Signos
En la lógica de la degradación de las urbes turísticas del Caribe mexicano, el nuevo PDU de Puerto Morelos es un instrumento al servicio de la corrupción.
Saturar las urbes turísticas y las zonas hoteleras mediante empresas inmobiliarias depredadoras del medio natural y sin escrúpulos para hacer negocios con las autoridades de todos los niveles, empezando por los alcaldes y sus cómplices en los Cabildos, ha sido la historia de la devastación urbana del Caribe mexicano y del enriquecimiento inaudito y criminal de dichos munícipes.
La historia es la misma en Cancún y Playa del Carmen, ámbitos privilegiados por la naturaleza y destruidos en tiempo récord, como en ninguna parte del mundo, por el también salvajismo incomparable de la industria inmobiliaria, asociado al libertinaje absoluto y sin ley de dirigentes políticos y gobernantes extremadamente irresponsables y voraces, los que, en lugar de poder tomar decisiones tan perniciosas y tan enemigas del interés público, deberían ser investigados y acaso procesados por su delictivo y punible modo de proceder.
¿Y las instituciones anticorrupción, que debieran impedir tales arbitrariedades? Pues fueron concebidas con el mismo criterio perverso y fraudulento del sistema electoral, que ha legitimado la emergencia de tales mamarrachos representativos. De ahí la tragedia de la descomposición generalizada del Caribe mexicano, donde basta confeccionarse una caricatura de programa de desarrollo que justifique grandes inversiones y beneficios particulares -a costa de todos los daños posibles contra la sustentabilidad y el interés social-, comprar regidores y otros responsables públicos de similar catadura mercenaria, y ya está: a convertir cualquier espacio de superior plusvalía en un hacinamiento de inmuebles descomunales cercado de insalubres y violentas barriadas irregulares que, al cabo, serán urbanizadas de cualquier modo como otro negocio de los alcaldes.
Y así, el flamante Programa de Desarrollo Urbano promovido por la alcaldesa Laura Fernández y su Cabildo a modo, aumenta la densidad de hoteles hasta 200 cuartos por hectárea, incrementa la altura de los edificios hasta 20 niveles y autoriza 60 viviendas por hectárea en cuatro niveles, es decir 500 viviendas por hectárea y 20 niveles en densificación urbana.
¿A cuántos millones ascenderá con ello la fortuna de la discípula del exgobernador preso Roberto Borge Angulo? Es una incógnita. ¿Seguirá en un futuro cercano los pasos carcelarios de su exjefe en los tiempos de la causa presidencial contra la corrupción, a pesar de que su nuevo partido, el Verde, especialista en pestilentes negocios políticos, es socio del partido del presidente? También lo es…
SM