Gertz Manero y la verdad de Perogrullo: la autoridad sabía de la barbarie

Signos

Pero es que una autoridad pública, del tamaño que sea, es una autoridad. Y si se llega a ella con miedo, pues quien lo hace no representa los intereses populares ni tiene legitimidad ni puede tener el interés de defender su responsabilidad constitucional, y sus motivos serán contrarios a los de los pueblos en cuyo nombre se asume esa investidura del Estado nacional al que se pertenece; su objetivo superior será, entonces, el de lucrar con la posición, lo que se llama ser corrupto, impostor y traidor a la sociedad a la que se jura servir.

Porque a menudo se afirma que la autoridad de las pequeñas comunidades donde despliegan algunas de sus actividades e imponen su ley y su crueldad las bandas criminales del narcoterror y de negocios asociados no tienen más remedio, en su abandono y su debilidad, que someterse a sus implacables fueros. Porque no hay fuerza propia y no se tienen buenas relaciones políticas con las autoridades superiores y, peor, si son de bandos políticos contrarios, etcétera. Y que los extorsionados, o las víctimas, o los vecinos que saben quiénes son los victimarios y los grupos homicidas de los que forman parte y sus jefes en un entorno o en otro, en este territorio o en aquel, optan por callar por miedo a las represalias y porque entienden que la violencia no tiene piedad contra los delatores y los suyos, y por eso lo que muchos saben y se callan no llega a quienes tienen el poder de hacer frente a las organizaciones criminales que se imponen, por eso y con entera impunidad, en poblaciones rurales y urbanas donde van dominando sectores económicos y patrimoniales cada vez más diversos y más grandes, y decisiones políticas y policiales y jurisdiccionales cada vez más importantes, y que por eso el narcoterror y sus feudos regionales se tornan intocables e invencibles.

¡Nada más falso!

¿Hoy empieza a saberse apenas que lo que saben los vecinos o las víctimas o las autoridades menores de ciertos territorios lo saben, asimismo, las autoridades mayores de sus Municipios, sus Estados y de la Federación entera?

Y donde más grande es el acontecer de sus operaciones y más sonoras sus disputas y frecuentes y convencionales sus represalias, sus ejecuciones, sus imposiciones, los sometimientos y condicionamientos a sus conveniencias y a sus órdenes y alineamientos hasta de las formas de la convivencia, del comportamiento de empleados públicos y privados, de dueños de negocios, de familias, de gente de la calle, de responsables políticos y de responsables de la seguridad y de hacer justicia, en esos ámbitos no hay modo de no saber que los Gobernadores y los Legisladores estatales y los Fiscales y los personajes de los sistemas de Seguridad y de Justicia, y que los Senadores y los Diputados Federales de las entidades donde ocurre todo eso que cualquiera sabe, no hay modo de no saber a ciencia cierta que lo saben mejor que nadie.

Dice ahora el iluminado Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, que es imposible que la autoridades locales del Estado de Jalisco no supieran lo que pasaba con las carnicerías humanas y los clandestinos entierros masivos descubiertos en una finca rural de Teuchitlán, Jalisco, y que ha puesto manos a la obra para atraer el caso al nivel federal e investigar a fondo a las autoridades que bien debieron o deben saber del mismo y no lo procesaron y del que hoy se sabe gracias a un colectivo civil de búsqueda que lo dio a conocer.

¿No sabe Gertz y el Gobierno de la República y la Presidenta Claudia Sheinbaum que esa complicidad de los Gobiernos y de todas las autoridades locales con el narcoterror es un modo de ser, una cultura, un ejercicio corriente en todo el país y sobre todo donde más ejerce el crimen organizado su poder y lo impone a la estructura institucional completa de Gobierno, de Seguridad Pública, de Fiscalías y Poderes Legislativos y Judiciales?

¿No han sabido las autoridades tamaulipecas de todas las atrocidades de los cárteles en su entidad? ¿Pararon las masacres tras la mortandad de más de setenta inmigrantes en San Fernando? ¿No es complicidad de las autoridades de Coahuila que nunca se haya imputado a sus autores reales la muerte de cientos de inocentes en la localidad de Allende a manos de Los Zetas?

¿Hoy se entiende, apenas, que ahí donde la barbarie criminal se multiplica es porque la autoridad la ampara o la patrocina? ¿Hoy empieza a saberse apenas que lo que saben los vecinos o las víctimas o las autoridades menores de ciertos territorios no lo saben las autoridades mayores de sus Municipios, sus Estados y de la Federación entera?

¿Hoy empieza a saberse apenas que es esa corrupción absoluta y esa complicidad del Estado con el narcoterror la madre de la inseguridad, la violencia y la criminalidad que se imponen en el país, y que mientras no se acabe con ella (con la narcopolítica y las narcoautoridades de todos los niveles republicanos) no habrá paz social, Estado de derecho y eso que se llama convivencia democrática y civilizada en México?

SM

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