BACALAR.- La construcción de la casa de descanso de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en el fuerte militar, ubicado a la orilla de la Laguna de Bacalar, en Quintana Roo, dejó daños visibles al medioambiente y a los derechos de la niñez, según lo observado en una inspección judicial que se realizó el 30 de octubre último, en la que se constató la construcción de una alberca a cinco metros de distancia del cuerpo de agua y su nivel, lo que significa que se hicieron excavaciones en la zona.
Otras de las afectaciones que dieron constancia del cambio de uso de suelo que fueron detectadas en esta inspección es que a 30 metros de distancia del cuerpo de agua hay cimientos listos para levantar estructuras. Además, la superficie del inmueble fue rellenada metro y medio de altura con material pétreo.
La supervisión forma parte de las diligencias del amparo 313/2025, que interpusieron 12 mamás y dos papás bacalarenses en representación de 23 menores con apoyo del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP).
“El daño es básicamente el relleno de la zona que es notorio, básicamente están subiendo del nivel de la laguna hacia arriba como metro y medio. Para ello se tiene que realizar una intervención del suelo y sabemos que en la península tienen suelo cárstico y si se realiza un cambio de uso de suelo se requieren evaluaciones del impacto ambiental, no es sólo rellenar así como así”, explicó el abogado Daud Rincón, de la Defensoría Pública Federal, quien acudió a la supervisión de la obra.
En julio, Proceso publicó en su edición impresa que Sedena comenzó con remodelaciones en este inmueble ubicado en la laguna en enero de 2025, pero fue en marzo que la población se percató de lo que ocurría, porque una maquinaria pesada empezó a dragar la laguna. Iniciaron movilizaciones y protestas que eran encabezadas con frases como “No delante del fuerte”.
Ante la presión del pueblo de Bacalar, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) respondió con un comunicado y el 1 de abril publicó en su sitio web que le otorgaron una “exención de la presentación de la Manifestación de Impacto Ambiental”, alegaron que sólo sería una remodelación.
Habitantes de Bacalar y organizaciones interpusieron dos amparos y el tercero fue para proteger los derechos socioculturales y a un medioambiente sano de la niñez. El 12 de mayo el Juzgado Primero de Distrito en el estado de Quintana Roo concedió una suspensión provisional, que al principio ignoró la Sedena.
De acuerdo con la exención de la manifestación de impacto ambiental (MIA) a la que Proceso tuvo acceso, la casa de descanso tendría bar, jacuzzi, alberca, estacionamiento y área de juegos; la inspección judicial confirmó lo antes revelado por este medio de comunicación.
Fuentes cercanas a la Sedena también insistieron en que las fuerzas armadas intentan hacer creer que será un inmueble destinado a soldados con estrés postraumático, por las operaciones contra el narcotráfico en las que participan, la realidad es que sus características apuntan a que serán para vivienda de altos mandos de la región.
La extensión del territorio en el que se construye esta supuesta casa de descanso militar es de 706.11 metros cuadrados.
A la diligencia efectuada el jueves 31 acudió personal de la Sedena, de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, (Semarnat), de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y del gobierno estatal y municipal de Quintana Roo.
En el espacio aún hay maquinaria pesada, como retroexcavadoras y aplanadoras, según lo que se pudo apreciar. Los daños al ecosistema de Bacalar, explicó Daud, no sólo se limitan a lo visible. Se afectó la capacidad de absorción del suelo y el ecosistema de los estromatolitos, piedras en las que aún existen las primeras formas de vida en esta región.
“La Laguna de Bacalar es un ecosistema único que tiene formaciones como estromatolitos y al hacer una obra de esas características sin evaluar el impacto ambiental o respecto al ecosistema de Bacalar, es una irregularidad que no tiene perdón, porque al final se permite a la Sedena construir a sus anchas”, expuso.
“El problema es que el daño ambiental no está identificado, porque la obra fue sujeta indebidamente a una exención por la Semarnat, pese a que hay elementos para afirmar que por sus características y ubicación de la obra debe ser evaluada”, insistió el abogado del IFDP.
Fuente: Proceso