Signos
Si te están exterminando a granel y a metralla viva, porque la autoridad, empezando por la de los Gobernadores, es inservible y cómplice; porque el crimen es impune, el Estado de derecho es una mera entelequia en una democracia incivil y enana, y el poder político es una piltrafa discursiva y electorera de payasos vociferantes que se proclaman defensores de credos ideológicos, ¿debes atenerte a la justicia izquierdista que proclama y ha proclamado la Presidencia de la República del obradorismo para defenderte; la de atender a las causas y erradicar la pobreza como la única fuente que produce y multiplica a los más desalmados y violentos criminales; la de que, contra las avalanchas sangrientas, se integren con todo rigor, una a una, las debidas ‘averiguaciones previas’ y las ‘carpetas de investigación’ -que se empolvan a montones en las Fiscalías corrompidas por la delincuencia política y organizada- para que se produzcan los juicios correspondientes en los tribunales donde impera la defensa por amenazas o dinero de los muy escasos homicidas de las bandas del narcoterror que llegan hasta los estrados por sólo alguno de los incontables delitos y mortandades con que cargan, y sobre los que esa Presidencia de la República exige respeto al ‘debido proceso’ y consideración a los derechos humanos de los victimarios porque, como decía Andrés Manuel, por despiadados que fueren también son seres humanos?
¿De verdad vale la pena ser militante y febril defensor ideológico cuando la militancia y la ideología se comparten con tanto personaje de la más inmunda catadura disfrazados de santos redentores de la democracia, la libertad, el humanismo y el feminismo?
Porque, como en el caso del combate al narcoterror y al crimen organizado en general, la izquierda presidencial mexicana y gobernante en casi la totalidad del territorio nacional, no ha sido para nada mejor que sus adversarios de la derecha neoliberal, como la calderonista, cuya guerra militar contra el narcoterror y sus cuantiosas bajas de sicarios han sido bandera acusadora y de defensa de la izquierda, cuyo pacifismo satanizador de las campañas militares calderonistas tanto han agradecido las bandas armadas tras sus interminables matazones y guerras por el control territorial del mercado de sus negocios y de las instituciones públicas que deben impedirlos.
Abandonar a su suerte a un combatiente contra el narcoterror con el argumento espurio de optar, como insistía Sheinbaum frente a las reiteradas demandas de auxilio federal del michoacano, por la defensa de los protocolos del Estado de derecho, es todo lo contrario de lo respetable y lo virtuoso.
Carlos Manzo está muerto. Y todo discurso de autojustificación política es insano.
Está muerto porque hay un sistema de Justicia fallido que lo ha matado; que lo ha matado porque genera las condiciones óptimas para que los sicarios maten de manera selectiva; para que maten a los indeseables de los suyos y protejan a sus iguales.
Como cualquier vecino que lo padece, se sabe de sobra que el crimen organizado se ampara en los delincuentes del poder político de los Estados de la República donde más y con mayor impunidad despliega sus influencias y sus operaciones, y donde, del lado opuesto al de la dignidad y el ejemplo del hoy finado munícipe de Uruapan, Michoacán, los gobernantes aliados y sus grupos de interés son los principales generadores de violencia, de ilegalidad, de ingobernabilidad y de atentados contra la paz social y el Estado de derecho que su investidura debiera defender.
Y cuando la Presidenta dice confiar en que su equipo de Seguridad federal se coordina siempre con las autoridades estatales para combatir a los criminales, parece que esa confianza no hace más que garantizar que los criminales encarcelados o eliminados son los chivos expiatorios que hacen el escudo de los peces gordos que están al frente de Fiscalías, Tribunales de Justicia, Legislaturas y Gobiernos convenientes a la causa de la regeneración moral y a la alternativa ‘progresista’ del ‘combate al ‘narco” del calderonismo neoliberal.
No se advierten causas penales ni carpetas de investigación ni siquiera contra los más visible delincuentes de los distintos niveles de los Poderes republicanos. No hay causa ninguna contra ningún poderoso representante popular (como por obra y gracia de la reforma judicial son todos los miembros de elección de las autoridades llamadas autónomas). “No hay pruebas”, defiende en sus ‘Mañaneras’ la Presidenta. No hay evidencias en contra de ni uno solo de todos ellos.
Parece que más importan los gobernantes estatales y municipales de la delincuencia con los que tan bien se coordina la autoridad federal del sistema de Seguridad para erradicar el crimen organizado, que los que entienden que el tedioso y circular discurso de las averiguaciones previas y las carpetas de investigación que se pierden en los atestados basureros de la corrupción de las Fiscalías y los Tribunales de Justicia son recursos de la impunidad oficial, y que tales artificios de ese Estado de derecho de la complicidad, como a los criminales que se sirven de ellos, deben enfrentarse de manera independiente, por cuenta propia y a costa de la propaganda y de la vida misma.
SM