
Arellano Regino señaló que, aunque la FGR ya inició una investigación por el descarrilamiento, el objetivo del despacho es coadyuvar activamente con las autoridades, aportando información adicional y dando voz a las víctimas para esclarecer las causas del siniestro.
“Nuestra voluntad es colaborar con la Fiscalía y contribuir, a través de las víctimas, a que se conozca efectivamente la razón de este descarrilamiento”, afirmó.
El descarrilamiento ocurrió el 28 de diciembre de 2025, en una curva ubicada entre las estaciones Ixtepec y Chivela, a la altura del kilómetro 230+200, en el estado de Oaxaca. El accidente dejó decenas de personas lesionadas y, hasta el momento, se contabilizan 14 personas fallecidas.
Previo a la presentación formal de la denuncia, el abogado Irving Arellano Regino lamentó que, en muchos casos, las víctimas enfrenten dificultades para ser escuchadas. “Desgraciadamente vivimos en un país donde, si no haces ruido, no te hacen caso”, expresó ante medios de comunicación.
Los abogados descartaron que la denuncia penal incluya a Gonzalo López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien habría fungido como supervisor honorífico del proyecto, y subrayaron que no se busca politizar el caso.
“Las víctimas han sido muy claras: este es un asunto delicado y politizarlo sólo haría que se pierdan sus voces. Lo que buscan es que se esclarezcan los hechos”, enfatizó Adrián Arellano Regino.
Por su parte, el abogado Leopoldo Vega, integrante del bufete, aclaró que el despacho no cuenta con antecedentes en litigios de este tipo, ya que se dedica principalmente a asuntos patrimoniales entre particulares, pero decidieron asumir el caso ante la gravedad de los hechos y la exigencia de justicia de las víctimas.