Signos
Decir que todos los indígenas de México son víctimas de la injusticia, es una estupidez.
Decir que esa injusticia es culpa de la Conquista y de Hernán Cortés, es una más.
No entender que, como muchos otros mexicanos y desde que la suya es una nación independiente -aunque mucho más desde que es una república moderna-, siempre ha habido indígenas partidarios y beneficiarios de la corrupción y el abuso del poder político -que ha condenado al país a niveles de desigualdad entre ricos y pobres como los más indignos y condenables del planeta-, es otra peor.
Pero llegar a ese poder político en nombre de la causa de transformarlo como culpable de tal corrupción y de tal proceder en favor de las minorías poderosas y en contra de las mayorías y de los marginados del bienestar, pero seguir acusando a los conquistadores españoles, cinco siglos después, de todos los males de la discriminación y la miseria padecidos por todos los pueblos indígenas -sin reparar siquiera en la simpleza de las excepciones y en que en el tren de las injusticias sociales no hay diferencias, ni raciales ni de ningún género humano- hace la más grande de las estupideces demagogas; es decir: el hecho de que la asuma, la propague y se sostenga en ella nada menos que el jefe mismo del Estado, y que, a partir de ella y en nombre de ese Estado, se obren decisiones públicas en consecuencia, no sólo nominativas y sectarias (como asignar cargos por la ejemplaridad mayor del origen de los nombrados para dignificar su ‘esencia’ nativa, lo que sólo enfatiza la segregación en la pluralidad que se habita y que debiera reconocerse, y donde habría de honrarse la cualidad, de la procedencia que fuera y del género o pertenencia sexual o de otro tipo que se tratara), sino de importante implicación en el gasto que se carga a la -esa sí indiscriminada- diversidad de los contribuyentes.
Las tendencias y distinciones gregarias, como principio de justicia y de progreso democrático son, hoy día, prácticas regresivas y contrarias a la generalidad inclusiva -sin géneros ni razas ni ideologías ni definiciones de origen- que deben observar los sistemas de justicia verdadera, de derecho y de defensa de todos los individuos y de sus garantías fundamentales.
Desprovista de la indispensable amplitud para calificar y procesar el orden de las libertades (de todos), la ley se vuelve subjetiva, parcializada, limitada, arbitraria y, en algún grado, facciosa. Y el Estado que, dentro de sí, admite la segmentación de las personas en cuanto tales (o en tanto grupos) y ante la ley general que debe garantizar como mecanismo de justicia, es el de un régimen proclive a la ilegitimidad representativa de la diversa totalidad del conglomerado que tendría que ser su razón de ser, como un Estado social y de derecho.
SM