La última palabra
Por Jorge A. Martínez Lugo
El Partido Acción Nacional ya tiene dueño. Eligió a Jorge Romero Herrera –con todo y su desprestigio–, en medio de su más profunda crisis, después de haber gobernado el país durante dos sexenios (2000-2012) y hasta 12 gubernaturas cuando Marko Cortés llegó a la presidencia de la mano de Ricardo Anaya, a quien por algo, le dicen “canallín”.
Sigue siendo el partido de oposición más importante en México. Sin embargo, el proceso fue en un contexto de máximo control del padrón electoral y de la estructura de los comités estatales, al servicio de la campaña del candidato “oficial”, mientras que Adriana Dávila ni siquiera pudo utilizar las oficinas panistas, teniendo que realizar sus reuniones y ruedas de prensa en cafés y diversos lugares públicos, además, estuvo excluida de los servicios de comunicación de su partido, en contraste con la atención colmada que recibió Romero.
En Quintana Roo van por el mismo rumbo. Ni siquiera dejaron que se inscribiera Susana Martínez, quien buscaba participar en la renovación del partido. Además, están a punto de culminar la expulsión de militantes y dirigentes emblemáticos, como Alicia Ricalde, entre otros.
Tan pronto concluyó la jornada electoral del pasado 10 de noviembre, la presidenta estatal en Quintana Roo, diputada plurinominal Reyna Tamayo, anunció que va por la reelección, ya ganada de antemano por los servicios prestados a la campaña ganadora; así sin el menor rubor.
Con este proceso, el PAN se consolida como una franquicia; comienza su etapa como PAN, S.A. de C.V. Al servicio del grupo que lo mantiene secuestrado, excluyendo a otros grupos opositores internos y nulificando la vida democrática partidista.
La característica de un partido político es buscar y mantener el poder, pero el PAN, igual que hasta hoy su aliado PRI, ya no buscan el poder, sino usufructuar el registro y “administrar” posiciones legislativas, cargos estatales y municipales y las prerrogativas económicas que en este 2024 son de casi dos mil millones de pesos al PAN, 1,904.7 mdp para ser precisos.
Esta cantidad es cuantiosa, sin embargo, desmerece en comparación de los negocios que los dirigentes hacen al amparo del poder, como es el caso del “cártel inmobiliario” panista que encabezan precisamente Jorge Romero y Marko Cortés.
El PRD, ejemplo reciente, igual estuvo secuestrado por el grupo de “Los Chuchos” hasta que el último de ellos, Chucho Zambrano, lo sepultó en estas elecciones pasadas. El PRI va por el mismo camino de la mano de “Alito” Moreno Cárdenas.
Hay una verdadera crisis de los partidos políticos en México, que también alcanza a Movimiento Ciudadano que solo ha tenido un dirigente desde que fue creado: Dante Delgado.
Del PT ni qué decir, sólo vive con asistencia artificial del morenismo, que lo usa para colocar candidaturas morenistas-verdes y tener “sobre-representación” legislativa federal y estatales.
En este momento, el PAN sólo tiene 277 mil 665 personas afiliadas, superando apenas el mínimo requerido para conservar su registro como partido político que es del 0.26 por ciento del Padrón Electoral Federal, equivalente a 246 mil 270 personas, de acuerdo con el Instituto Nacional Electoral (INE).
En contraste, Morena tiene dos millones 322 mil militantes, el PRI un millón 411 mil. Movimiento Ciudadano tiene más afiliados que el PAN, con 384 mil.
En estas elecciones internas del PAN, votó solamente el 40% del padrón, mientras que el promedio histórico era de 60%, otro síntoma de la descomposición blanquiazul.
El problema para nuestra enclenque democracia, es que los partidos perdedores no digieren las derrotas (ni quieren hacerlo), pero los ganadores tampoco superan las victorias y, ambos, se entregan al ejercicio del poder sin transparencia ni contrapesos. Así es esto de la democracia mexicana y quintanarroense, mientras usted tiene la última palabra.