Durante los últimos tres años, ninguno de los hoy exmunícipes se distinguió por realizar una buena labor al frente de los Ayuntamientos. Y es que en mayor o menor medida, en el norte o el sur del Estado, todos ellos fueron blancos de diversas denuncias e investigaciones, ya sea por otorgar concesiones a empresas fantasmas, autorizar ecocidios, no ofrecer a los habitantes los servicios básicos o dejar inconclusas obras públicas a las que destinaron millones de pesos. Tampoco importó si el edil en turno fue candidato del PAN, PRI, Morena o PVEM, pues la corrupción no conoce de colores partidistas. Mara Lezama, Laura Beristáin, Laura Fernández y Otoniel Segovia llegaron a los Ayuntamientos enarbolando la bandera y los ideales de la ‘Cuarta transformación’ y aún así fueron los peores presidentes. Y el hecho de gobernar un Municipio pequeño y pobre no fue impedimento para que personajes como José Esquivel Vargas y Sofía Alcocer Alcocer hicieran lo mismo que sus homólogos más famosos, pues, como pueden dar cuenta los múltiples paros laborales registrados a lo largo del pasado trienio, se dedicaron a enriquecer sus cuentas bancarias sin importarles dejar sin pago a cientos de trabajadores. Se espera que en las próximas semanas salgan a la luz más denuncias en contra de los exalcaldes y exfuncionarios, por lo que restaría por ver si en verdad alguno de ellos llegará a ser alcanzado por la Justicia.
Javier Ramírez
Para sorpresa de nadie, seis de los presidentes municipales que finalizaron su gestión el pasado 29 de septiembre están siendo ya investigados como parte de los primeros resultados que arrojan los respectivos trabajos de entrega-recepción.
Y es que sin importar los colores del partido que los postuló, los exalcaldes se sirvieron con la cuchara grande, incluso horas antes de dejar el cargo, ya sea otorgándose “bonos” por buen trabajo o, sencillamente, saqueando las arcas municipales.
Y esto es tan solo la punta del iceberg, pues además de que el proceso de revisión de cuentas aún no concluye, falta que al menos otras cuatro nuevas administraciones informen sobre el estado de sus finanzas, pues, en Benito Juárez, donde volvió a gobernar María Hermelinda Lezama, no se espera que se den a conocer más irregularidades de las que ya han sido ampliamente denunciadas.
Dispendio y nepotismo
En el Cabildo de Puerto Morelos, Ana Luisa Betancourt Canul, quien fuera la encargada de despacho de la presidencia municipal -tras la salida de Laura Fernández Piña, quien asumió una diputación federal en septiembre pasado-, instruyó al tesorero municipal Eligio Sierra Piña otorgar un “bono por fin de trienio” de 500 mil pesos al secretario general del Ayuntamiento, Miguel Ángel Zetina Cuevas, a los regidores Gelmy Uribe Estrella, Elda Leonor Cauich Fuentes, Mario Alberto Alvarado Villareal y Sergio Alberto Rodríguez Carcaño, así como a la misma Ana Luisa.
El documento, fechado el 29 de septiembre, último día de la administración iniciada por Fernández Piña, indicó que dicho bono es “con el fin de de reconocer los trabajos realizados” por los ya mencionados “que prestaron sus servicios en favor de la ciudadanía con empeño, ahínco, honradez y de manera desinteresada”.
Al ser interrogada sobre dicho pago, que equivale a casi un año de trabajo, Betancourt Canul negó, al igual que el resto de los presuntos beneficiados, haber recibido ese dinero, y aseguró que quedará en manos de las nuevas autoridades investigarlo.
Posteriormente, la alcaldesa Blanca Merari Tzui Muñoz se vio envuelta en la polémica cuando la regidora María Fernanda Alvear Palacios, del Partido del Trabajo, acudió ante el Congreso del Estado para solicitar juicio político en contra de la munícipe por incurrir en nepotismo al haber designado como contralor a Carlos Alberto Cordero Cordero, primo de su esposo, el excandidato a alcalde Ignacio Sánchez Cordero, asesinado en febrero pasado.
Alvear Palacio indicó que, además de ser familiar de la munícipe, Cordero Cordero es también militante del Partido Verde, lo que afecta el principio de imparcialidad de la Contraloría Municipal. Su designación, aseguró, se realizó “en lo oscurito”, rompiendo además el principio de paridad de género.
En su defensa, Tzui Muñoz aclaró que, con la muerte de su esposo, ya no tiene parentesco con Cordero Cordero, por lo que no se podía configurar como nepotismo. Además, dijo que la misma comisionada del PT, Patricia Casados, le ofreció su respaldo.
A pesar de la defensa de la munícipe, días después, durante la Segunda Sesión Extraordinaria del Cabildo, se aprobó el nombramiento de una nueva contralora, Mirna Leticia Ramírez Cetina, luego de que Carlos Alberto Cordero presentara su renuncia al cargo.
Los ‘aviadores’ de Beristáin
El 12 de octubre, la presidenta municipal de Solidaridad, Lili Campos Miranda, denunció que, pese a que aún no concluye el proceso de entrega-recepción, ya se han encontrado irregularidades del gobierno anterior de Laura Beristáin Navarrete.
El primero de ellos es que, de los 88 millones de pesos previstos para el pago de la nómina municipal cada mes, 34 millones se destinaban al pago de ‘aviadores’, es decir, que la administración de la morenista erogaba unos 408 millones de pesos para mantener a cientos de personas que no realizaban ninguna función del Ayuntamiento.
Por este motivo se dio vista a la Auditoría Superior del Estado y de la Federación, a fin de realizar las investigaciones e imponer, en su caso, las sanciones pertinentes.
Por lo pronto, con la depuración, la nueva administración sólo ocupará 54 millones de pesos, una cantidad muy inferior a los 88 millones que utilizaba la anterior administración municipal.
Aun faltan por revisar varias cuentas, algunas de las cuales estarían bloqueadas o con recursos económicos congelados, debido a omisiones del gobierno de Beristáin.
Comprometido en salarios, el 70% de ingresos en OPB
Con la muy mala experiencia que vivieron los othonenses con el gobierno de Otoniel Segovia Martínez, no sorprendió a nadie la noticia de que el exmunícipe mantuvo en la nómina a más de 80 personas que nunca se presentaron a laborar en el Ayuntamiento.
Y es que de acuerdo con la denuncia de la actual presidenta, Yensunni Martínez Hernández, la primera revisión a las cuentas del exalcalde arrojó que el problema más grande que tiene el Ayuntamiento de Othón P. Blanco es justamente la cantidad de ‘aviadores’ que estaban en la nómina, algunos con sueldo de directores, que van entre los 20 mil y 25 mil pesos al mes. Apuntó que el 70 por ciento de los ingresos del Municipio se van actualmente al pago de personal.
En este sentido, advirtió que se están preparando los procedimientos en contra de ellos, “porque no solo es justo que se vayan, sino que también regresen el dinero que no han devengado”.
Fraude de Juan Carrillo
La presidenta municipal de Isla Mujeres, Atenea Gómez Ricalde, dio a conocer que, con apenas el 50 por ciento del proceso de entrega-recepción avanzado, se descubrió que el Ayuntamiento tiene congelada una cuenta con casi 6 millones de pesos, debido a que el gobierno del exedil Juan Carrillo no pagó durante dos años el porcentaje correspondiente a la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat), por lo que ahora el Municipio adeuda 8 millones 700 mil pesos por este concepto.
“¿Cómo funciona la Zofemat?, los concesionarios de la zona federal emiten un pago, el cual el 100 por ciento es ingresado a las arcas del Municipio, en este caso el Municipio de Isla Mujeres. El 70 por ciento que usted paga se queda en el Municipio para uso y ejercicio de las distintas necesidades del Municipio. El 30 por ciento se va al Estado y a la Federación. Ese 30 por ciento regresa al Municipio a través de programas. Sin embargo, la administración anterior no pagó ese 30 por ciento durante dos años, tampoco nos dejó el dinero para poder hacerlo”, explicó la alcaldesa panista, quien agregó que el pasado 30 de septiembre se debió pagar lo correspondiente al ingreso de ese mes, aproximadamente millón y medio de pesos, cantidad que no se encontró en las cuentas del Ayuntamiento.
Municipios chicos, robo en grande
La irregularidad más grande cometida por algún exalcalde encontrada hasta el momento se dio, irónicamente, en uno de los Municipios más pobres del Estado.
Y es que de acuerdo con la denuncia presentada por la presidenta municipal de Felipe Carrillo Puerto, Maricarmen Hernández Solís, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) bloqueó varias cuentas del Ayuntamiento por adeudos de 110 millones de pesos heredados por el exedil José Esquivel Vargas, quien habría desviado recursos del Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social (FAIS).
En conferencia de prensa, en la que también informó que Esquivel Vargas aumentó al doble la nómina con ‘aviadores’ que recibían sueldos por hasta 18 mil pesos; que dejó adeudos en pago de servicios como luz, telefonía, agua y otros proveedores, y que dejó inconclusas cerca de 30 obras públicas debido a una mala aplicación de los recursos federales, Hernández Solís detalló que el exalcalde tomó recursos federales del FAIS que no fueron aplicados. “Esto es un delito de quien esté a cargo de la Tesorería municipal, por ello estamos ya iniciando las investigaciones de manera responsable, ya que se requiere un proceso para fincar responsabilidades y poder sancionar”, declaró.
Comentó que el mismo Esquivel Vargas ha buscado un acercamiento con ella para tratar el tema, lo que le negó. “Lamentablemente ya no tenemos nada de qué hablar, la situación tiene que ser de manera legal y proceder a lo que tenga que ser”, aseveró.
Explicó que el bloqueo de cuentas debido al adeudo de 110 millones de pesos está impactando actualmente en el servicio de recoja de basura, pues el Ayuntamiento no tiene dinero para comprar gasolina para los vehículos.
Añadió que si bien antes de irse Esquivel Vargas dio de baja a cerca de 400 trabajadores, casi todos ‘aviadores’, muchos de ellos no fueron notificados y continuaron yendo al Ayuntamiento, lo que ocasionó un problema a la actual administración.
Finalmente, en el otro Municipio de la llamada Zona Maya, José María Morelos, el alcalde Erik Borges Yam denunció también a su predecesora, Sofía Alcocer Alcocer, así como la encargada de despacho, Lorena Batún, por el presunto robo de 5 millones de pesos en los últimos días de la anterior administración.
Informó que se logró recuperar un millón de pesos, a través de cheques endosados al portador, expedidos sin justificación, y adelantó que ya hay un primer funcionario que será inhabilitado por dicha acción, aunque no reveló su nombre. Agregó que están recibiendo ayuda de las autoridades federales para poder localizar los 4 millones restantes e imponer las respectivas sanciones.