A unas horas de que concluyan las campañas rumbo a las elecciones del 6 de junio, México pasa por uno de sus peores momentos en cuanto violencia política se refiere, al registrarse, hasta este 28 de mayo, la muerte de 89 políticos, de los cuales 35 eran candidatos o aspirantes a algún cargo público. Y aunque los ataques se han registrado a lo largo y ancho del país, es Veracruz la entidad con el mayor número de muertos hasta ahora, con 16. Pero además se han contabilizado más de 480 hechos delictivos, mayormente actos de intimidación y agresiones, muchas de ellas cometidas por militantes de partidos rivales, que orillaron a cerca de 110 a renunciar a sus candidaturas, principalmente en Michoacán, Veracruz y Tamaulipas. El caso más reciente fue el de las amenazas que recibió el líder nacional del Morena, Mario Delgado Carrillo, a manos de supuestos hombres armados durante su gira por este último Estado. Ante este panorama, los jefes de partidos han pedido a la Federación desplegar a los elementos de la Guardia Nacional para que vigilen estas últimas horas de campaña y la jornada electoral, a fin de garantizar la seguridad de aspirantes y ciudadanos.
Javier Ramírez
Los ataques en contra de políticos comenzaron a contabilizarse en septiembre del año pasado, meses antes del inicio oficial de las campañas electorales, cuando apenas se estaban barajando los nombres de quienes serían los candidatos de las diversas alianzas.
Dos son las principales consultoras que se han dedicado a la difícil tarea de recabar y analizar estos casos de violencia durante los últimos ocho meses, Integralia y Etellekt, siendo esta última la que vía redes sociales mantiene sus datos actualizados. De esta manera, se sabe que este proceso electoral es el segundo más violento en el país desde el año 2000.
El número de candidatos muertos es alarmante, pero también lo es el número de víctimas colaterales que estos atentados han dejado, ya sea heridas o también fallecidas. Y si bien se ha responsabilizado de estos al crimen organizado, también se han seguido líneas de investigación que involucran a adversarios y hasta familiares. La mayoría de los casos siguen sin esclarecerse.
Ataques superan al proceso 2018
De acuerdo con el Indicador de Violencia Política en México de Etellekt Consultores, subido a su página de internet a principios de mayo, desde septiembre del año pasado 476 hechos delictivos habían ocurrido en el país en contra de políticos y candidatos, con un saldo de 443 víctimas, 79 -actualizado este 28 de mayo a 89- de ellas mortales, es decir, hubo un incremento del 64 por ciento de víctimas en comparación con el mismo periodo del proceso electoral de 2018.
Las agresiones fueron contabilizadas de la siguiente forma: amenazas, 174; homicidios dolosos, 79 -actualizado este 28 de mayo a 89-; infracciones contra la integridad, 34; robo con violencia, 31; atentados contra familiares, 30; daños a la propiedad, 27; privación ilegal de la libertad, 25; ataques contra colaboradores, 16; intimidación, 15; homicidio en grado de tentativa, 14; despojo de oficinas, 10; lesiones, 6; tentativa de privación de la libertad, 4; daño moral, 3; hackeo, 2, extorsión, 2 y robo de identidad, violencia familiar, delitos sexuales y bloqueo de instalaciones, con un caso cada uno.
De las 25 víctimas de privación ilegal de la libertad, una perdió la vida (el alcalde de Temósachic, Chihuahua), y otra más permanece desaparecida (el aspirante del PRI a la alcaldía de Mezquitic, en Jalisco. Las otras 23 víctimas fueron liberadas.
De las 443 víctimas, 35 por ciento fueron mujeres. Además de las víctimas mortales, 25 familiares y cuatro colaboradores perdieron la vida en atentados.
Etellekt Consultores confirmó las detenciones de presuntos autores materiales de tres homicidios de aspirantes a presidencias municipales. Sobre los posibles móviles, sólo en cuatro se presume la presunta responsabilidad de la delincuencia organizada, mientras que en otros dos casos el móvil se relacionó con asaltos, un homicidio fue cometido por asuntos de tipo personal y también ocurrió un feminicidio.
Sólo 4 Estados sin casos
Con el asesinato de Cipriano Villanueva, candidato a regidor por Chiapas Unido, en Acapetahua, Chiapas, este 28 de mayo, son ya 89 los políticos asesinados en este proceso electoral, 35 de los cuales eran aspirantes y candidatos (30 competían a puestos municipales: 22 a alcaldías, 7 a regidurías y uno a una sindicatura).
Destaca el hecho de que el 75 por ciento de los 89 políticos asesinados eran opositores a los Gobiernos estatales, y que los Estados con mayor número de casos son: Veracruz con 16, Oaxaca con 11, seguidos de Guerrero con 8, Guanajuato con 7, Baja California Norte con 6 y Morelos y Edomex con 5.
Puebla, Chiapas, Jalisco y Michoacán tienen 4, Tamaulipas, Chihuahua, Quintana Roo y San Luis Potosí tienen 2, mientras que Sonora, Nuevo León, Querétaro, Hidalgo, Tabasco, Zacatecas y Sinaloa tienen uno cada uno. El resto de las entidades se han mantenido con cero casos hasta el momento.
Consecuencias
Reportes de los mismos partidos políticos revelan que al menos 110 aspirantes a presidentes municipales y a diputados locales y federales renunciaron a sus candidaturas a causa de la violencia y amenazas, principalmente en Veracruz, Michoacán y Tamaulipas, siendo los partidos pequeños los más afectados, entre estos Redes Sociales Progresistas (RSP), Encuentro Solidario (PES) y Fuerza por México (FXM).
El presidente nacional del PES, Hugo Flores Eric, reconoció que 50 de sus candidatos fueron sustituidos en los últimos meses tanto por haber recibido amenazas del crimen organizado o presiones políticas como por decisiones de las autoridades electorales.
Por su parte, el dirigente de RSP, José Fernando González Sánchez, dijo que 60 personas recularon en sus aspiraciones, además de que en Isla Mujeres fue asesinada una candidata (Flor de María Ballina Sánchez, suplente a la presidencia municipal). Comentó que pese a las denuncias, ninguna autoridad les ofreció brindarles seguridad.
En ese mismo sentido se expresó el presidente de FXM, Gerardo Islas Maldonado, quien acusó dificultades para inscribir candidatos en Veracruz, Michoacán, Guerrero, Tamaulipas y Chiapas, aunque aseguró que pese a las presiones que hubo tanto políticas como del crimen organizado, el partido respaldó a los aspirantes.
En cuanto a la protección de los candidatos, en su momento la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, explicó que la Guardia Nacional sería la encargada de proteger a los aspirantes a las gubernaturas y diputaciones federales, mientras que las policías locales harían lo propio con los que buscan diputaciones locales, presidencias municipales, sindicaturas y regidurías.
Pero esta estratega sirvió de poco, pues de los 234 candidatos que hasta el 30 de abril habían denunciado amenazas en su contra, sólo 65 recibieron protección local o federal.