Por David Colmenares Páramo
Los primeros días de marzo de 2020, las Entidades de Fiscalización Superior de América Latina y el Caribe enfrentamos un desafío sin precedentes. Las medidas de confinamiento y distanciamiento social, y la consiguiente suspensión de actividades y de plazos, pusieron en riesgo la continuidad de las labores de fiscalización. Ante esta situación, cada EFS emprendió diversas acciones para cumplir con su mandato legal y constitucional para garantizar el correcto uso de los recursos públicos y contribuir al fortalecimiento de la gestión pública en un momento crítico.
Así, a partir de un conocimiento claro de las facultades y fortalezas, incluso limitaciones, de cada organización, así como de los riesgos derivados de la pandemia y las medidas adoptadas para hacerle frente, cada EFS se dio a la tarea de generar las condiciones necesarias para fiscalizar a distancia, acelerando sus procesos de digitalización, y utilizar de manera creativa y resiliente todas sus atribuciones y capacidades para brindar resultados y contribuir a mejorar la respuesta gubernamental a la emergencia sanitaria en un momento de gran expectativa social.
En cuestión de unas cuantas semanas, a través de video conferencias y la preparación y aplicación de Planes de Acción, las EFS de América Latina y el Caribe retomamos nuestra agenda de colaboración y cooperación, compartiendo sus conocimientos y experiencias, con el propósito de fortalecer nuestras capacidades.
Ahora que se inicia el proceso de recuperación, la Auditoría Superior de la Federación decidido realizar una serie de encuentros de cooperación interinstitucional para conocer, de primera mano, las mejores prácticas surgidas de la pandemia. En esta primera etapa, convocamos a las EFS de Colombia, Guatemala y Perú.
La Contraloría General de Colombia, nos compartió su experiencia en la utilización de tecnologías de la información aplicadas al control externo, al control preventivo y al control social, así como buenas prácticas para el fortalecimiento de competencias e implementación de conocimientos y la comunicación de informes sociales.
Por su parte, la Contraloría General de Cuentas de la República de Guatemala, expuso el plan estratégico de fiscalización que desarrolló en el marco de la pandemia, gracias al que estableció procedimientos y controles para fiscalizar la emergencia, creó un portal de rendición de cuentas COVID-19 para informar a la ciudadanía sobre la fiscalización del uso y destino de los fondos asignados a la emergencia, acompañado de un tablero de información estadística y creó un sistema informático para auditar a distancia y una aplicación de denuncia ciudadana.
En tanto, la Contraloría General de la República del Perú, líder en la utilización del control simultáneo o concurrente en nuestra región, explicó cómo aplicó su modelo de control concurrente durante la pandemia, enfocándose en las políticas públicas dirigidas a la contención del COVID-19 así como a las políticas de reactivación económica; lo que le permitió evaluar, entre otros programas, la compra y distribución de dispositivos informáticos para las escuelas y el proceso de vacunación.
La fiscalización superior no es una tarea sencilla, es una labor que demanda una profesionalización y actualización constante para desarrollar y fortalecer las capacidades humanas e institucionales para generar información y evaluaciones objetivas e independientes que contribuyan al manejo adecuado y responsable de los recursos públicos y a la buena gobernanza y, con ello, marcar la diferencia en la vida de la ciudadanía, especialmente en situaciones críticas.