CHETUMAL.- El ex presidente municipal de Othón P. Blanco, Otoniel Segovia, no consiguió un amparo para evitar la ejecución de una probable orden de aprehensión en su contra por el delito de desempeño irregular de la función pública.
A Segovia Martínez, junto con otras cinco personas, se le atribuye una posible responsabilidad en un desfalco de 8 millones de pesos, según denuncias ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Quintana Roo.
El exmunícipe solicitó la protección de la Unión contra una orden de captura dictada por un juez de Control y Tribunal de Juicio Oral del Distrito Judicial de Chetumal, el 30 de agosto del año pasado.
El amparo se radicó con el número 36511475 del Juzgado Primero de Distrito, cuyo titular David Pacheco resolvió sobreseer el caso, con lo que la solicitud quedó en el mismo estado que comenzó, el pasado 31 de enero.
En el juicio se concedió una suspensión provisional el 30 octubre pasado, para que no fuera privado de su libertad, aunque quedaría a cargo del juzgado federal, sin afectar la continuación del procedimiento.
En la resolución se mencionó que para evitar que el exfuncionario evadiera la acción de la justicia, se le impuso no ausentarse de su lugar de residencia a menos que tuviera permiso del juzgado, sin que se descartara la vigilancia de la policía hasta que se notificara la suspensión definitiva.
Igualmente, se le fijó el pago de una garantía económica de 4 mil pesos, de la cual pidió una prórroga para exhibirla cuando ya habían pasado casi 15 días.
Cuando se le negó la suspensión definitiva, respecto a las autoridades locales (21 de noviembre) y después foráneas (6 enero), se informó al juzgado que diversas oficinas no contaban con ningún mandamiento judicial.
Otoniel Segovia fue señalado por la exsecretaria general del Ayuntamiento, Alejandra del Ángel Carmona, ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Quintana Roo, en 2023.
Se le atribuye el incumplimiento de la entrega de retenciones del Impuesto Sobre la Renta al Servicio de Administración Tributaria y el pago de cuotas del Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
Igualmente, de la comercialización de 40 predios valuados de 200 a 250 mil pesos cada uno, que se remataron de cinco a 15 mil pesos, en la cercanía de Calderitas, según informó la actual presidenta municipal.
Otra querella tiene que ver por supuestos cobros de mil pesos a cada vecino por la regularización de predios en la colonia Antorchistas Eccosur, cuyos recursos no se reportaron a las arcas municipales, y por obras públicas fantasmas.
Fuente: Luces del Siglo