CIUDAD DE MÉXICO.- Un juez federal rechazó amparar al ex senador Jorge Luis Lavalle Maury, quien enfrenta un proceso por presuntamente recibir un soborno de 97 millones 190 mil pesos y por lavar 52 millones 390 mil pesos para aprobar la reforma energética en el sexenio pasado.
Antonio González González, juez Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal, determinó que la medida cautelar de prisión preventiva justificada impuesta al panista está fundada, debido al poder económico con que cuenta, los contactos que tiene y la incertidumbre del domicilio que habita, lo que hace factible el riesgo de fuga.
En la sentencia se menciona que la defensa de Lavalle Maury alegó que Marco Antonio Fuerte Tapia, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el reclusorio Norte, quien lo vinculó a proceso en abril, se dejó influenciar por los medios de comunicación, y dio validez a los argumentos de la Fiscalía General de la República (FGR) al comparar el asunto con el “Estado Nazi”.
Sin embargo, el juez de amparo señaló: “no asiste la razón a la parte promovente cuando afirma que el juez de control debió ser especialmente escéptico al escuchar los argumentos de la Fiscalía que le proponían elementos emocionales atentatorios contra la dignidad, como la comparación con el Estado Nazi, el supuesto carácter de escándalo de corrupción más importante de América Latina, la supuesta y falsa privatización de los recursos energéticos a consecuencia de la reforma constitucional a los artículos 25, 27 y 28”.
La FGR imputó al panista por cohecho, porque en su calidad senador, de diciembre de 2013 a agosto de 2014, recibió en efectivo al menos la cantidad de 97 millones 190 mil pesos, dinero que recibió en diversas entregas, en los domicilios localizados en Avenida Paseo de la Reforma, esquina calle Milán, de la colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, en contra esquina de la sede del Senado.
Así como el ubicado en calle Montes Urales, número 425, colonia Lomas de Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo, Torre Corporativa que el ex director de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, señaló como el lugar donde se entregaban los sobornos.
El dinero, según la FGR, fue entregado con la finalidad de que promoviera y emitiera su voto a favor del dictamen por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones en materia energética y leyes secundarias.
También lo señaló por operaciones con recursos de procedencia ilícita, porque en el periodo comprendido entre abril y agosto de 2014, recibió recursos dentro del territorio nacional, en al menos la cantidad de 52 millones 390 mil pesos, mediante diversas entregas de dinero en efectivo, realizadas en el domicilio ubicado en calle Montes Urales, número 425. Lo anterior, con el conocimiento de que dichos recursos procedían de una actividad ilícita.
Fuente: Milenio