Tiene razón Diego Valadés: la nueva Justicia es un polvorín

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Signos

Por ahora, las nuevas autoridades judiciales serán fieles a los poderes políticos hegemónicos que movilizaron al precario número de incondicionales que sufragaron para instalarlas en la cúpulas federales y estatales de la Justicia.

Pero con la legitimidad popular otorgada por tal artificio electorero y su puñado de votos militantes -contra el descomunal abstencionismo de casi el noventa por ciento sumado a la cantidad de sufragios destruidos y negados en las urnas-, esas autoridades se apartarán del clientelismo político actual (y temporal) y formarán su propio núcleo (o cártel) de poder.

Y en tanto son personalidades más políticas que juzgadoras, serán menos competentes en lo jurisdiccional que las anteriores, más propensas al uso político y faccioso de la ley y, por tanto, más promotoras de la acumulación de los llamados rezagos litigiosos, de sentencias equívocas, y de una impunidad procesal que, si ahora mismo alcanza casi el cien por ciento, será una patología tan incurable como la ingobernabilidad consecuente que impregnaría la vida institucional y social completa.

El sistema de Justicia podría padecer ese colapso y contagiarlo hacia todas las latitudes de la vida pública, empresarial, privada, donde tiene presencia inevitable.

A la ineptitud derivada de una ‘democratización’ ajena a la ética y a lo que debe ser una carrera meritoria de los juzgadores en los tribunales, por ejemplo, se sumarían la corrupción, la incompetencia técnica y la irresponsabilidad burocrática casi absolutas, la angostura presupuestaria y salarial (que multiplica el abandono de expedientes y casos ministeriales) y la inoperancia generalizada, en fin, que priva en las Fiscalías, sobre todo en las locales y subordinadas a los intereses de los Gobernadores y a la delincuencia política asociada al crimen organizado.

Dos principios serían refractarios con la democratización judicial.

Primero:

A diferencia de las autoridades que se van de esa compleja y vasta estructura republicana, las que llegan en su lugar no se irán como ellas sólo desde las decisiones presidenciales y legislativas convocantes de otra ‘elección popular’ a modo. Los nuevos juzgadores son bastante más legítimos e insustituibles que cualquier legislador de la ‘Representación Proporcional’, por lo menos, que sólo son nombrados por sus dirigencias partidistas. Lo son tanto como cualquier otro parlamentario y como los jefes mismos del Estado según sus niveles nacionales y locales. De modo que cuando se enfrenten al Ejecutivo o al Legislativo serán una fuerza política y constitucional mucho más poderosa e invulnerable que la que fracasó contra la fuerza carismática hegemónica de Andrés Manuel. Serían una fuerza tan resistente en lo político como frágil en lo esencial: la impartición de justicia, el combate a la impunidad, y el cumplimiento de la legalidad como garantía de la seguridad, la paz social y la confianza en las instituciones.

Segundo:

Cuando la corrosión obradorista de las afiliaciones basura -como las que opera Andy, el hijo del caudillo de la regeneración moral- y el peso complementario de la delincuencia política -como la que gobierna en las Entidades Federativas y es cada día más observada por Washington- y las disputas crecientes entre los liderazgos perversos -que se crecen ante la pasividad claudista que no tiene respuestas ni frente a los retos del vandalismo magisterial- acaben con la herencia de sólida unidad cuatroteísta del papá de Andy, entonces la sólida unidad política cuatroteísta del Poder Judicial también habría de cuartearse y fragmentarse. Y en la debilidad suprema del poder político y de la Justicia, la anarquía y el crimen enseñarán los dientes como nunca antes. Y los Jueces penales, por ejemplo, no podrían enajenar su nuevo sedentarismo y su largo tiempo en él ante la inmovilidad territorial que ahora los condiciona. Y los sicarios tomarían las notas pertinentes al respecto y los jefes criminales y sus socios políticos locales acaso los pondrían entre la espada y la pared: el amparo o la vida, como advierte el constitucionalista emérito Diego Valadés. 

SM

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