Signos
Cuánta agua podrida que antes se iba al resumidero de la ignorancia y la impunidad se está desviando ahora a la opinión pública (uno de cuyos sectores, si bien muy minoritario, intenta inútilmente purificarla) desde los estanques del Poder Judicial y desde que la reforma a ese Poder abrió el fuego de la información y de la contundente certeza de la aprobación parlamentaria de dicha iniciativa tras los comicios generales y presidenciales del dos de junio ganados también de manera rotunda por la alianza partidista presidencial y a lomo de la popularidad aplastante y electoral del Presidente que se va.
Sobran las evidencias de una corrupción judicial siempre intuida pero del mismo modo siempre inexplicada y desconocida para las grandes mayorías sociales y merced a una opinión pública antes siempre mediatizada por las poderosas y convenencieras coberturas informativas y editoriales de los imperios empresariales de la comunicación social, ahora también muy exhibidos y depreciados (tanto que sus más famosos e influyentes cañoneros periodísticos e intelectuales antiobradoristas han sido despedidos de los consorcios audiovisuales como un desperdicio de ingresos que han significado al tenor de la incontenible pérdida de audiencias, de mercado y de financiamientos públicos caídos bajo el peso de la austeridad presidencial, del recalcitrante y fracasado oposicionismo de dicho sector empresarial al régimen, y de la exitosa alternativa obradorista para prescindir de los medios privados tradicionales, cuyo distanciamiento nunca antes ocurrido los tiene al borde mismo de la quiebra, si además, y a pesar de la protección de la Corte, algunos de sus propietarios son exhibidos como delincuentes fiscales y exigidos de pagar los impuestos que siempre han evadido gracias a su complicidad con los poderes políticos precedentes).
Ahora queda esperar si la reforma judicial, con Jueces y Magistrados y Ministros pasados por procesos electorales directos, será instrumentada en sus leyes y reglamentaciones secundarias para que en realidad limpie la cochambre del Poder Judicial y se haga una mejor Justicia. Y que se limpie también, la esa sí de sobra conocida y padecida rufiandad y criminalidad de la más diversa y ofensiva e impune violación del derecho y del ‘debido proceso’ que ocurre en Policías, Fiscalías y toda suerte de penitenciarías gobernadas por la delincuencia, y en cuyas aguas negras de la ineptitud institucional y la sociedad de los presuntos defensores de la ley con los malhechores, justifican las propias buena parte de los Jueces, los Magistrados y los Ministros.
Pero una buena reforma en las Fiscalías, por ejemplo, no pasaría nunca por extender los periodos constitucionales de sus responsables. Porque si, como consideran el Presidente de la República y su sucesora electa, sus propios periodos de gestión de seis años son suficientes para cumplir la encomienda superior para la que fueron electos, ¿por qué los demás de menor envergadura deberían superarlos y aun duplicarlos? ¿Y a partir de qué argumentos los mandatarios de niveles republicanos estatales y municipales, y más que nada de su propia causa partidaria y militante, pueden asumir lo contrario y contravenir ese principio ideológico que si bien no es reeleccionista sí postula prolongadas e injustificadas permanencias en cargos inferiores, como el de Fiscal, del doble de los mandatos gubernamentales y presidenciales, justo cuando lo que pretenden proyectos de reforma como la judicial y la electoral -por ahora en pausa, a la espera de que se desahogue la estridencia de la reforma judicial- es la erradicación de vicios e impunidades en buena medida incubadas por la perpetuidad en el poder?
¿En realidad ha sido una gran idea promover desde el Ejecutivo estatal y con la complicidad de un Legislativo a su merced la permanencia del Fiscal General del Estado por doce años?; un Fiscal, por lo demás, con un expediente retorcido en sus pasadas andanzas chiapanecas y poblanas y con excolaboradores de toda su confianza que fueron echados de su entorno en fechas muy recientes -por lo menos uno de ellos y de mando tan superior como el de jefe de Investigación Criminal- por su potencial vínculo con el ‘narco’.
El Fiscal es chiapaneco y del grupo de mayor poder político en la entidad, el del Niño Verde y del chiapaneco Senador del Partido Verde que gobernó en su entidad natal, Chiapas, Manuel Velasco. Y el Partido Verde es un partido de todo género de delincuentes políticos que medran ahora más que nunca en el país a la vera de su sociedad con el partido presidencial e imponen sus condiciones en Quintana Roo, donde gracias a las complicidades políticas y policiales la criminalidad y la impunidad se despliegan sin controles de ninguna especie, entre la ingobernabilidad y la corrupción, únicas variables para explicar la peste del delito.
¿De modo que cómo habría de explicarse esta reforma estatal de ampliación a doce años del titular de la Fiscalía que de ninguna manera sería bien vista por los antirreeleccionistas y enemigos de la longevidad en los cargos públicos, Andrés Manuel y Claudia Sheinbaum? ¿Es una reforma en favor de la justicia o de la impunidad, entendiendo lo que han obrado los verdes y lo que han significado en la vida de Quintana Roo, más acá o más allá de aquel crimen, nunca investigado por el entonces Gobierno del ahora preso Roberto Borge Angulo, de las extranjeras muertas durante una fiesta en un departamento de Jorge Emilio González Martínez, en Cancún?
SM