CANCÚN.- El juez octavo de Distrito con sede en esta ciudad, Mario Fernando Gallegos León, negó un amparo a la empresa Aguakan, por lo que declaró legal el retiro anticipado de la concesión del suministro del líquido potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales en los municipios de Benito Juárez, Playa del Carmen, Isla Mujeres y Puerto Morelos.
No obstante, la concesionaria tiene 10 días hábiles para presentar un recurso de revisión sobre la sentencia dictada, ante las instancias correspondientes como sería el Tribunal Colegiado de Circuito, o la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El Juzgado Octavo de Distrito resolvió el juicio de amparo 1323/2023-VIII, promovido por la concesionaria en contra del Poder Legislativo, el Ejecutivo, los cuatro municipios involucrados y la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado, por la decisión de la 18 Legislatura de retirar de manera anticipada la prolongación de la concesión hasta el año 2053, aprobada por la 14 Legislatura, durante el sexenio del ex gobernador priísta Roberto Borge Angulo, hoy preso en un penal de alta seguridad.
Además, se señalaron violaciones al derecho a un medio ambiente sano por derrames de aguas negras, al tener esta empresa también la obligación de modernizar la red de drenaje.
En 1993, durante los sexenios estatal y federal de los príistas Mario Villanueva Madrid y Carlos Salinas de Gortari, la Legislatura otorgó la concesión de los mencionados servicios a la empresa Grupo Mexicano de Desarrollo, mejor conocida como Aguakan, por un espacio de 30 años, mismos que vencían en el 2023. No obstante, nueve años antes de culminar su periodo, la Legislatura en turno autorizó una prórroga a la concesión, para vencer, en una nueva fecha, hasta 2050.
Este ha sido uno de los actos más turbios dentro de la administración pública en Quintana Roo, que incluyó la entrega de más de mil millones de pesos en garantías de parte de la empresa a dependencias estatales, dinero que se ignora dónde quedó.
Por esta entrega irregular, el año pasado el gobierno quintanarroense presentó una denuncia penal por lavado de dinero contra socios y directivos de la empresa.