Diputados de la XVII Legislatura preparan para el período extraordinario modificaciones a la Ley de Movilidad del Estado de Quintana Roo para reconocer la figura de los mototaxis, motodiligencierios y carritos de golf turísticos, “legalizando” su operación en la entidad.
La reforma a los artículos 5, 25, 65 y 87 establecen que los mototaxistas podrán brindar el servicio de transporte de pasajeros siempre y cuando obtengan un permiso por parte del Instituto de Movilidad, además de que su labor de trabajo estará limitada a las “vías terciarias” de las ciudades y poblados.
Mientras que el artículo 125 puntualiza que los permisionarios de este tipo de transporte deberán cumplir con el pago que el Instituto de Movilidad decida, de acuerdo a los estudios de factibilidad que se realicen sobre el tema.
Esto significa que los más de siete mil 800 motodiligencieros que operan en la entidad deberán pagar cada año el refrendo para poder operar en el Estado, al igual que los tres mil 700 mototaxis.
Vale recordar que el año pasado, la anterior directiva del Imoveqroo planteó el cobro de mil pesos anuales por este permiso, aunque al final la propuesta se desechó por presión de los gremios de este rubro.
La ley de esta manera les arrebató a los Ayuntamientos la facultad que hasta ahora tenían de entregar permisos “provisionales” a este tipo de unidades.
El argumento de esta necesidad de contar con un permiso se debe a la creación de un padrón estatal, en el cual estará especificado el propietario del vehículo que presta el servicio, el tipo de unidad y el lugar donde labora.
Cabe destacar que la Ley sentencia que no se permitirán modificaciones ni a las unidades de mototaxi ni de motodiligencieros, ni para añadir un mayor número de ocupantes en el caso de los primeros, o para generar ruido excesivo en el caso de los segundos.
Otro cambio al artículo 185 faculta a las corporaciones de Seguridad Pública a participar en los operativos de regulación del servicio de transporte público en el Estado, con la posibilidad de aplicar sanciones en contra de los concesionarios y permisionarios.