El minotauro
Por Nicolás Durán de la Sierra
Los últimos días, sin duda, han sido aciagos para Oscar Montes de Oca, el fiscal general del Estado.
El rumor de que había sido echado de su cargo, aunque infundado, no sólo generó muestras festivas entre la clase política estatal, lo que de sí resulta molesto, sino también dio paso a un listado de sus posibles sucesores, como si se le dijera: ¡estamos listos para tu salida!
No obstante, el pasado lunes, cuando se esperaba al fin su formal dimisión, el aún fiscal estatal, dijo con soltura ‘aquí sigo’: el anticlímax.
Su soltura debió ser fingida, ya que tantas expresiones de desamor hacia él, por decir lo menos, hieren hasta la piel más dura. En este gobierno se le tiene como una carga heredada de Carlos Joaquín González, el exgobernador que lo pusiera en el cargo.
Pero no se crea que la ojeriza a este fiscal viene sólo de ser una imposición transexenal; nada de eso, pues su gestión misma ha sido una suma de omisiones y pifias que han afectado y afectan a la trama social del Estado. Como ejemplo, baste decir que hasta el momento hay unos 40 mil expedientes judiciales rezagados y nada hace suponer que ello vaya a corregirse pronto.
También se le acusa de solapar fraudes inmobiliarios y de fingir la búsqueda de desaparecidos, y en fin, de ser responsable, en buena medida, de la violencia que priva en Quintana Roo. Por cierto, el percance recién sufrido en Chetumal por el titular del tribunal electoral, no fue un secuestro exprés sino sólo “un asalto que salió mal” (¿?) según la secretaria de gobierno. Tranquiliza saberlo.
En cierta ocasión, el exgobernador Miguel Borge Martín, un sabio político, al referirse a la permanencia de los otrora procuradores de justicia estatales, dijo que no podían ejercer el cargo más allá de un par de años, ya que se desgastan o se corrompen. El actual fiscal lleva ya cuatro años y medio en el puesto, está a la mitad de su encargo y los resultados saltan a la vista.
La opereta en que devino el supuesto despido del fiscal Montes de Oca tiene, sin embargo, aspectos positivos: se exhibió su pobre desempeño en el ámbito nacional y, de facto, se evidenció la urgencia para que la Legislatura estatal revoque el tinglado de leyes que permiten que un fiscal permanezca en el cargo nueve años. Un absurdo desde cualquier punto de vista.