8 a 3, las goleadas de la Corte

Signos

Por Salvador Montenegro

Se trata de que un Poder quiera imponerse a otro. Y de la intencionalidad y los fines.

Los Poderes republicanos no suponen canonjías, sino derechos iguales delegados.

Argumentos de incompatibilidad y en defensa de uno y otro pueden esparcirse a granel si el sofisma, el postureo discursivo y la demagogia sobran.

El interés militante del verbo idiota e interminable está en las peores y más abyectas tradiciones legislativas mexicanas, lo mismo que en las imposiciones autoritarias del presidencialismo que han envilecido por generaciones las defensas judiciales y parlamentarias de las mismas en contra de los derechos de los ciudadanos y los pueblos.

El grave problema de la gobernabilidad republicana en tiempos democráticos y pluralistas -por decirlo así- y en una sociedad de elevado precarismo educativo y consecuentes nociones similares de cultura del derecho, es la transparencia mediática con que pueden observarse, hoy día, los procesos que tienen lugar en las más altas esferas de decisión de las instituciones del Estado.

Porque a partir de esa vidriera pueden compartirse o no las posiciones de unos y otros representantes populares elegidos en las urnas (y aún de los tantísimos oportunistas no elegidos y metidos a conveniencia de las cúpulas partidistas por la insalubre regla de la llamada ‘representación proporcional’) y cuyo papel político es, justamente, hacer política, y donde, asimismo, el parloteo ideológico y propagandista es del todo comprensible, censurable o no, en sus respectivos nichos militantes.

Pero ¿cómo asumir que son justas -con las objetivas relatividades del término- las posiciones dirigentes en un Poder, como el Judicial, cuya condición básica es la de dirimir querellas jurisdiccionales del supremo interés del Estado, manteniéndose por entero al margen de todas las influencias políticas e ideológicas, y de la conveniencia particular de todos los bandos y grupos con pretensiones de parcializar en su favor las decisiones públicas?; ¿cómo, cuando las posturas de los Ministros de la Suprema Corte -para no hablar de Magistrados y Jueces seguidores de los mismos en sus respectivos ámbitos- no dejan lugar a dudas en la parcialidad inamovible de sus fallos y en la identidad de grupo y filiación de los mismos según las afectaciones en juego de las sentencias?

Las incontables reformas a las normas constitucionales y a las leyes secundarias y reglamentarias, y las también difusas y confusas formas de elaborarlas, dan toda suerte de recursos para interpretarlas a discreción y usarlas en un sentido o en otro según los criterios de los juzgadores.

Pero a diferencia de lo que se sabe y se entiende sobre las razones y los juicios argumentativos de los liderazgos políticos, la opinión pública no sabe nada de los valores constitucionales encriptados en las sentencias de los liderazgos judiciales.

Lo que sí se sabe a ciencia cierta es que en torno de las disposiciones legislativas o administrativas esenciales y de alta afectación nacional de los dirigentes de las mayorías representativas del Estado mexicano, en el alto Tribunal Constitucional se forman dos grupos de Ministros que conforman la mayoría ganadora y la minoría perdedora, y que hacen con la letra constitucional un sabio debate según el cual las sentencias, en favor y en contra de las ponencias en el Pleno, no tienen más remedio que ser entendidas en la opinión pública como sectarias y subordinadas a los valores reales de pertenencia política o económica de sus letrados emisores.

¿Hay manera, pues, de entender que en tan persistente y definitiva circunstancia, unas mayorías representadas en los Poderes de elección popular no consideren como anómalo, cuando menos, lo que acontece en el Poder Judicial, en el sentido de que sus decisiones son facciosas, injustas e impuestas por mayoriteo a un interés general defendido de manera directa en las urnas y contenido de manera expresa en el espíritu constitucional?

Ocho a tres, parece ser la constante en las golizas últimas del máximo tribunal, ahora que, dicen sus constitucionalistas defensores, ha conquistado, por fin, su soberanía.

SM

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