Signos
Andrés Manuel no quiere cárcel para ningún delincuente mayor, ni de la política ni del ‘narco’ ni de la empresa privada.
A todas las celebridades de esos mundos y con posibles delitos que imputar, los quiere acusar de todo pero en los tribunales de la propaganda y la opinión pública, no en los de la ley.
El regiomontano Alonso Ancira, por ejemplo, dueño de Altos Hornos de México -que estafó a Pemex y al Estado mexicano vendiéndoles, en 2013, la inservible planta de Agro Nitrogenados en 500 millones de dólares, con la complicidad del entonces presidente de la República, Enrique Peña Nieto-, libró la prisión mediante un ‘arreglo’, más político que judicial o por la vía del retorcimiento legal, con el que se comprometió a devolver menos de la mitad de ese dinero y sin pagar ni un solo centavo de intereses ni multas ni recargos de ninguna especie, y en tres cómodas anualidades a vencer una década después del gran asalto a las arcas nacionales y, por supuesto, si el deudor no se muere en la víspera.
Ninguno de los involucrados en ese enorme fraude contra el país (apenas uno más entre los tantos que lo han dejado en bancarrota en el último medio siglo -como la compra misma y en una ganga, en el 91, del propio Ancira, al entonces Gobierno privatizador de Carlos Salinas, de Altos Hornos, una de las más de 400 prósperas empresas estatales rematadas a unas cuantas familias del entorno salinista- y sólo por parte de los presidentes de la República posteriores a la bonanza económica de los cincuenta y sesenta), ninguno de los forajidos implicados en esa fechoría está ni estará preso por el referido crimen, empezando por el exgobernante priista mismo -que en nombre de la República adquirió la basura a precios de oro, de la misma condenable manera en que el muy punible Salinas de Gortari vendió antes en una basura y al mismo empresario lo que era una empresa pública que valía oro y de la que formaba parte Agro Nitrogenados antes de que quebrara y el Gobierno de Peña la comprara-, y así lo quieran o no los ciudadanos convocados a la farsa de sufragar por el castigo penal contra los exmandatarios (todos los cuales han delinquido de las más diversas, devastadoras e irreparables formas durante su estancia en el poder, y contra ninguno de los cuales hay la más mínima intención de proceder más allá de las acusaciones que sirvan para condenarlos por la vía del blablablá).
Porque Andrés Manuel no quiere presos a los grandes culpables de la ruina nacional: ni a los gobernantes y empresarios que han hecho fortunas globales y lucrado al infinito con los patrimonios del Estado mexicano, ni a los jefes del narcoterror que han ensangrentado pueblos y regiones, y han lavado sus colosales ganancias en la impunidad institucional y en sus sociedades con dirigentes políticos y corporativos. De otro modo, Alejandro Gertz Manero no sería el fiscal general de la República, y un verdadero y exitoso perseguidor de criminales de amplio espectro estaría en el lugar suyo. De otro modo, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, no anunciaría y acumularía tantos expedientes en contra de depredadores económicos y financieros que, en el trayecto de sus consignaciones penales, se disuelven en los caños del burocratismo, el desdén, la incompetencia o la estrategia presidencial de hacer proselitismo pero no causa jurisdiccional contra los tales personajes. De otro modo, no habría más tolerancia presidencial para el sonoro enfrentamiento que libran los titulares de la UIF y de la FGR, y que tanto afecta y paraliza el ejercicio de la Justicia contra los más grandes enemigos de México. De otro modo, las cárceles estarían saturadas de esos tan poderosos malhechores que se han enriquecido como pocos en el mundo, y tampoco seguiría corriendo a mares la sangre de la industria del narcoterror. Y, de otro modo y si se quisiera hacer justicia verdadera, se pondría en marcha todo el aparato coercitivo del Gobierno federal para hacerlo posible, y se dejaría de perder tiempo y recursos en costosas consultas populares falaces y que sólo sirven para encubrir la incompetencia, la complicidad y la impunidad en favor del gran crimen.
Es probable que Andrés Manuel no quiera pleitos ni ofensas tan graves, que incluyan largas condenas tras las rejas, contra los más poderosos jefes del hampa, porque tiene miedo de que una próxima sucesión presidencial adversa –más próxima a una traición que a una victoriosa campaña opositora- pueda convertirlo a él mismo de perseguidor en perseguido.
Claro que no es más que una muy aventurera y por demás especulativa hipótesis. Pero por qué apostar, entonces, por soluciones tan frívolas y tan indeseables para el interés nacional como las del ‘arreglo’ con Ancira, las de no meterse con las mafias del ‘narco’ y del magisterio, y las de no resolver la confrontación entre Gertz y Nieto, y que sólo abonan a una crisis mayor de inviabilidad de las promesas de justicia del jefe máximo de la redención moral y de la llamada ‘cuarta transformación’.
SM