Signos
Ay democracia necia esta, la nuestra…
Cruzan el arbitrario firmamento público sentencias y conjuros de Jueces de toda laya que invocan la Constitución y ordenan encarcelar a la mismísima Presidenta de la República por desacatar, según ellos, la letra constitucional y publicar en el Diario Oficial de la Federación la reforma al Poder Judicial federal según lo estipula la Constitución General de la República como disposición irrevocable del Poder Constituyente nacional, y la Presidenta de la República se burla de esa sentencia judicial en contra suya, que ordena su formal prisión, y lo hace la Presidenta desde el fundamento de que ninguna autoridad, de ninguno de los tres Poderes de la Unión, puede desobedecer un mandato del Constituyente, como el de la reforma judicial, al tiempo en que más Jueces y Magistrados y Ministros rechazan y confrontan el ordenamiento constitucional de no rebelarse contra lo dispuesto por el Constituyente, y, a modo también de burla y de fáctico Constituyente por cuenta propia se pronuncian por desconocer la reforma judicial ya promulgada por el Ejecutivo sobre lo ordenado por ese Constituyente insustituible, y pese a violentar el mandato constitucional y ser merecedores de los juicios políticos procedentes que determina para ellos la Constitución y que podrían desaforarlos para ponerlos, asimismo, contra la formal prisión, pese a todo, tampoco son llevados a esos tribunales parlamentarios representativos de la voluntad popular que, según la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos, es donde reside la soberanía superior de la nación.
Y entonces la justicia constitucional es aquella donde nadie sabe y nadie supo por qué diablos unos Poderes que según otros no cumplen lo que la Constitución les ordena no tienen poder o valor para ajusticiar a los violadores de la Constitución. Claro que no hay ninguna crisis constitucional. Lo que hay son Poderes constitucionales que dirimen sus conflictos a gritos y sombrerazos en la opinión pública porque o no tienen poder real o no lo saben o no lo quieren hacer valer como la Constitución manda o no tienen la legitimidad representativa que dicen tener.
¿Acaso ocho Ministros de la Corte tendrían la facultad de hacer cumplir, en nombre de la soberanía popular o de una mayoría de más de treinta millones de votantes que más bien se opone a ellos y a través de las fracciones parlamentarias calificadas ha decidido que dejen de serlo y se vayan del Poder Judicial, acaso tendrían la facultad de hacer, pues, esos ocho Ministros de la Corte, que los modos constitucionales de la Justicia los deciden ellos y no el Constituyente, y que la Presidenta de la República es, por promulgar y publicar en el Diario Oficial de la Federación una reforma constitucional legislada y aprobada por ese dicho supremo Poder Constituyente sin la autorización de esos ocho Ministros de la Corte, una usurpadora y una delincuente federal que debería pagar sus delitos tras las rejas, y acaso no deben, los tribunales populares del poder parlamentario y en nombre del Constituyente, llevar a juicio político a esos Ministros violadores del constitucionalismo y desaforarlos y encarcelarlos si sus crímenes alcanzan para eso?
Sí, sí. Claro. Mejor llevar las cosas por la vía política y del altercado palabrero que por la de la Justicia pura y dura. Al grupo en el poder del Estado no ha de favorecerlo en nada una reprimenda constitucional contra la élite en desgracia del Poder Judicial y por la que habría de granjearse, más bien, la condena de tiránico y represor por más legitimidad y popularidad que tenga. Y la cúpula judicial, ya en retirada, sabe de sobra que lo único que tiene de su lado ahora es una retórica de ficción constitucionalista con la que ya no engaña a nadie en una opinión pública que, por fin y en medio de la guerra declarativa, en algo ha abierto las entendederas a ese bastión antes blindado tras las abstracciones y los retruécanos de la defensa soberanista de la Constitución, y unos aliados de pacotilla y de la más cavernaria estirpe democrática cual el exPresidente Zedillo, y cuya resistencia es inútil por demás: por cuanto su corrupta trayectoria los exhibe y por cuanto queda claro que su exigencia de ‘Poder Constituyente’, bajo la toga de ocho tristes Ministros cómplices del priista dirigente Alito, es de la misma catadura de ese, su carnal Alito.
Cierto: por más que se intente formalizar el mejor de los sistemas de elección de Jueces, Magistrados y Ministros, la politización y la partidización de sus perfiles y de la investidura de los ganadores, como parte esencial de la reforma judicial, no podrá contra el estigma de que fue un exceso obradorista, cifrado en el absolutismo carismático de su liderazgo, para escarmentar a una Corte altanera y arbitraria que tanto se empeñó en torpedear el mandato presidencial morenista, hasta los extremos de favorecer la mayor impunidad del crimen, del ‘narco’ al fiscal, sin creer que merced a esa empecinada y necia guerra de Poderes terminarían en esta condición estéril de defensores falaces de lo indefendible.
No se trata, pues, de una guerra constitucional sino de una sorda guerra política entre los ganadores de todo y el último reducto de los perdedores de la oposición. No hay Constituyente en la Corte, por supuesto, y ese empecinado alegato de ‘los ocho’ de que sí, de que lo hay, es lo que más exhibe lo evidente de su distorsionada y fracasada causa. El problema aquí no es si tienen o no tienen razón esos ocho. Sino que, por perdidos y en retirada que estén, nada mal les viene que en el mundo se propague la especie de que México padece una grave crisis constitucional, con todas las repercusiones posibles que eso entrañe en detrimento del grupo de poder que los está echando a ellos de los vastos privilegios que creyeron perpetuos dentro del sistema de Justicia del Estado mexicano; un desplante final contra el obradorismo triunfante. Un último golpe de propaganda en el duelo que perdieron por paliza contra su acérrimo enemigo: el obradorismo.
SM