Signos
Los vividores de la política o los seres dedicados a ella, para bien o para mal de los demás, saben bien que del mismo modo que puede colmarlos el éxito y el aplauso son objetos naturales del vituperio, la satanización, la infamia y las acusaciones verdaderas y falsas de críticos, detractores y víctimas de su quehacer y sus victorias en la vida pública, porque sus decisiones en ella oscilan entre partidarios y adversarios, y afectan a grupos humanos a los que mienten o defienden o defraudan o dañan, y de cuya credibilidad depende en buena medida su particular beneficio.
Esa gente, para transmitir sus falsas, verdaderas o relativas razones de valor en torno a sus posiciones, dispone de medios de información, de opinión y comunicación social de la mayor cobertura y con los que no cuenta el común de los individuos, donde, la historia los refiere sin lugar a dudas, se imponen los intereses políticos y económicos dominantes, sea en las llamadas democracias liberales o en los regímenes de partido político o religioso o liderazgo único.
La cuestión es:
En los pueblos, más o menos civilizados, de regímenes no totalitarios y de Estados liberales e instituciones políticas pluralistas, los personajes que viven de la representación de los intereses populares y de las aportaciones fiscales correspondientes y tienen a su disposición, oficialistas y opositores, los medios de comunicación social más influyentes para defender sus intereses -los que requieren la expresión mediática- y para defenderse de sus enemigos políticos y de los ataques de los profesionales de la opinión pública, ¿requieren, tales sujetos, de recursos constitucionales alternativos, diferentes a los de todo ciudadano, como los de las leyes y los tribunales electorales, para confrontar infundios, insultos y agresiones vertidas en todo tipo de contenidos verbales, audiovisuales y de propaganda considerados por ellos como superiores a su propia capacidad de respuesta y deben, por tanto, consignarse y castigarse como delitos distintos a los del fuero común y dentro de las leyes que debe hacer cumplir la autoridad jurisdiccional para la generalidad de las personas?
Claro, sus familias pueden estar más expuestas a los riesgos que entraña el protagonismo del poder político. Pero esa condición es tan elegible como la vocación para la maldad o el servicio desde la investidura representativa.
El caso son los delitos relativos a las ofensas propias de la diatriba y los activismos de la propaganda contenidos en legislaciones usadas más como la propaganda misma en contra de los adversarios con los que se pelean las posiciones representativas del Estado y en defensa de causas utilitarias y particulares por lo regular reñidas con el interés popular y con el llamado ‘bien general’ que dice defenderse.
¿No son contradictorias y nocivas las legislaciones y la institucionalidad que en favor de la falsa defensa del derecho de todos defienden el dolo y la mezquindad y la simulación artera de los profesionales políticos del engaño, y quienes traicionando su propio derecho constitucional a la libre expresión para defenderse de sus enemigos políticos en todas las tribunas de la opinión pública y la comunicación social de las que disponen para hacerlo -cual personajes de la escena política que son- convierten o intentan convertir en delitos los argumentos críticos propios de la libertad de expresión que más les afectan, y ante cuya incompetencia moral y conceptual optan, en su ilegitimidad, por esa alternativa con que defienden su papel para traficar beneficios en el poder público: el sistema electoral ideado por los defensores de las peores causas representativas, y que lo único que debiera impedir es aquello para lo que está incapacitado: el financiamiento indebido de partidos politicos, candidatos plurinominales y procesos electorales; el legal y el oscuro; el que causa estragos en los presupuestos legales, el que se desvía y roba del erario, y el que aportan a ‘sus candidatos’ los empresarios que esperan ganancias de ellos al llegar al cargo y a los suyos, como representantes propios, el crimen organizado. De lo demás, las infamias políticas, deben ocuparse los personajes de la política, como ocurre en el mundo civilizado desde el principio de los tiempos. ¿O acaso en las guerras políticas de Trump sus enemigos se defienden con escudos legislativos especiales? Las legislaciones y los tribunales contra los infundios políticos, son propios de la chabacanería, la chapucería, la incivilidad y el enanismo político mexicanos.
SM