Signos
La reforma eléctrica se inscribe en el contexto de las estatizaciones obligadas contra los despojos urdidos por las alianzas del poder político y económico contra los bienes nacionales, a partir de la propaganda y el discurso de la modernización y el necesario crecimiento económico y fiscal del país.
Las privatizaciones neoliberales han dejado a México no sólo sin patrimonios públicos, sino casi sin Estado y sin control sobre el expansionismo corporativo. Y ahora esta reforma del sector eléctrico y el reforzamiento monopólico de la Comisión Federal de Electricidad, ha alzado una nueva guerra patrimonialista, nacional y global, en contra de la iniciativa, de dimensiones similares, aunque más discreta y diplomática, a la de la nacionalización del petróleo.
Pero hay razones históricas de Estado que no pierden vigencia porque no dependen del tiempo, sino de la naturaleza invariable de los intereses que ese Estado defiende o resiste según su legitimidad.
En México, cuando los Gobiernos y las representaciones políticas se han ganado con fraudes y han sido usados para el saqueo público y para convertir el poder del Estado en una mina de oro particular -a costa de que el narcoterror haga su propia industria de violencia y sangre con la contribución del silencio y la complicidad políticas y judiciales-, la experiencia y la cultura de la corrupción han enseñado -y por eso los grupos de poder y sus partidos privatizadores de la vida nacional fueron castigados en las pasadas elecciones presidenciales- que no podía confiarse en convocatoria de inversión ni en proyecto privatizador ninguno de sectores estratégicos de la economía, porque toda iniciativa y toda reforma sustentada en el discurso de la diversificación y la competencia inversora para el crecimiento del PIB y la solvencia fiscal y la competitividad del país y etcétera, etcétera, adhería antes que nada la sociedad de intereses de los liderazgos gobernantes con sus corporativos preferenciales, y que en esos caudales de la corrupción residirían los grandes beneficios de la desregulación, de la entrega de privilegios y empresas públicas básicas, y del progresivo retiro del Estado de la rectoría y la actividad económica, y no en el mejoramiento de los estándares de la equidad y el bienestar social, porque si algo es de sobra sabido es que la privatización y el dominio de las políticas de mercado y la modernización económica que privilegia la simplificación extrema de la propiedad y el protagonismo estatales, ha significado el peor de los males del país, la mayor concentración de la riqueza, la mayor pobreza y la más grande desigualdad social.
Y en esa lógica y como no ha podido ser de otra manera, el proyecto de las energías más limpias ha sido en México sólo uno más de los muy sucios y pestilentes negocios del poder político panista y priista de los tiempos de Calderón y Peña Nieto. Y han bastado reformas inmediatistas, legisladas con la compra de legisladores y líderes partidistas dedicados a la delincuencia política, para destruir enormes patrimonios nacionales y entregar su propiedad y la explotación de los mismos, a empresarios y corporativos nacionales y extranjeros, a cambio de comisiones y retribuciones por las cuales sus beneficiarios, los exgobernantes y los cómplices y súbditos que han tenido en las distintas y más convenientes y esquilmables áreas de responsabilidad del Estado, deberían estar presos y con muchos años de cárcel por delante, y no libres como el viento y con sus descomunales fortunas blindadas e intocables.
Las razones históricas que determinaron la nacionalización del petróleo y la electricidad en los tiempos de los presidentes Cárdenas y López Mateos, respectivamente -en los treinta y los sesenta del pasado siglo- son tan vigentes y tan las mismas como las de la reforma eléctrica del actual presidente. El saqueo contra el país ha sido tan devastador y tan fundamentado en la corrupción gobernante y en el discurso traicionero de los beneficios inversores privados, lo mismo en los tiempos de Cárdenas y López Mateos que en los de López Obrador. Y si las iniciativas presidenciales estatistas del primero y del segundo fueron tan necesarias y saludables entonces para la nación y para el bienestar popular, no tendrían por qué no serlo ahora las iniciativas antiprivatizadoras del sector energético promovidas por el actual mandatario federal. Porque en ninguno de los periodos presidenciales referidos se ha tratado o se trata de un impulso estatista generalizado. Nunca se ha proclamado la renuncia a la participación y la competitividad del capital privado en el mercado mexicano con todas las garantías constitucionales de rentabilidad y seguridad que debe defender el Estado nacional. Pero tampoco ha sido más ilustrativa la experiencia de que, salvo por las pérdidas acreditadas a la corrupción sindicalista en el sector energético -dentro de la corrupción general de la vida pública-, las industrias petrolera y eléctrica y sus empresas estatales fueron eficientes y funcionales en su cometido de servicio público mientras no se convirtieron en negocios de interés personal de presidentes y administradores institucionales que vieron en ellas las mejores oportunidades de lucrar en el mercado global durante el periodo neoliberal inaugurado por Carlos Salinas, y en el que un puñado de familias nativas y de corporativos trasnacionales privilegiados por el arbitrario poder del mandatario acumularon algunas de las mayores fortunas del orbe merced a la explotación de los patrimonios públicos más rentables de México. Y si en algún periodo de su historia la nación mexicana fue menos corrupta y más próspera, fue durante las etapas del Estado social y de economía mixta de Lázaro Cárdenas y Adolfo López Mateos, la del llamado ‘socialismo mexicano’ y la del ‘desarrollo estabilizador’. Y hoy día no se le está cerrando la puerta a la inversión corporativa, sólo se le está demandando corrección y legalidad. Y, en el sector energético, sólo se está imponiendo la prioridad del interés popular, por encima del de mercado, y una participación privada en un espacio más restringido de inversión y capitalización -un treinta por ciento- que el de la totalidad que se pretendía con el desmantelamiento absoluto de la propiedad y la rectoría energética estatal.
SM